No cabe duda que el elemento gatillador del movimiento social que ha remecido nuestro país en estas semanas es el abuso. Sin duda, para las y los ciudadanos, el listado de actores que generan esta sensación son las AFP, ISAPRES, Farmacias, y un largo etcétera, mayoritariamente en el sector privado. Pero, cuánto ha cooperado nuestra administración pública para generar en tantos esa misma sensación de abuso, ya no de un actor privado, sino de uno público. Sólo recordar el episodio de hace unos meses, donde un ciudadano reclama por la falta de empatía de una funcionaria que prefería tomar desayuno antes que atender. Cuántas veces el abuso se ha generado por pedir un papel que el propio Estado ya posee, o por extender innecesariamente los plazos ante algún requerimiento, o sencillamente por ver como se despilfarran los recursos públicos. El abuso también se da cuando la excesiva politización de nuestra administración pública produce tanto la desvinculación, ante un cambio de signo político en el gobierno de turno, de muchos y muchas que aportan en sus organizaciones, así como también cuando los gobiernos de turno contratan gente sin las capacidades o competencias necesarias para el cargo que van a cumplir. Pero del mismo modo en que las oficinas públicas pueden abusar, existe un tremendo abuso hacia las y los funcionarios públicos, cuando se les exige el cumplimiento de metas u objetivos sin dotarlos de los recursos que necesitan, como ocurre en la salud pública, o cuando jefaturas, muchas veces de paso, tratan de modificar las prácticas y modos de trabajo, por tener el síndrome del “mundo parte conmigo”, que asume que todo lo previo es malo, y lo que él o ella decide es lo correcto.
Un Nuevo Pacto Social en la Administración Pública Chilena se debe traducir en un aparato público estructurado pensando en las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas a las que atiende. Requiere de instituciones públicas con funcionarios y funcionarias comprometidas con su trabajo, y que entiendan que la razón de ser de su actuar debe estar puesto en quienes requieren resolver sus problemas y carencias, y no en ellos mismos. Requiere una articulación adecuada entre el conocimiento propio de la organización, con los lineamientos generales propuestos por quienes son electos a través del proceso democrático. Implica un uso transparente del gasto público, donde cada chileno sepa y entienda por qué y en qué se destinan los recursos que ellas y ellos mismos entregan. El proceso de digitalización que se ha desarrollado en Chile desde ya hace varios años, ayudará mucho en este nuevo modo de relación, pero de nada servirá si no se logra generar una gestión pública sólida, basada en el mérito, transparente, que dé cuenta de la diversidad de nuestro país, sujeta constantemente al escrutinio y la evaluación, y participativa. Esto último evidencia que finalmente la administración pública debe servir para articular las necesidades cotidianas de las y los ciudadanos con los programas de gobierno. La o el funcionario público es un catalizador en esta relación.
Finalmente, esta coyuntura en la que nos encontramos debe llevarnos a plantear preguntas fundamentales respecto del modo en que se estructura el poder ejecutivo, haciéndonos reflexionar respecto de la pertinencia de los ministerios existentes, la necesidad e impacto de algunos programas públicos, la estructura de poder en el nivel subnacional y por cierto, las capacidades, competencias y recursos que deben o deberían poseer los gobiernos locales. La administración pública chilena puede ver en esta coyuntura, un momento único para reformarse a partir de principios de transparencia, eficiencia, empatía y ética del servicio público, para dejar de ser una fuente más de tantos abusos que hemos tenido que sufrir como chilenas y chilenos.
