Los llamados derechos sociales siempre han estado ausentes en nuestro país, pues las élites que nos han gobernado desde el golpe militar en adelante, hasta ahora, todo lo miden en privilegios para ellas mismas apostando que la pasividad de las mayorías sería vitalicia. Pero la casta política, de ambos lados, y el 0,1% del sector privado, verdadero tutor del establishment después de tanto abuso e impunidad, más una corrupción hábilmente tolerada, se equivocaron y por ello vino el justo y necesario estallido de todos aquellos que se cansaron de soportar las inequidades.
Una de las justificadas demandas de la enojada ciudadanía que ha estado marchando en contra de las arbitrariedades y descomposición generalizada, por parte de los que ejercen discrecionalmente los poderes políticos y económicos, se refieren a las menguadas pensiones que reciben los que aportaron una parte de sus sueldos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Está claro que el DL 3.500 que dio inicio en el año 1981 al sistema de capitalización individual para que los afiliados a las AFP jubilen está haciendo agua, tal como lo han dicho con cifras a la vista expertos como Andrés Solimano, Manuel Riesco, Ricardo Hormazabal, Patricio Basso, Andras Uthoff, Gino Lorenzini, Fundación SOL y NO+AFP y otros tantos. Ha quedado de manifiesto que todos los gobiernos, cual más, cual menos, a través de la denominada Superintendencia de Pensiones, han sido cómplices activos para que los únicos ganadores, hasta ahora, hayan sido las compañías de seguros que controlan las AFP.
Los que pierden con este “inteligente” sistema son los trabajadores de ingresos bajos y medios que obligatoriamente tienen que aportar un poco más del 10% de sus reducidos sueldos y los que ganan son, por un lado, los directores de cada una de ellas y, por otro lado, los bancos, las grandes empresas, sobre todo las del retail, como Falabella y Cencosud, productivas como Copec y CMPC, concesionarias de autopistas y otras tantas, las que utilizan en condiciones óptimas los fondos de quienes cotizan en las AFP. Esos dineros les son transferidos como bonos, préstamos y otros instrumentos financieros nacionales y extranjeros y quienes deciden cada operación son los omnipotentes directores de las mismas. Siempre nos ha llamado la atención que en sus directorios brille por su ausencia, al menos, un representante de los aportantes y como las platas son garantizadas por el Estado, es extraño que el interés público no sea custodiado por el Banco Central.
Los tremendos fondos acumulados de los afiliados a las AFP se concentran en papeles de renta fija, mayoritariamente bonos de la Tesorería General de la República y también en bonos de los más importantes bancos, instituciones que con esos dineros otorgan créditos usurarios a sus clientes. Asimismo, las lucrativas AFP invierten en los conocidos y fluctuantes fondos mutuos que, como todos sabemos, no garantizan rentabilidades a quienes los contratan.
Ahora bien, las AFP para calcular las pensiones de aquellos que tienen el capital necesario para pensionarse o bien si sus edades son 65 y 60 años, si son hombres y mujeres, respectivamente, consideran unas tablas de mortalidad que varían cada cierto período de tiempo. Dichas tablas son elaboradas por la Superintendencia de Pensiones (SP), órgano público muy allegado, por no decir comparsa, de las AFP. Las expectativas de vida en Chile son 85 años y 90 años, para hombres y mujeres, respectivamente y el problema se ocasiona con la decisión administrativa de esa SP en orden a que para calcular las pensiones mensuales de aquellos que se acogen al retiro programado se considera una edad de 110 años para ambos sexos, con lo cual se reducen drásticamente tales pensiones.
Conversando con el ingeniero Patricio Basso, en atención a que con fecha diciembre de 2018, los pensionados mayores de 90 años eran solo 9.252, nos manifestó que está haciendo un estudio para proponerle al actual gobierno, como una justa y urgente medida, que se consideren solo los 90 años para calcular las pensiones y que el Estado se haga cargo del pago de las mismas hasta que los pensionados fallezcan. La cifra anterior ha quedado reflejada en el oficio Nº 10439 del 8 de mayo de 2019 suscrito por Osvaldo Macías, titular de la SP, dirigido a la Cámara de Diputados.
Apoyamos esa propuesta porque es de rápida implementación, pues depende exclusivamente de la SP y además porque la consideramos de toda lógica. Este sería un primer paso para tener más adelante una verdadera institucionalidad que vele responsablemente por los más viejos y como los aportes del Estado serán escasos, esperamos que el gobierno de Piñera la apruebe a la brevedad para así beneficiar a compatriotas de la tercera edad que viven con muy pocos recursos monetarios.
