No hay nadie en este país que no esté de acuerdo en que las pensiones son extremadamente bajas. De hecho, al pensionarse las personas reciben, en promedio, menos del 30% de su último sueldo.

Las causas de esta situación están a la vista y son principalmente dos: bajo nivel de cotización y, por otra parte, el método de cálculo de las pensiones, las cuales, en el sistema de retiro programado, se recalculan anualmente considerando un periodo de sobrevida que puede llegar hasta los 110 años para las personas muy longevas. Esta metodología trae como consecuencia, en la práctica, una disminución sistemática de la pensión a medida que el pensionado envejece.

El objeto de esta breve nota es proponer un sistema de tipo determinístico para el cálculo de las pensiones, para reemplazar el sistema actual que usa tablas de mortalidad que se redefinen a medida que la esperanza de vida de los chilenos aumenta, es decir es de tipo probabilístico.

La propuesta se puede resumir en lo siguiente: para cada pensionado por vejez bajo el régimen de retiro programado, recalcular su pensión considerando:

1. Como Capital, su saldo de ahorro previsional a la fecha.
2. Como plazo, la diferencia entre su edad actual y los 85 años.
3. Tasa de un 5% anual.
4. Pagos mensuales iguales en UF.
5. A partir de los 85 años, el pago de la pensión así calculada, será de cargo del Estado.

A modo de ejemplo, una persona, hombre o mujer, que a la fecha tenga 72 años y un ahorro previsional de $ 75 millones, recibiría a partir de ahora una pensión de $ 593.095 mensuales, reajustable en UF, hasta su fallecimiento.

Con certeza, la primera objeción que esta propuesta recibirá, es que el costo para el estado puede ser muy alto.

Ello no es efectivo. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a septiembre de 2018 (no tengo información más actualizada) el número de pensionados mayores a 85 años era de 36.040. Por otra parte, al 31 de septiembre del presente año, el monto promedio de las pensiones por vejez autofinanciadas con retiro programado fue de UF 4,63 es decir $ 129.865. Así, el costo de la propuesta es de US$ 77 millones, que representa menos del 10% del costo de la reintegración tributaria que propone el Gobierno.

Otro reparo, es que dicho costo se incrementará a medida que aumente el número de pensionados mayores de 85 años a causa de la mayor longevidad de la población. Sin embargo, este aumento se dará lentamente y, esperamos, a un ritmo inferior al crecimiento del PIB nacional, lo que le permitiría al estado enfrenta los mayores gastos sin sobresaltos.

Existe sin embargo, otra razón más práctica. Los pensionados no pueden esperar a que se discuta una eventual modificación del sistema de pensiones, y esta propuesta permite aliviar, parcialmente, su deteriorada situación de inmediato, a la espera que los poderes políticos concuerden los necesarios cambios al actual sistema.

La elección de los 85 años no es al azar. Esta es la expectativa de vida que la propia Superintendencia de Pensiones acaba de publicar el pasado 1° de julio para los hombres. Lo interesante es que en esta propuesta no se hace diferencia entre hombres y mujeres pese a que, según la ya citada Superintendencia, su expectativa de vida es actualmente hasta los 90 años. Así, las mujeres tendrían una mejora relativa mayor en sus pensiones, disminuyendo en algo las inequidades existentes.

En cuanto al 5% de rentabilidad que se propone, existen fundamentos para sostenerla. En efecto, la rentabilidad promedio anual de los Fondos de Pensiones, entre el 27 de septiembre de 2002 y el 30 de septiembre de 2019, fue de un 5,31% para el fondo C y de un 5,27% para el promedio simple de todos los fondos. Asumir que la rentabilidad se mantendrá en torno a un 5% anual por los próximos años, no es una apuesta arriesgada. Cabe señalar que actualmente los cálculos se efectúan con un 4% de rentabilidad proyectada, lo que no implica casi riesgo real para las AFP.

Es más, creemos que es justo pensar en que las AFP tomen algún riesgo en la eventualidad de obtener bajas rentabilidades. Pero como todo riesgo financiero debe tener también un premio, proponemos que si la rentabilidad real es superior al 5% anual, el exceso sea de beneficio de las AFP pero, por cierto, si la rentabilidad es inferior, las AFP deberían asumir el costo.

Otro beneficio de esta propuesta, es que al aumentar la pensión autofinanciada, disminuirá el monto del Aporte Previsional Solidario (APS) que debe realizar el estado para alcanzar la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), que actualmente se sitúa en $325.646. Esta disminución del gasto fiscal debería destinarse, enteramente, a subir el monto del PMAS ya que de lo contrario, para las pensiones más bajas, no habría ninguna mejora real.

Si bien esta propuesta se refiere exclusivamente a los pensionados por vejez bajo el régimen de retiro programado, se puede adaptar, mantenido la idea central, a los otros modos de pensión.

Esperamos que esta proposición sea recogida por el Gobierno ya que, por implicar mayor gasto fiscal, éste tiene la exclusividad en la iniciativa de ley. Por cierto, que el apoyo de la opinión pública y de los parlamentarios debería incentivar al Gobierno a presentar el proyecto de ley respectivo, el cual debiese ser una ley corta de rápido despacho que no interfiera con la discusión actualmente en desarrollo en el parlamento.