Durante las últimas semanas y con mayor claridad desde la jornada del 18 de octubre, hemos sido testigos de una movilización social transerval en nuestro país contra la desigualdad en sus distintas expresiones. Los abusos asociados al alza de tarifas del transporte público, las AFP, las pensiones, la educación y la salud han sido tópicos relevados por la ciudadanía. Y es de primera urgencia que el medio ambiente nos siga indignando, ya que la situación en nuestro país es crítica a este respecto: desde la dictadura a la actualidad el modelo neoliberal ha generado un vuelco de nuestros territorios hacia la exportación de materias primas, las cuales son comercializadas hacia países de Norteamérica, Europa y Asia.
Esta conversión al sector primario o commoditización ha supuesto una carga socioambiental sin precedentes para nuestros ecosistemas locales y que en su orientación cortoplacista ha generado escasez de recursos (menor disponibilidad hídrica, desertificación y disminución de la flora y la fauna). Lo anterior es evidente para casos como el de la industria agrícola orientada al cultivo de paltas, por ejemplo. También es evidente en la escasez hídrica que ha generado la industria forestal en las regiones VIII y IX, afectando notoriamente a las comunidades mapuche y a los habitantes locales.
Lo que interesa recalcar sobre este punto es que la defensa del medio ambiente no es un lugar común dentro del imaginario de la élite, sino que afecta particularmente a los más pobres. En Santiago, por ejemplo, podemos observar que la diferencia entre comunas ricas y comunas de menores recursos se expresa en cuestiones como la cantidad de áreas verdes disponibles. En ese sentido, se ha documentado que la cantidad de áreas verdes incide en la salud mental de las personas.
Al mismo tiempo, el modelo extractivista chileno es particular respecto de otros contextos latinoamericanos, ya que el Estado no ocupa en él un rol de inversionista, sino que meramente subsidiario -sobre todo de la actividad privada-. Ello genera una especie de Estado pasivo, pero al mismo tiempo compensador de las externalidades negativas de las empresas. Esto nos interroga sobre una cuestión central: ¿existe realmente el libre mercado en Chile? Para el caso de muchas empresas extractivas, los escenarios oligopólicos y la grosera concentración de utilidades impiden el desarrollo de pequeños o medianos propietarios en igualdad de condiciones.
Respecto del problema general, la actitud del Gobierno actual ha sido hipócrita y obstinada. Por una parte, el Presidente ha intentado posicionarse como un líder ambiental frente a la opinión pública internacional, a partir de eventos como los incendios en la Amazonía o la recepción del premio del Atlantic Council. Sin embargo, las autoridades han decidido no firmar el Acuerdo de Escazú, que empodera a las comunidades locales y protege a los luchadores socioambientales de persecuciones o violencia de Estado. Apelando a cuestiones como la soberanía nacional (que poco importa al momento de revisar TLCs o el TPP11) se ha evadido la responsabilidad, lo que nos hace pensar en los dirigentes recientemente fallecidos Macarena Valdés y Alejandro Castro. Más recientemente, las filtraciones del espionaje policial a dirigentes sociales nos dan a pensar que el gobierno represivo de Piñera entiende el descontento social, antes desde una perspectiva de seguridad y delito, basada en el Derecho penal del enemigo que desde una perspectiva democrática.
Finalmente, podemos señalar que la no realización de la COP25 plantea más intensamente la tarea de visibilizar la problemática socioambiental en nuestro país. En ese sentido, es crucial dentro de la contingencia actual relevar la importancia de una mayor justicia ambiental para todos nuestros territorios e incluir las demandas por mayor sustentabilidad en las peticiones de la ciudadanía.
El autor es sociólogo de la Universidad de Chile.
