Amnistía Internacional es, probablemente, la organización no gubernamental con más trayectoria y credibilidad a nivel mundial en el ámbito de los derechos humanos. De hecho, es la principal referencia planetaria. Por lo mismo, es de extrema gravedad el informe lapidario con el que concluyó la visita de su delegación a Chile, en el que estableció que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Con este informe, no solo da cuenta de la extensión y gravedad de las aberraciones cometidas por agentes del Estado uniformados contra el pueblo, sino que responsabiliza directamente al Presidente por su comisión. Esa alusión no estaría circunscrita solo a lo político, pues para la representante de la organización para las Américas, Erika Guevara, “la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

De este modo, se trata del primer reporte oficial que plantea con claridad la responsabilidad penal de las más altas autoridades del país por los crímenes cometidos en las calles del país durante el último mes. Si no fuera por tanto dolor entremedio, resultaría hilarante que justo a la hora en que se leía este informe, el general director de Carabineros, Mario Rozas, concurría a la Cámara de Diputados en el contexto de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. En la instancia, el General señaló que había recibido del ex jefe de Gabinete, y que él transmitió a sus funcionarios, la instrucción que el desempeño policial debía ceñirse estrictamente al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos.

Imaginemos por un segundo que todo lo que se dice es cierto. Si el Gobierno y el general director de Carabineros piden respeto por los derechos humanos, y los policías los violan masivamente todos los días ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es peor? ¿Creerle al general Rozas y concluir que él y el Gobierno no tienen ningún control sobre la policía? ¿O no creerle y concluir que la orden de reprimir viene desde las principales autoridades políticas y policiales?

En este contexto, resulta lamentable que el Ejecutivo no haya comprendido la envergadura de Amnistía y que haya preferido, tal como en el caso de las peores dictaduras de ayer y hoy, renegar del informe de la organización. En ese gesto está el error de cálculo de que en la opinión pública internacional todo el mundo le creerá a Amnistía y nadie al Gobierno. Peor aún es que las Fuerzas Armadas hayan emitido una declaración, en la frontera de la deliberación que no les está permitida, en la misma dirección.

Con este reporte queda establecido de manera oficial el capítulo más negro que haya vivido el país en materia de derechos humanos desde el fin de la dictadura. Mientras el mundo sigue horrorizado y el país apaleado y cegado, el Gobierno sigue actuando como si nada hubiera pasado. El futuro dirá cuáles serán las consecuencias de tanta desidia.