Hace poco más de un año visitó nuestro país el connotado sociólogo alemán Harmut Rosa, quien se ha vuelto conocido internacionalmente por proponer la “aceleración” como una de las claves conceptuales para entender la modernidad. Para este autor, nuestra época se caracteriza por la circulación acelerada de bienes en sociedades orientadas, principalmente, hacia el crecimiento, pero también por la aceleración en el ritmo de la vida y en el cambio social.

Al ser una dinámica transversal a la vida moderna, la aceleración también se manifiesta en otros dominios, particularmente en el ámbito político, donde se la experimenta de un modo paradójico: mientras los procesos deliberativos necesarios para tomar decisiones democráticas resultan muy exigentes de tiempo, la aceleración de otros ámbitos de la vida social impone una disminución del tiempo disponible en el ámbito político para la toma de decisiones.

Esta exigencia de aceleración hace que las y los políticos se vean enfrentados al riesgo de anacronismo en sus decisiones y esto redunda en que se instale la visión de que son cada vez menos los fenómenos que se pueden regular de forma efectiva y duradera. Así, pareciera que la política es despojada de un horizonte de sentido mayor.

Extrapolando algunos de los planteamientos de Hartmut Rosa, parece plausible proponer que, debido a esta dinámica de aceleración, los sistemas políticos y los gobiernos no buscan primeramente la desacleración, sino que, por el contrario, tienden al incremento en la producción de decisiones, instalando una especie de “productivismo decisional”. Desde nuestra perspectiva, esta producción acelerada de decisiones políticas lleva a pereder un sentido social profundo y corre el riesto de orientarse solamente a la captación coyuntural de las preferencias de los votantes.

Desde una perspectiva democrática, el problema social radica en que no es posible resolver los dilemas actuales de manera democrática situándonos en un tiempo acelerado, puesto que la democracia requiere de tiempo y deliberación. En otras palabras, la democracia requiere de negociación; de poner las posiciones en perspectiva y entregar pruebas para tomar decisiones fundadas en algún nivel de acuerdo. Tan importante como lo anterior: la democracia requiere expandir el espectro de actores involucrados en la toma de decisiones para avanzar en la legitimidad del orden institucional. Por el contrario, la aceleración nos saca de la democracia porque tiende a la reducción de los actores que participan de las decisiones por la falta de tiempo para acuerdos mayores. Situación que, en Chile y durante los últimos treinta años, nos lleva a una suerte de “oligarquía de facto”.

Esta tendencia oligárquica queda de manifiesto en las decisiones y propuestas entregadas por el gobierno y el sistema político chileno para enfrentar la actual crisis social. En efecto, la movilización de la que somos testigos desde el 18 de octubre puede ser vista como una expresión de protesta contra la tendencia a la oligarquización de la política chilena que no ha cesado de crecer en los últimos treinta años.

En este sentido, la exigencia social por realizar una Asamblema Constituyente puede ser considerada como un intento por sacar de un espacio de enclave a las decisiones políticas que hasta el momento se han vinculado a un grupo reducido de actores, y por instalar un tiempo intenso y extendido de deliberación política por parte de ciudadanos que se sienten alejados de la posibilidad de decidir acerca de su propio futuro.

La Asamblema Constituyente puede ser vista, en consecuencia, como un intento por desacelerar la política y volverla más democrática así como menos oligárquica. Es por esta razón que ha sido ampliamente resistida por el sistema político. ¿En qué sentido? La Asamblea Constituyente fue rechazada durante casi un mes por el gobierno y los partidos políticos antes de ser planteada como opción viable. La Asamblea Constituyente ha perdido su nombre para hacerla competir con quienes no quieren una nueva constitución o prefieren un mecanismo alternativo. Así, la llamada convención constituyente ha sido revestida de legitimidad por un grupo de políticos cuya representatividad ha sido puesta en cuestión por el movimiento social y son estos mismos políticos quienes deciden los mecanismos de representación que operarán para elegir a sus miembros. Por último, entre otras consideraciones, a la Asamblea Constituyente se le ha asignado una mecánica de funcionamiento que no responde a las peticiones hechas por el movimiento social (por ejemplo, cuórum de 2/3), entre otras muchas consideraciones.

Por el contrario, luego del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” el sistema político y el gobierno han buscado acelerar la disolución del movimiento social de protesta que sigue planteando la necesidad de hacer las cosas “de otro modo”. Esto debido a que un grupo importante de partidos políticos ya aceleraron la tramitación institucional de la convención constituyente. Al mismo tiempo, la aceleración de la convención constituyente puede verse como un intento por desacelerar el procesamiento institucional de lo que la prensa ha denominado como las demandas sociales del movimiento: sistema de pensiones, sistema de salud, educación y un largo etcétera. A su vez, el gobierno ha acelerado el procesamiento judicial de todos los llamados actos de “violencia”, al mismo tiempo que ha desacelerado todo lo posible -visita de observadores internacionales de por medio- el procesamineto judicial de las violaciones a los derechos humanos cometidas en estas casi cinco semanas de movilización.

En resumen, el actuar del gobierno y el sistema político pueden ser leídos en las claves de la aceleración y la oligarquía: acelerar todas las decisiones que permiten gobernar del mismo modo que hace treinta años; desacelerar cualquier transformación encaminada a desestabilizar esa forma de gobierno, particularmente, en lo relativo a otorgar mayor participación a la ciudadanía, quitando poder a las oligarquías políticas. Las protestas y manifestaciones que observamos desde el 18 de octubre seguirán ahí porque, en buena medida, son la principal forma de contestar las tendencias aceleracionista y oligárquica de la política chilena.

Luis Campos M.

Académico Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile

Fernando Campos M.

Académico Facultad de Ciencias Sociales; Universidad de Chile