Domingo a domingo se repiten las columnas que en diferentes medios de prensa muestran su preocupación con la violencia iniciada el 18 de octubre en nuestro país. En sus últimas versiones, algunas de estas columnas declaran que la violencia sería incompatible con una sociedad civilizada, reemplazando de este modo el argumento instalado previamente de que la violencia es incompatible con la democracia, aumentando de este modo la valoración negativa de su gravedad. El miedo a lo que pueda ocurrir en marzo que ronda en la opinión pública, en las autoridades y en la ciudadanía en general parece influir en este planteamiento, pero resulta evidente que el gobierno no está tomando ninguna medida de fondo que no sea la amenaza de mayor represión policial. Y esta creciente preocupación de nuestros columnistas por la violencia parece no tener otro efecto que darle legitimidad al muy probable aumento de la represión y criminalización del movimiento social.
Uno de los problemas de estas aproximaciones sobre la violencia es que, por una parte, no hacen ningún tipo de distinción entre tipos e intensidades de violencia. Pareciera ser lo mismo un insulto, una funa o denuncia pública, un agresión o la destrucción de la propiedad, como podemos ver en esta columna de Max Colodro el sábado 15 de febrero en La Tercera: “una sociedad civilizada no puede dejar de reprochar y castigar que, por ejemplo, se queme o vandalice la propiedad pública o privada; que se interrumpa de manera violenta la circulación de las personas; que se fune o agreda a quienes piensan diferente; que se normalice que para protestar haya que cubrirse el rostro, o que se agreda verbal y físicamente a los llamados a imponer la autoridad”. El mismo día en el mismo diario, Gonzalo Cordero plantea que “estos días de febrero tienen algo de la tensa espera que precede al peligro. Marzo nos atemoriza, pues la violencia que se desató a contar del 18 de octubre fue de una intensidad y extensión incompatible con una sociedad civilizada (…) Vienen cambios profundos, inevitables y de largo alcance, pero tenemos que encauzarlos dentro de la racionalidad y la paz social. La solución no es rendirse ante la violencia, es derrotarla”. En ambos casos, al igual que en muchos otros, derrotar la violencia de la ciudadanía movilizada supone mantener o incluso aumentar la violencia policial, la que se ha sido condenada por múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por el alto saldo de muertos, heridos, torturados y mutilados que ha dejado la acción policial, asunto que aparece escasamente comentado en la mayoría de los medios de comunicación.
Por otra parte, tampoco hay mayores referencias a las causas de la violencia a la que refieren. Se asume que hay una crisis, que esta tiene que ver con el descontento social y con la falta de capacidad de los partidos políticos de representar ese descontento, pero se hace escasa referencia a que el gobierno no ha atendido las demandas de fondo de la ciudadanía movilizada, y que esa desatención es vivida como otro abuso más. En este sentido, aparece como una irresponsabilidad política de la mayor gravedad clamar por el restablecimiento del orden social sin abordar adecuadamente las causas de la crisis y de la violencia. ¿Cómo se puede volver a la normalidad cuando no ha habido verdad y justicia en las graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado? ¿Cómo se puede volver a la normalidad cuando las principales demandas del levantamiento social no han sido resueltas ni se ha mostrado voluntad política para avanzar en soluciones de fondo? ¿Porqué esperar que personas que llevan meses luchando y siendo reprimida sistemáticamente decidan volver a sus casas cuando tienen la sensación de que no se ha ganado nada significativo?
Resulta poco razonable pensar que la gran mayoría de las personas que han participado de acciones violentas durante las manifestaciones del levantamiento social lo hagan por mero gusto o deseo de agresión y destrucción. Dada la masividad y permanencia en el tiempo de estas manifestaciones, no cabe duda que esta movilización y sus expresiones violentas responden a un hastío de la ciudadanía con un sistema desigual, indigno y excluyente en términos sociales, económicos y políticos. No por nada una de las principales consignas del levantamiento ha sido “no son 30 pesos, son 30 años”. Pero, una vez más, nuestros comentaristas de la realidad social miran y opinan sobre lo que ocurre sin compartir los modos de vida y experiencias de la gente común, que es la que mayormente ha estado en la calle. Solamente buscan el regreso a la normalidad que estableció el pacto transicional, en el que se impuso que toda actividad humana debía convertirse en un negocio, en que todo negocio debía suponer un amplísimo margen de ganancia que termina perjudicando a la ciudadanía, y que cualquier posibilidad de cambio quedaba bloqueada en un sistema político que aseguraba la rotación de los mismos que se han beneficiado este pacto y que no han están dispuestos a ceder nada que pueda dejar de asegurar el lugar de privilegios que han construido y defendido durante los últimos treinta años, a costa e incluso en contra de la mayor parte de la ciudadanía.
