Ayer quedamos estupefactos por la indignante orientación de la Dirección del Trabajo (DT) en orden a dejar en el más completo abandono al trabajador y trabajadora chilena, quienes literalmente deben hoy escoger entre morir por coronavirus o morir de hambre o, en el mejor de los casos, agudizar su endeudamiento vía préstamos para enfrentar la pandemia.

Hoy, luego de leer el ORD 621 emitido por la Superintendencia de Educación no queda más que asumir que el pueblo de Chile es víctima, de manera inaudita, de un certero ataque planificado por parte del Gobierno, cuyos intereses están lejos de la inmensa mayoría del país.

Señalamos esta radical afirmación puesto que dicho ordinario viene a facultar a los sostenedores (dueños/as) de colegios particulares subvencionados (que ojo: representan más del 50% de los establecimientos del país y de cada 100 pesos que entrega el Estado a las escuelas aproximadamente 57 son para ellos) a “exigir el pago de las prestaciones acordadas, aun cuando, durante el año se produzcan circunstancias excepcionales como la suspensión de clases” que hoy están postergas por todo el mes de abril. En pocas palabras, las familias chilenas hoy endeudadas y enfrentando como pueden una compleja crisis social y sanitaria, deberán seguir pagando los colegios de sus hijos/as, pese a que la subvención para los sostenedores esté asegurada por parte del Estado.

Son muchas las reflexiones que de esta orientación se pueden realizar, basta con señalar una. Ante la disyuntiva de proteger a las familias o los empresarios de la educación, el Gobierno -vía Superintendencia- opta por lo segundo, aun en el marco de la mayor crisis sanitaria y social que se está abriendo en el país. Esta decisión debe entenderse íntimamente relacionada con la orientación de la Dirección del Trabajo, arriba comentada, puesto que al mismo padre/madre a quien no se le garantiza la subsistencia, ahora se le dice que debe seguir pagando la mensualidad en el colegio particular subvencionado en donde educa a su hijo.

Se derrumba así el mito de la “libertad de enseñanza” que no es más que libertad de empresa para asegurar los negocios educativos por sobre el derecho a la educación que debe garantizar el Estado para todas las familias chilenas, cuestión que con el ORD 621 se vulnera radicalmente: una familia que no puede pagar, sus hijos/as no tienen derecho a estudiar.

Si algo de interés por el servicio público prima en nuestras autoridades, lo mínimo es que el Superintendente de Educación, Cristian O’rayan Squella, renuncie a su cargo por impulsar tal infamia circular.