El alza unilateral en el precio de los planes de los isapres, justo cuando estamos en una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus covid-19, ha reflotado un tema que siempre vuelve, que por lo general luego se repliega, pero que con el paso del tiempo es cada vez más intenso e insoportablemente urgente. La existencia de las isapres con las características actuales acumula hastío y por lo tanto ya no basta resolver problemas puntuales, sino que se debe ir a enfrentar el tema de fondo.

Lo decimos porque la medida que tanto irritó quedó transitoriamente resuelta por el propio Presidente de la República, quien intervino, recibió en La Moneda a los representantes de las isapres y luego anunció lo que llamó “una muy buena noticia”. Sin embargo, el fondo y la forma no clausuran el debate: una prórroga no es una eliminación de la medida y el gesto de negociar con el empresariado, en vez de ejercer directamente las prerrogativas presidenciales, da cuenta del cuidado con que el Gobierno trata a uno de los sectores que han acumulado más poder económico en el Chile forjado desde la Dictadura.

Más allá de que en estas circunstancias específicas hay sectores que piden que el Estado asuma mayores niveles de control sobre el sector privado, en régimen la idea de avanzar hacia un seguro único de salud se viene discutiendo hace años. Lo hizo una comisión convocada por la expresidenta Bachelet, cuyas conclusiones en todo caso nunca se transformaron en políticas o proyectos de ley, y lo ha hecho el Colegio Médico, en una propuesta como consecuencia interpretativa del estallido social del pasado 18 de octubre.

Los problemas que tiene el sistema son varios y enumerarlos no sorprende a nadie: enfermedades catastróficas que endeudan de por vida a familias, arbitrariedad en los precios y aumentos de los planes de salud, discriminación por preexistencias y judicialización del sistema, son algunos de los más graves. En el diagnóstico hay acuerdo pleno, pero a la hora de formular propuestas aparecen las diferencias porque, mejor señalarlo de antemano, la forma cómo cautelar que la salud sea un derecho para toda la población implica adscripciones ideológicas.

Más específicamente, la existencia de seguros de salud diferenciados reproduce la misma lógica de la educación y otros sectores: el Estado debe hacerse cargo en condiciones muy precarias de los sectores más desposeídos de la población, mientras los sectores más acomodados pueden acceder a condiciones mucho mejores. Adicionalmente, se lucra con derechos básicos: las isapres han subido sus planes aproximadamente en un 65 por ciento sus planes en los últimos años. Todo lo contrario de un sistema solidario, donde cada quien da según posibilidades y recibe según sus necesidades.

El estallido social del pasado 18 de octubre dio inició a un cambio de paradigma que en vez de suspenderse, parece reforzarse con la pandemia del coronavirus. La salud pública brilla por presencia o ausencia, como en los países europeos donde, si bien existe Estado de Bienestar, las partidas sanitarias se habían reducido después de la crisis sub-prime. Quizás sea hora de que en La Moneda corra algo de esos vientos: muy probablemente el país girará hacia un espíritu solidario que convertirá en sentido común lo que ayer era una agria disputa ideológica.