Señor Director:

La pandemia SARS-Cov-2, que provoca la enfermedad COVID-19, ha representado un enorme desafío para el mundo. De acuerdo con registros oficiales, este tipo de coronavirus ingresó a Chile el 3 de marzo del presente año, por medio de un viajero de nacionalidad chilena que regresaba de vacaciones en el continente asiático. Los datos actualizados, correspondientes al 16 de abril a las 21.00 horas, indican que se registran 9.252 personas infectadas, de las cuales

5.500 estarían activas.

La población migrante en Chile llega a 1.492.522 personas, de acuerdo con cifras entregadas en marzo de 2019 por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta población es diversa en sus condiciones de vida, países de origen y condición migratoria, pero comparte, como cualquier residente en el país, el deseo de una inserción en todos los ámbitos de desarrollo de la vida (social, político, económico y cultural). Sin embargo, enfrentan actualmente riesgos asociados a una mayor vulnerabilidad social por las condiciones en que el país les permite asentarse, por largos y engorrosos procesos de visado y ausencia de una convalidación efectiva de sus estudios, entre otras desigualdades. No todos/as, pero muchos/as de ellos/as, como ocurre con otros/as conciudadanos/as, han perdido sus trabajos y su fuente de ingreso económico con la actual crisis sanitaria, y por necesidades materiales y de sustento salen a trabajar durante la cuarentena, con limitada protección para su salud.

Asimismo, la situación de las personas extranjeras privadas de libertad resulta especialmente preocupante en este escenario, pues deben enfrentar esta pandemia encarceladas en un país del cual no son nacionales. En su mayoría, estas personas no cuentan con una red de apoyo o estructura familiar que les brinde ayuda durante su período de encierro, situación que les impide acceder a elementos básicos de higiene y aseo, elementales para poder capear las nefastas consecuencias del coronavirus.

Durante este tiempo excepcional para nuestro país hemos observado algunas expresiones indicativas de discriminación contra poblaciones migrantes internacionales de parte de la autoridad sanitaria y política, en particular de parte del señor Ministro de Salud y del mismo señor Presidente de la República. Es en estos dichos que se ha sugerido que migrantes internacionales serían fuente de riesgo directo para el contagio de SARS-Cov-2 a la población nacional, aun sabiendo que la enfermedad no se originó desde este colectivo. Por ejemplo:

• El 10 de abril el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, en comunicado oficial televisado, indicó que “hay que reforzar nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando”.
• El 17 de abril el Ministro de Salud sostuvo, en su ya habitual conferencia de prensa de cada mañana para informar del estado de la pandemia en el país: “De hecho, en estos días hemos tenido, para graficar esto, situaciones muy complejas con población inmigrante irregular o no legalizada, que no hemos podido alcanzarlos, a pesar de que hemos tenido amenazas de brotes en ciertas comunidades, no hemos podido alcanzarlos para que se hagan el examen de PCR. ¿Por qué?, porque ellos dicen “si me identifican, me van a extraditar del país”, y tenemos un problema enorme en esas comunidades, que no son pocas personas, de inmigrantes ilegales que residen en nuestro país”.

Es importante aclarar que ninguna persona es ilegal. Las situaciones administrativas de irregularidad las imponen los estados a los colectivos, y no es una característica propia de algunas personas extranjeras. Además, los discursos xenófobos solo fomentan el desarrollo de actitudes racistas y comportamientos de violencia en el resto de la ciudadanía, como la recibida por una persona de origen haitiano, quien fue duramente golpeado y humillado por un guardia de seguridad hace pocos días. Esto sumado a la actitud de algunos medios de comunicación que, en diversos momentos en esta crisis, han utilizado asociaciones entre la mantención del COVID-19 e imágenes de población extranjera, como la aparecida en el diario La Segunda el día 7 de abril.

A través de esta carta, los/as aquí firmantes exponemos nuestro total y abierto rechazo a estas formas de expresión de discriminación hacia personas migrantes internacionales que viven en nuestro país. Este tipo de expresiones de las autoridades del país no solo no tienen sustento en la evidencia científica, sino que tampoco se condicen con la realidad sobre la forma en que el virus ingresó a Chile. Personas migrantes internacionales que adquieran en el futuro este virus en nuestro país lo harán por los mismos motivos que muchas personas nacionales, ante los riesgos asociados a la necesidad de trabajo, la precarización laboral, la falta de protección que se les brinda en el contexto laboral, al hacinamiento y a la pobreza, y no al hecho de haber nacido en otro país.

La evidencia internacional así lo demuestra ampliamente, indicando que para diversas infecciones el mayor riesgo está asociado a las condiciones de vida de las personas migrantes, en particular refugiadas en centros de alojamiento, donde experimentan mala alimentación, hacinamiento y marginación social.

Cabe señalar que en ningún momento el actual gobierno ha considerado a las personas extranjeras en situación irregular, quienes, ante la imposibilidad de llevar a cabo trabajos formales, no tienen otra opción que arriesgarse cada día a contraer el virus, realizando trabajos informales e irregulares. Ante ello, se abre la necesidad de una regularización efectiva e inmediata de esta población, para que puedan contar con los mínimos básicos de seguridad que este país dispone. Si hay algo que esta pandemia nos está mostrando, es que es la condición de humanidad basta para merecer la protección de los Estados.

Solicitamos dejar de lado cualquier forma de discriminación y evitar discursos xenófobos hacia esta población residente y que, de manera arbitraria y desinformada, se exponga y estigmatice sin evidencia alguna en los medios de comunicación social.

Los/las firmantes

INSTITUCIONES:

Fundación Urgencia País (FUPA CHILE) Fundación Audiovisual Voz Migrante Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Movimiento de Acción Migrante (MAM)

Núcleo de Diversidad y Género. Universidad de Chile

Programa de Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile Red Transdisciplinaria U-Nómades

Revista Sur

Comisión de Salud y Migración Colegio Médico de Chile Programa Chile a Todo Color

Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile Misión Migrante

Rizoma Intercultural

Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (UNAP) Brigada Migrante Feminista de Valparaíso

PERSONAS:

Caterine Galaz, Universidad de Chile

Rolando Poblete, Investigador en temas migratorios Fernanda Stang, investigadora en temas migratorios

Matías Libuy, Comisión Salud y Migrantes, Colegio Médico de Chile Báltica Cabieses, epidemióloga social

Margarita Vélez Maya, Universidad de Chile

Delia Curahua, coordinadora Unidad Migrante, Municipalidad de Recoleta Luis Eduardo Thayer, Sociólogo

Andrea Avaria Saavedra. Dra en Antropología.

Carlos Muñoz Reyes, Encargado Oficina de Migración, Municipalidad de Independencia Carolina Pinto Baleisan, Universidad Viña del Mar

Antonia Lara, docente  investigadora migraciones Herminia Gonzálvez Torralbo, Universidad Central de Chile Patricia C. Rojas, Asociación Venezolana en Chile

Neida Colmenares, Politóloga

Leonardo Jofré Ríos, Abogado, Encargado de Interculturalidad de la Municipalidad de Renca Alejandro Reyes, Encargado Departamento de Derechos Humanos, Municipalidad de Quilicura Daisy Margarit, IDEA – Universidad de Santiago de Chile.

Charlene Dilla, Socióloga

Carolina Stefoni, Centro Sociedad tecnológica y futuro humano, Universidad Mayor

Alexis Torreblanca, Coordinador de INFOMIGRA

Djimy Delice, Encargado Oficina Comunal de Migrante, Ilustre Municipalidad de Valparaíso María Emilia Tijoux, Universidad de Chile

Ingrid Robert Calisto, Trabajadora Social Oficina Comunal de Migrantes Municipalidad de Valparaíso, profesora EFI Migraciones Unab Viña del Mar.

Alex Fajardo, Encargado de Comunicaciones de Misión Migrante, Columnista, Diplomado en Estudios Políticos Sciences Po Rennes Francia.

Eva Vasconcelo, Docente y Coordinadora General de Misión Migrante. María Barrera, Politóloga e investigadora en migraciones

Haroldo Dilla alfonso, INTE/UNAP

Daniel Quinteros, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, Universidad Arturo Prat Alejandra Carreño, Dra. en Antropología, Investigadora temas migratorios

Carlos Piñones, Dr. en Antropología, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Pablo Mardones, Dr. en Antropología, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Sara Joiko, Dra en Sociología y Políticas Educativas, UCL Pablo Rojas, ONG Fractal

Andrea Riedemann, socióloga

Alice Blukacz, Msc Migración y Políticas Públicas (LSE), investigadora en migraciones Carla Urrutia P. Antropóloga de la salud

Alexandra Obach, antropóloga de la salud

Alfonso Urzúa, Universidad del Norte sede Antofagasta

Andrea Freddi, Dr. en Antropología, Académico Universidad de Los Lagos

Romina Ramos R, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, Universidad Arturo Prat Sandra Leiva, Universidad Arturo Prat

Marcela Tapia, Universidad Arturo Prat Herminia Gonzálvez, Universidad Central Alfonso Urzúa, Universidad Católica del norte Iskra Pávez, Universidad Bernardo O`Higgins

Lina Magalhaes, doctoranda Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc)

Leonora Beniscelli Contreras, profesora Interculturalidad, migraciones y antirracismo (UAH) Felipe Valdebenito, doctorando Universidad Católica del Norte

Eleonara López, doctorando Universidad Católica de Chile

Menara Guizardi, Universidad de Tarapacá