Además de intensificar las múltiples desigualdades que estructuran la sociedad chilena, el avance de la pandemia y su gestión política profundizan la precariedad material en la que viven miles de hogares. Los dispositivos del gobierno apuntan discursivamente a proteger el empleo y los ingresos de los sectores más vulnerables. Sabemos, sin embargo, que la realidad es bien diferente.

La llamada ley de protección del empleo ha significado que, junto con empresas de menor tamaño, un número importante de grandes empresas – pertenecientes a holdings, con presencia internacional y que han acumulado utilidades millonarias por años – sean eximidas del pago de remuneraciones, mientras que cientos de miles de asalariados y asalariadas agotan sus fondos de cesantía para sobrevivir, ya sea porque han sido despedidos o bien porque su contrato ha sido suspendido. No sin razón se ha denunciado que son los y las trabajadoras quienes están pagando el costo de la crisis.

Si las consecuencias son sociales y económicas, el problema es más bien político, toda vez que revela con total claridad el carácter antidemocrático de los espacios laborales.

La fragmentación sindical es conocida. En ella convergen, entre otros factores, las restricciones del Plan Laboral y las consecuencias de una externalización desenfrenada, vertical y precarizante. Salvo contadas excepciones, el mundo del trabajo es también precario en mecanismos de representación colectiva. En tales circunstancias, el autoritarismo domina cotidianamente los espacios laborales. La coyuntura actual desnuda la incapacidad de la fuerza de trabajo frente a las decisiones unilaterales de las empresas.

Pero no es lo único que revela.

Una de las dimensiones clave del orden neoliberal ha sido transmutar la economía en una versión imaginaria del mercado, convirtiéndola en una especie de realidad natural. De ahí que por más de cuarenta años se ha defendido el orden económico como un espacio meta-político, donde toda intervención obedece a criterios técnicos antes que políticos.

Pues bien, la pandemia revela lo que la economía siempre ha sido: un espacio de relaciones sociales – de cooperación y de conflicto – situadas en condiciones históricas, esto es, no naturales. Si los dispositivos gubernamentales intervienen de una manera específica esas relaciones sociales, protegiendo – como hemos visto – el capital por sobre el trabajo, las cuarentenas – por parciales que sean – modifican las condiciones en las que se desenvuelven esas relaciones, poniendo de manifiesto que no hay mercado sin consumidores y, más importante aún, que sin fuerza de trabajo no hay empresa, producción, ni servicios.

Cabe preguntarse entonces: ¿hasta qué punto es justificable que en una sociedad democrática, trabajadoras y trabajadores no dispongan de derechos políticos en un espacio del que son parte constitutiva, como lo es la empresa capitalista, en el que viven buena parte de sus vidas y además determina su sobrevivencia material?

La idea de democratizar la empresa no es nueva, tiene más de un siglo de historia. Sin embargo, ha adquirido nuevos impulsos, entre ellos el de Isabelle Ferreras (2017), investigadora belga, quien propone una “teoría política de la firma”, cuestionando convincentemente el monopolio político del capital en el gobierno de la empresa, para defender la necesidad de una representación efectiva del trabajo en ese nivel, avanzando incluso más allá del modelo alemán de cogestión. Una crítica similar desarrolla la filósofa estadounidense Elizabeth Anderson (2017). En Chile no se trata de una discusión totalmente ajena, sin ir más lejos, Álvaro Díaz insistía recientemente en la necesidad de “superar el régimen autoritario de empresa”, retomando lo planteado hace décadas (Díaz, 1990).

Lejos de un interés meramente académico, se trata de una discusión relevante de abordar políticamente. No sólo por lo que pone al descubierto la pandemia, sino también por el proceso de transformación social que ha abierto la revuelta popular desde octubre.

A este respecto debemos reconocer que no disponemos de lenguajes que hagan sentido en la mayoría de los actores para elaborar y proyectar políticamente las demandas que emanan específicamente desde el mundo del trabajo. Éste último es vivido frecuentemente como una experiencia individual sujeta a exigencias “desmesuradas” (Araujo y Martuccelli, 2012), que si bien son sometidas a una crítica permanente por los mismos actores, ésta no encuentra generalmente expresión colectiva. Al mismo tiempo, pese a la revitalización de los últimos años, las luchas sindicales son limitadas y la agenda de recuperación de los derechos colectivos (negociación colectiva, huelga, titularidad) no convoca a la mayoría de la fuerza de trabajo. Enfrentamos pues una desarticulación de los sentidos colectivos del trabajo, donde la noción de trabajo decente, promovida desde la OIT, no ha encontrado mayor rendimiento y donde la demanda de salario digno pareciera no agotar el malestar del trabajo.

Es aquí donde la democratización de la empresa se torna relevante. Reconocer el lugar constitutivo del trabajo en la empresa implica asumir la necesaria participación de trabajadoras y trabajadores en su gobierno. Con ello, la experiencia individual y colectiva del trabajo adquiere una densidad política que permite su reelaboración y proyección en clave democrática. Dicho de otra manera, la democratización de la empresa puede constituir ese lenguaje ausente en el cual inscribir tanto las luchas laborales contra las discriminaciones y los abusos cotidianos, como también, las luchas sindicales de mayor alcance: desde la ampliación de los derechos colectivos hacia la participación efectiva en el gobierno de las empresas, incidiendo en su organización y la determinación de sus fines. Cuestión decisiva frente a la crisis económica que se anuncia y los desafíos climáticos que enfrentamos.

Junto con el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y de una renta básica universal, la democratización de la empresa puede constituir un horizonte político en el cual inscribir las luchas del trabajo en el Chile por-venir.

Referencias:

Anderson, Elizabeth (2017), Private government. How employers rule our lives (and why we don’t talk about it), Princeton University Press.

Araujo, Kathya y Martuccelli, Danilo (2012), Desafíos comunes: retrato de la sociedad chilena y de sus individuos, Tomo 2, Santiago: LOM.

Díaz, Álvaro, (2020), “Chile debe superar el régimen autoritario de empresa”, en El Mostrador, https://www.elmostrador.cl/mercados/2020/03/03/chile-debe-superar-el-regimen-autoritario-de-empresa/

Díaz, Álvaro (1990), “Modernización autoritaria y régimen de empresa en Chile”, Proposiciones, vol. 18, Santiago de Chile: Ediciones Sur.

Ferreras, Isabelle (2017), Firms as political entities. Saving democracy through economic bicameralism, Cambridge University Press.

*El autor es Investigador postdoctoral en el IRISSO, Université Paris Dauphine/PSL. Licenciado en Sociología, Universidad de Chile. Master en Ciencias Sociales y Doctor en Sociología de la École des hautes études en sciences sociales de París (EHESS).