Tras la creación del fondo empresarial para enfrentar la pandemia, pareciera normalizarse el protagonismo de la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC) en cada anuncio de gobierno ante la prensa. Juan Sutil, empresario agrícola y presidente de la CPC, fue justamente el encargado de cortar la cinta de los 30 túneles sanitizadores destinados a las cárceles, dos días después de anunciar junto al Ministro de Vivienda y al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción la entrega de 47 mil kits de higiene para personas que viven en campamentos, y cuatro días antes de recibir el arribo de 200 mil test PCR junto al Ministro de Ciencias y al Subsecretario de Redes Asistenciales. La guinda de la torta no podía ser sino el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, cuando Sutil recibiera junto al presidente Piñera y los representantes de las principales ramas de la CPC, la llegada de 117 ventiladores mecánicos.

Pero tanta preocupación por la salud de las personas resulta, a lo menos, curioso, ya que si bien con una mano se realizan donaciones, con la otra se continúa perturbando, dañando, o derechamente destruyendo ecosistemas y afectando la salud de las comunidades que en ellos habitan, siendo el mundo agrícola un claro ejemplo de ello: mientras el grupo Luksic lidera la lista de empresas donantes, el 22 de abril la Superintendencia del Medio Ambiente presentó cargos contra la Viña San Pedro Tarapacá –de su propiedad- por el mal tratamiento de residuos líquidos industriales, los que de manera reiterada superaron los parámetros de sodio porcentual, coliformes fecales y conductividad eléctrica, sumado a que los lodos producidos en la planta no eran trasladados a un vertedero autorizado, sino apilados al borde de un curso de agua.

Otro renombrado grupo presente en la lista de donantes es la familia Del Río Goudie, a la que pertenece Nicolás Del Río Silva, que a través de la Agrícola Tralcán suscribió el recurso de protección presentado por la Sociedad Nacional de Agricultura a inicios de abril contra la Contraloría y CONAF, por haber dictaminado la ilegalidad de planes de manejo de tala de bosque nativo para fines agrícolas sin reforestar aprobados desde 2008 y por haber acatado dicho dictamen, respectivamente.

En 2018, Agrícola Tralcán alcanzó a talar 40 hectáreas de bosque nativo -con diversas especies de hasta 200 años de existencia- antes de que CONAF invalidara un plan de manejo que le había aprobado por un total de 80 hectáreas en la comuna de Las Cabras para plantar paltos, producto de irregularidades que terminarían por crear una Comisión Investigadora sobre los actos de CONAF. En febrero de 2020, la empresa volvería a presentar una solicitud para talar 14,8 hectáreas en el mismo predio, la que producto del dictamen de Contraloría sería rechazada.

Por otro lado, el rostro de la caridad empresarial, Juan Sutil, ha sido también el principal impulsor de la carretera hídrica, una cuestionada iniciativa que busca trasladar agua hacia distintos puntos del norte del país, luego de haber sobreexplotado sus cuencas, cuestión que además de profundizar la escasez hídrica, intensificará el avance de la desertificación producto de la fragmentación de ecosistemas y la destrucción de una gran cantidad de biodiversidad a su paso. Un proyecto como la carretera hídrica tendrá enormes consecuencias en los ecosistemas, pero también se traducirán en el empobrecimiento de las comunidades y en un empeoramiento de sus condiciones sanitarias.

Desde Fundación Terram nos parece preocupante el lugar que el gobierno de Sebastián Piñera le otorga a los representantes empresariales en el manejo de la crisis, puesto que son estos mismos actores quienes de manera sistemática vienen dañando los ecosistemas y afectando la salud de las personas, de manera que estas donaciones parecen más bien una forma de obtener licencia social donde no la tienen, en función de proteger un modelo primario-exportador muy bien nutrido por un Estado subsidiario.

Cuando todo parece indicar que iniciamos el peak de la pandemia, creemos que es importante no perder de vista la dimensión ambiental de las distintas iniciativas que buscarán reactivar la economía, puesto que si bien hasta hoy los estándares ambientales ya son limitados, es muy posible que los sectores extractivos apunten a flexibilizar dichos estándares en función de reimpulsar un modelo que, además de generar una serie de daños sociales y ambientales, muestra serios signos de agotamiento.