Es cierto, todo país requiere un Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) para enfrentar la incertidumbre en este mundo complejo y que actualmente enfrenta una crisis total que lo sacude en todas sus dimensiones. En este contexto, su principal objetivo es anticiparse al futuro y acompañar a las autoridades en el proceso de toma de decisiones, asesorándolas con información útil. La conducción de un país no puede estar en manos de una corazonada o del interés mezquino y particular. 

También es cierto que nuestro SIE es deficiente, por no decir obsoleto. Por un lado, adolece de desintegración. Los distintos servicios de inteligencia están débilmente coordinados, carecen de formación y estrategia única y su horizontalidad lo vuelve ineficiente. Por otro lado, en su interior se reproducen los vicios más oscuros del poder: vigilancia a militares patriotas que han denunciado malversación de recursos en la defensa, el seguimiento a dirigentes sociales en tanto “blancos de interés”, el despilfarro de recursos reservados para lujos personales, entre otros. Y lo que es peor, el ridículo gubernamental al no advertir ni explicar la naturaleza profunda de la rebelión social de octubre y no dar cuenta de la magnitud económica y sanitaria de esta Pandemia, que se ha traducido en el diseño de una estrategia errática y contradictoria.

Pero la responsabilidad última no es del SIE ni de sus funcionarios, sino de las autoridades políticas a las cuales sirve y del cual hacen uso. Al respecto, todas las medidas presidenciales tomadas durante los últimos meses para enfrentar la rebelión popular y ciudadana fueron vanas. Asimismo, las actuales medidas de emergencia han permitido el beneficio a grandes empresas en contexto de crisis sanitaria, han dislocado a los municipios de la acción del Estado, ha profundizado el desamparo de la gran mayoría de la población, dejándola a merced del hambre y la delincuencia, lo que sumado al estilo confuso en el tratamiento de la comunicación de riesgo, han dejado en evidencia que este Presidente hace uso del SIE de forma negligente.

De hecho, ha sido el periodismo de investigación el factor decisivo para descubrir y llevar a delincuentes y corruptos a la justicia. Esta labor investigativa en virtud del interés público ha logrado ser más coherente y efectiva en detectar el origen y dinámicas de las amenazas que erosionan y dañan nuestra dignidad e interés nacional, tales como la Operación Huracán, el financiamiento ilegal de la política, el milico gate, el desfalco en carabineros o la colusión entre la política y el emergente poder narco, entre otras varias operaciones.

Resulta más evidente aún la ineficiencia del empleo de las ya amplias facultades que tiene la actual ley de inteligencia, como por cierto, los millonarios recursos que esta contempla, luego de que el 15 de diciembre de 2019 Ciper informó de un hackeo al propio director de inteligencia del ejército. Lo mismo ocurrió con la inteligencia de Carabineros en octubre de 2019, la cual fue desbaratada de forma remota. Lo anterior no se soluciona solamente con una modernización del SIE, sino que con la formación correcta del factor humano-profesional y la corresponsabilidad de la sociedad civil y las instituciones armadas para resguardar la dignidad del pueblo y la nación, caso contrario, la vulnerabilidad seguirá presente.

Por lo tanto, es absurdo pensar que una “actualización técnica” del SIE -como ha calificado el gobierno a la ley que lo moderniza- va a solucionar los problemas de largo arrastre presentes en la inteligencia del Estado. Sobre todo si se restringe a las concepciones de Interior y Defensa y no involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores como actor protagónico en la elaboración de esta nueva ley. Todo lo contrario, se requiere algo más que una modificación específica. El SIE requiere una reforma profunda, estructural, que defienda al pueblo de Chile de sus verdaderas amenazas, entre las que destacan: La usura del sistema financiero y las AFP, la industria extractivista que ha destruido comunidades y nuestra capacidad económica, el lobby internacional, el narcotráfico y la corrupción que ha corroído todo el sistema político. 

Esta reforma estructural no cabe en una “suma urgencia parlamentaria”. En un par de sesiones el gobierno en realidad no busca “solucionar” los problemas de enfoque, orgánicos y culturales del SIE, sino que aprovechando el peak de la crisis sanitaria, en medio del caos y el ruido comunicacional, el gobierno pretende hacer ley sus pretensiones de inteligencia.

Entre las principales modificaciones a la ley, además de mejorar los niveles de coordinación entre las agencias, destaca la redefinición de contrainteligencia, cuya función pasa de prevenir exclusivamente amenazas extranjeras a otras cuyo origen es también de “grupos nacionales”. Definición que permitirá dejar a criterio del actual presidente si los movimientos ciudadanos, sus organizaciones y sus elementos activos serán blanco de interés para la Inteligencia Militar.

Claro, el narcotráfico o el crimen organizado que lesiona nuestro interés también tiene origen nacional. En ese caso, es pertinente entonces distinguir y explicitar específicamente el carácter de las “amenazas nacionales” y no dejarlo al arbitrio de un Presidente que en materia de política exterior y seguridad interna ha demostrado ser un peligro. Recordemos su aventura temeraria en Cúcuta o las Violaciones a los Derechos Humanos ejecutadas desde Octubre a la fecha.

Es preciso denunciar y advertir la maniobra en curso: Se aumentarán recursos, se fortalecerá la coordinación del sistema y la inteligencia política podría servirse de la militar para enfrentar “amenazas nacionales” no definidas. Los antecedentes recientes del gobierno dan para sospechar que el efecto de esta nueva ley pueda derivar en infiltraciones, operaciones encubiertas y acciones que atentan directamente al pueblo que lucha por restituir la dignidad nacional.

Modernizar y transformar el SIE es un imperativo para el Estado, pero los enfoques y concepciones de Seguridad Nacional sobre los que descansa están en abierta disputa luego del movimiento de octubre, y este es un debate estratégico que antecede a cualquier tipo de modernización. Por el momento, resulta necesario restringir las herramientas de las que pueda disponer Sebastián Piñera. La “suma urgencia” para aprobar esta ley en medio del peak de la crisis económica-sanitaria, revela la desesperación de un gobierno que tiene sus días contados y que buscará recurrir a los métodos más oscuros para sostenerse en el poder.