Señor Director:

Un reciente informe de UNICEF y Save the Children sostiene que las repercusiones económicas de la pandemia podrían provocar que, a nivel mundial, para finales de 2020, 86 millones de niños se sumen a los que ya viven en situación de pobreza. El documento revela que, a menos que se tomen medidas urgentes, el número de niños y niñas que viven en hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos podría aumentar un 15%. El incremento más considerable, de hasta un 44%, podría registrarse en los países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y el Caribe podría producirse un aumento de un 22%.

Las dificultades económicas que están enfrentando las familias a nivel mundial podrían revertir años de avances en la reducción de la pobreza infantil y privar a los niños y niñas de los servicios esenciales. Antes de la pandemia, dos terceras partes de los niños del mundo carecían de acceso a cualquier forma de protección social, lo cual impide a las familias resistir las crisis económicas y perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional. Para abordar y mitigar los efectos de la COVID-19 sobre los niños y niñas de los hogares pobres, es importante ampliar rápidamente y a gran escala los sistemas y los programas de protección social, tales como las transferencias en efectivo, la alimentación escolar y las prestaciones por hijos a cargo. Todas estas inversiones son fundamentales para abordar las necesidades económicas inmediatas, junto con sentar las bases para que los países se preparen para futuras crisis.

Chile no es una excepción y también está siendo fuertemente afectado por la pandemia en términos económicos y sociales. Según proyecciones de CEPAL, la pobreza podría aumentar de un 8,6% a un 13,7%, lo que significa que habrá un millón más de personas viviendo en situación de pobreza en el país. Esto resulta especialmente grave para la infancia, que actualmente casi duplica el porcentaje de pobreza de los adultos y porque es un grupo más vulnerable.

Para enfrentar esta crisis, el país  requiere de un Sistema de Protección Social reforzado de emergencia, que reduzca el impacto económico de la crisis, entregando a las familias respuestas oportunas y suficientes para mitigar los efectos negativos en el bienestar, económico, social y emocional, de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente se necesita implementar, en el mediano plazo, políticas de protección social más permanentes, que trasciendan las medidas excepcionales adoptadas por la emergencia, como consolidar un Sistema de Protección Integral de la Niñez que garantice la progresiva erradicación de la pobreza infantil, el bienestar integral de niños y adolescentes, y el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, se debe asegurar un piso de protección social sensible a la niñez, que permita a todos los niños y sus familias un nivel de vida digno: ingreso seguro (transferencia monetaria permanente ampliado a vulnerabilidad) y acceso universal a prestaciones esenciales que permitan bienestar integral.

Paolo Mefalopulos

Representante de UNICEF en Chile