Diversos tratados internacionales aluden a las políticas anticorrupción y hemos sabido recientemente que el gobierno está proponiendo una fórmula para atacar esta atávica lacra en el Estado y para ello cualquier ciudadano, de manera anónima, podrá denunciar electrónicamente en la Contraloría actos que se consideren impropios en la administración pública.
Lo anterior dentro de la llamada Agenda Antiabusos del Gobierno, lo que se une a un reciente Informe de Americas Society, Council of the Americas y Control Risks que midió la corrupción señalando que Chile, entre otros países latinoamericanos, empeoró su capacidad para hacer frente a estos delitos. A mayor abundamiento, en una crónica publicada el domingo 7 de junio de 2020 en un diario de circulación nacional, la Fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, dentro de su investigación de las licitaciones de recambios y mantención de las luminarias LED, fue muy dura con este fenómeno al interior de los municipios.
Desde hace mucho tiempo, la Fundación Defendamos la Ciudad, junto con denunciar ilegalidades y “errores” en los diferentes sectores de la economía, ha venido insistiendo en que la incerteza jurídica de los permisos de edificación proviene de los defectos del propio marco regulatorio que rige al sector construcción y digámoslo con claridad, a los intentos de algunos actores privados de violar ese propio estatuto legal. Aunque muchos interesados le endilgan a este columnista ser anti inmobiliario, lo desmiento categóricamente, pues solo buscamos que en ese sector de la economía se respeten las normas legales aplicables, lo que no es mucho pretender.
Este tema, específicamente la certeza jurídica de los permisos de edificación, lo ha levantado desde hace algunos años, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), con motivo de una serie de dictámenes de la Contraloría los cuales, acogiendo denuncias de particulares informados que exigían el cumplimiento de la ley en unos cuantos permisos de edificación mal otorgador por ciertas Direcciones de Obras Municipales.
En sus airados reclamos la CCHC, sin el más mínimo sentido de la autocrítica y por ende de la autorregulación en los mercados, obviamente no aludía al tema de fondo que es la corrupción y por ello proponía con cierta ingenuidad que ese tipo de actos administrativos no podían ser revisados por el ente contralor, entendiéndose los mismos como legales a todo evento, graciosa postura que no resistía ningún análisis.
En nuestra visión de los hechos, en un cierto porcentaje, el Minvu es el causante de los conflictos, ello por lo críptica que es la regulación sectorial y sostenemos que las denuncias que llegan a la Contraloría y a los tribunales de justicia se deben en alguna medida a las contradictorias interpretaciones de la ley que hacen, por un lado, las comunidades y, por otro lado, los inversionistas.
Sin embargo, no obstante que ha sido el tema central que aqueja al sector construcción en los últimos años, el Minvu no ha tenido la voluntad ni la capacidad técnica de corregir las causas de este problema. Según cifras del INE, en febrero de 2020 (última cifra disponible), es decir, antes de los efectos de la pandemia, se aprobaron en permisos de edificación, un total de 1.033.460 m2, cifra que representa menos del 50% de la registrada en octubre de 2018, que anotó un total de 2.202.818 m2. En otras palabras, la actividad del sector construcción no está afectada sólo a partir de la crisis social de octubre de 2019, o desde el inicio de la pandemia a causa del coronavirus a partir de marzo de 2020, sino que viene mostrando un crecimiento no acorde con el crecimiento general de la economía.
En efecto, si se analizan las cifras pre crisis de octubre de 2019, en donde en septiembre de ese año se registró un total de 1.147.982 m2 aprobados, ello sólo es comparable con los permisos otorgados en mayo de 1994, cuando se registró un total de 1.147.029 m2, es decir, con el mismo nivel de actividad que el país tenía hace 25 años atrás, en circunstancias que, en ese mismo período el PIB nominal creció un 422%.
Incluso en el subsector vivienda, donde el Minvu tiene la misión legal de fomentar, en febrero de 2020 se registran 786.614 m2 en permisos aprobados para obras nuevas, lo que sólo es comparable con octubre de 2013, que registró un total de 786.022 m2, es decir, su nivel de actividad es la misma que hace 7 años atrás, lo que ilustra el pobre desempeño de esta actividad. Lo que ha ocurrido con la crisis social de octubre de 2019 y ahora con la pandemia del coronavirus a partir de marzo de 2020, es agudizar un desempeño ya muy bajo del sector construcción. De ahí que no es novedad que, en la actualidad encabece la lista con mayor número de desocupados.
Nótese que, las mediciones relativas al nivel de actividad del sector construcción se miden en base a los permisos de edificación, que en definitiva son proyectos, y no al nivel de las obras propiamente tales, las cuales, por razones del confinamiento obligatorio, se encuentran totalmente paralizadas, situación que se reflejará en las estadísticas de desempleo de los próximos meses.
Demás está decir que, la desocupación es un flagelo que afecta la subsistencia de las personas y sus familias, cuyo nivel actual pone en jaque la estabilidad institucional y democrática de Chile. Así como vamos, no sería de extrañar que, las cifras de desempleo en agosto de 2020, una vez finalizada la Ley de Protección del Empleo, muestre al sector construcción con una tasa superior al 56%, lo que se torna insostenible para la estabilidad y gobernabilidad del país, o incluso peores en los meses siguientes, si el confinamiento se prolonga.
Dos hechos demostrativos de la desidia del Minvu: 1.- El alcalde Lavín de Las Condes presentó en enero de 2020, al Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, una propuesta para efectuar las correcciones requeridas al Plan Regulador Comunal (PRC), conforme a dictámenes de la Contraloría, los que no han prosperado por negligencia de ese ministerio. 2.- El Decreto Nº 14 del Minvu que se publicó en septiembre de 2019, que supuestamente era para lograr certeza jurídica de los permisos, sólo vino a agravar la situación, pues impidió el ajuste de los PRC que contienen disposiciones al margen del marco rector que los afecta.
Finalmente, recordemos que las necesarias modificaciones en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se aprueban por decreto, de fácil y rápido despacho, teniéndose presente que la Contraloría está en condiciones de tomar razón de ellos en poco tiempo y por ello nuestro llamado es al gobierno para que se ponga a la altura de las circunstancias, botando al tacho de la basura la excesiva burocracia que, con el trabajo mal hecho, es sinónimo de corrupción, tal como lo ha manifestado públicamente el contralor Jorge Bermúdez.
