Hace algunas horas, el ministrio Briones acusó a la oposición de estar infringiendo el acuerdo constitucional de noviembre del año pasado al promover el proyecto de reforma que permitirá el retiro del 10% del fondo de pensiones. Sin embargo, poco y nada se señala al respecto en aquel acuerdo, y al parecer sería una excusa más para poder deslegitimar la idea de llevar a cabo un proceso constituyente en nuestro país. A estos dichos, se le suman amenazas como la posibilidad de postergar nuevamente la fecha de la consulta si surge nuevamente un estallido social, o cuestionamientos a viabilidad del proceso ante el contexto de pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, intentando evadir en lo posible el debate. Lo que resulta paradójico, ya que justamente hoy, en medio de una pandemia, se hace completamente pertinente el debate constituyente, ya que las profundas limitaciones derivadas del modelo vigente materializadas en la actual Constitución son las que constriñen el margen de acción del Estado y sus instituciones para enfrentar la emergencia sanitaria.

La aprobación de la idea de legislar el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, el debate sobre la admisibilidad del post natal de emergencia, el veto sobre el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos, y muchos otros temas, han sido tema de alta controversia durante estas semanas. Tienen en común, que son asuntos legislativos urgentes de tramitar para enfrentar la emergencia sanitaria, y también porque han sido duramente criticados por su constitucionalidad. Y es que derechos sociales como las pensiones, la salud, la educación, la dignidad en el trabajo fueron las demandas ciudadanas más repetidas en cabildos y asambleas durante el estallido social y también en nuestro despliegue como Comando Constituyente, y que hoy precisamente quedan al descubierto debido a su precarización y desigualdad en su cobertura, teniendo como principal fuente la actual Constitución Política de la República.

En ningún punto del acuerdo por una Nueva Constitución se señala la prohibición de legislar materia alguna relativa a derechos sociales o prohibición a levantar alguna reforma constitucional, lo que, dicho de paso, sería precisamente inconstitucional o antidemocrático, por lo cual el ministrio Briones está completamente errado: voluntaria o involuntariamente. En lo que sí tiene razón el Ministro, es que el asunto de las AFP es un tema social muy importante para la ciudadanía y que reafirma la idea de que la ciudadanía movilizada demanda la construcción de un nuevo modelo político, social y económico, que apunte hacia la dignidad de la ciudadanía, dejando la idea de desprotección estatal, que, como hemos insistido, ha quedado fuertemente al descubierto a partir de la pandemia.

Además, el Ministro y el Gobierno deben entender que las agendas de futuro no le corresponden al actual espectro político presente en el Poder Ejecutivo o Legislativo, sino que le corresponde al diálogo democrático del pueblo de Chile, que movilizado desde el 18 de octubre abre el proceso constituyente, e instala con claridad la urgencia de avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, lo que urgentemente debe ser asumido hoy, considerando acciones que vayan en la línea de la construcción de un Estado garante de derechos sociales y no acciones que continúan subsidiando un Estado subsidiario, que ahora se encuentra en agonía