Con la muerte de Ámbar nos embarga un sentimiento de rabia, pena y reflexión al cuestionarnos ¿Por qué Ámbar, en su calidad de adolescente, debía preocuparse de ir a retirar el dinero de su pensión de alimentos? ¿Por qué debió asumir el rol de sus progenitores de cuidar de sí misma y sus necesidades básicas? ¿Cuál es el rol del Estado en velar porque los niños, niñas y adolescentes sean protegides?

La historia de Ámbar, es una historia de abusos y desprotección social y estatal. Ámbar no solo fue víctima de su victimario, fue víctima de un sistema estructuralmente violento, pues deja desamparados a las y los más vulnerables. Vemos un Estado ausente y también una falta de responsabilidad social.

El homicidio de Ámbar, es el homicidio de una mujer, pero a la vez de una adolescente y a la par de una persona de una condición socioeconómica vulnerable. Convergen distintas circunstancias que la dejaron expuesta a un crimen que a todas luces pudo evitarse, si las y los responsables hubieran asumido el rol de garante que les corresponde. Vemos reflejados el sistema de dominación hombre hacia mujer, en conjunto con el sistema de dominación de un mundo adulte hacia les niños, niñas y adolescentes y el sistema de dominación alimentante hacia la o el alimentario.

El crimen cometido contra Ámbar, debe resonar en todos los rincones de Chile. Porque el compromiso del Estado no solo debe ser con prevenir la violencia, sino también con erradicarla. En particular la violencia de género en contra de mujeres y niñas. Necesitamos un enfoque de género en la justicia y un sistema que garantice el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos que no se toleren nunca más estos actos, en la sociedad. Necesitamos una ley integral de protección a la violencia de género y de los niños, niñas y adolescentes. Son elles quienes se encuentran en una posición de vulnerabilidad de la cual ni como sociedad, ni como Estado nos hacemos responsables.

Comprendemos el valor de la verdad dentro de la justicia, pero en ningún caso la primera es sinónimo de la segunda. Observamos con asombro que Policía de Investigaciones celebre el encontrar el cuerpo de una mujer y niña asesinada. Nuestra institucionalidad debe tener una perspectiva de género y de garantías para la niñez a la hora de investigar estos crímenes que tienen características de particular vulnerabilidad. Estos enfoques deben ser transversales a los órganos de la administración del estado.

La invisibilización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente al mundo adultocéntrico al que deben someterse, es también una forma de violencia de la cual no se hace cargo nuestra actual constitución, así como tampoco el ordenamiento jurídico interno.

Mientras no haya un reconocimiento explícito de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, no podemos transitar hacia un sistema judicial integral que se ajuste a los parámetros de DDHH internacionales de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Fernanda Frex Godoy (Frente de la Niñez Fuerza Común); Camila Álvarez Godoy, Camila Musante Müller (Frente Feminista Fuerza Común).