Las violaciones a los Derechos Humanos en nuestra historia reciente, que implicaron una degradación profunda del ser humano, no deben ser olvidadas. Pero la reclamación de respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos no sólo tiene que ver con este pasado cruel y traumático. Derechos como la vida, la libertad y la equidad no sólo son memoria que se nos exige desde el pasado, sino también tienen que ver con el presente que vivimos y con el futuro que aspiramos. Garantizar estos derechos hoy, permitirá su proyección de manera progresiva mañana, y el proceso constitucional se abre como la oportunidad para hacerlo.

De octubre en adelante hemos visto cómo las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas y del orden nos llevan de vuelta a un pasado que creíamos que no se iba a repetir. Sin embargo, estudiantes, trabajadores y mujeres volvimos a ser víctimas de la acción represiva de agentes del Estado bajo el argumento de mantener el orden público.

Por eso nos parece importante que en la generación democrática de una nueva Constitución se haga una valoración de los Derechos Humanos desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, mirando la experiencia de otros países y la interacción de estas consideraciones con el Derecho interno de esos países. La solución en esta materia podría pasar porque la nueva Constitución, a través de la Convención Constitucional, incluya una cláusula de interpretación de la misma teniendo como base la consagración del principio pro persona.

Lo anterior implicaría que la nueva Constitución se construya en torno a lograr la coordinación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Interno, y no mantener la añeja idea de jerarquía. Aplicando este criterio, quienes deban interpretar la Constitución, deberían hacerlo teniendo a la vista los tratados internacionales en esta materia.

Como dijo Raúl Alfonsín, principal impulsor de la reforma constitucional argentina de 1994; “la consagración de la jerarquía constitucional de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos es, sin duda alguna, uno de los aportes más valiosos de esta Convención Constituyente a la profundización de nuestra democracia. La justificación del propio sistema democrático radica en ser el medio más idóneo para la protección y promoción de estos derechos inalienables y de la dignidad humana”.

Al respecto, debemos señalar que las normas por sí solas no alcanzan. Una enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no gozan plenamente de sus derechos. Alcanzar las metas de los tratados internacionales de derechos humanos requiere de procesos de transformación, de mayor participación y deliberación que incluyan a todas y todos, de una sociedad que privilegie la convivencia pacífica y la libertad.

El camino por recorrer tiene por horizonte un país con una real equidad, donde se luche contra la corrupción, en el que se erradiquen todas las formas de discriminación, que tengan como meta la protección del medio ambiente y la naturaleza, donde la salud, la educación y el empleo digno sean derechos sociales primarios inalienables. Donde el trabajo no remunerado y aporte de las mujeres al desarrollo social y económico del Estado sea reconocido.

La lucha que comenzó con los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han continuado los familiares de los miles de desaparecidos y desaparecidas en la dictadura cívico-militar y  los cientos de mutilados y torturados desde el 18 de octubre de 2019, se conecta hoy con la necesidad de reconocer y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, las disidencias sexuales, los recursos naturales y los pueblos indígenas.

Quienes de una u otra forma trabajamos desde la política debemos entender los Derechos Humanos y la democracia como el principal mecanismo de resolución de conflictos y de acceso a la justicia como herramienta de defensa de los más desprotegidas y desprotegidos. Éstos deben ser los pilares de una política integral de cambio constitucional y cultural que se aplique a toda escala.

Pensar los Derechos Humanos en la etapa constituyente implica construir una agenda amplia e integral en esta materia para nuestro país. Esto supone crear instituciones y estructuras de limitación y reparto del poder, y, por otra parte, favorecer la interpretación evolutiva de los derechos fundamentales, superando las diferencias y abordando las falencias del sistema institucional actual. Éstos, creemos, son los primeros pasos que debemos dar como sociedad en un camino de diálogo, de pluralismo y de convergencia entre viejos y nuevos derechos.