Esta ha sido una semana triste para los hogares y las mujeres más pobres del país, el gobierno no solo propuso un reajuste real de 0% al salario mínimo, dándole la espalda a quienes más necesitan apoyo, sino que al mismo tiempo está discriminando mucho más a las mujeres, quienes proporcionalmente tienen peores sueldos que los hombres.

De acuerdo al último estudio entregado por la Fundación Sol, donde analizan la encuesta Casen 2017, el 21% de las mujeres que trabajan reciben un sueldo igual o inferior al salario mínimo, mientras que en el caso de los hombres esta realidad afecta solo al 16% de su fuerza laboral.

Nuevamente somos las mujeres quienes nos vemos más afectadas por la intransigencia de un gobierno que le hace la vista gorda a las necesidades de la ciudadanía y que prefiere desconocer la evidencia que nos muestra que estamos en condiciones de hacer un esfuerzo y de que la economía no va a reventar.

Tanto Arindrajit Dube, en su investigación “Impacts of minimum wages: review of the international evidence”, como Nicolás Grau, Jorge Miranda y Esteban Puentes en “The effects of the minimum wage on employment and wages”, demuestran que aumentar el salario mínimo tiene un efecto casi del 0% en el nivel de empleo.

Desde esta perspectiva, los impactos de un aumento real del salario mínimo serían ínfimos para la oferta laboral, cuestión que deberían considerar nuestras autoridades, que al mismo tiempo conocen las restricciones del alcance que tiene el Ingreso Mínimo Garantizado, que a través de un subsidio permite elevar los ingresos de quienes tienen sueldos más bajos.

El problema es que esta política sólo corre para las personas que se rigen por el Código del Trabajo y que se encuentran dentro del 90% con menos recursos de acuerdo al Registro Social de Hogares y que deben postular a dicho beneficio a través de plataformas digitales, generando una barrera muy grande para las y los trabajadores que no tienen cercanía con estos portales. Situación que deja al margen a varias personas como ocurre con todos los beneficios que no son automáticos y que dependen de la hiperfocalización.

Junto a estos datos, también podemos observar el salario mínimo que fijaron otros países cuando tuvieron un nivel similar al PIB per cápita que tiene Chile en la actualidad. Existen dos casos emblemáticos que lo retratan: el de Holanda en 1983, cuyo salario mínimo era 3,6 veces mayor al que tenemos hoy, y el de Estados Unidos en 1965, que lo supera en 3,1 veces. Incluso si hacemos la corrección en torno al poder de compra del dinero, nuestro salario mínimo queda por debajo.

Otro elemento que hemos escuchado esta semana es el famoso reajuste al IPC, que en la práctica aumentaría el salario mínimo en unos 1500 pesos, es decir lo que vale una mascarilla en la calle. Existen críticas a este instrumento como una herramienta válida para calcular el aumento en el costo de la vida, ya que presenta serios problemas a la hora de reajustar los precios.

Como el IPC se calcula sobre la base de una canasta que tiene ponderadores fijos en los ítems de gasto de las familias, no permite procesar los cambios en los patrones de consumo de la ciudadanía —que en tiempos de crisis varían aún más— impidiendo un cálculo real y proporcional a la inflación.

En términos sencillos, el IPC nos dice todos los meses que las familias ocupan un 19% de su presupuesto en la compra de alimentos, lo que ya es discutible en tiempos de normalidad, pero que a todas luces no tiene sentido de realidad en medio de esta crisis.

Basta mirar cómo cambió el gasto en nuestros hogares u observar las ciento de ollas comunes a lo largo del país para saber que se está gastando mucho más en alimentos. El punto es que si vemos la inflación total del último año esta es de 2,5% y en los últimos 6 meses de 1,3%, pero si nos fijamos en el ítem alimentos la inflación llega a 6,8% y 4,5% respectivamente.

Finalmente, es importante conectar esta discusión con el debate constitucional, porque en este tipo de situaciones es cuando más podemos apreciar la forma en que la Constitución influye en nuestra vida cotidiana.

Si hoy el gobierno puede proponer un reajuste real del 0%, es porque el artículo 65 inciso 4º de la Constitución fija, como una atribución exclusiva del presidente, la capacidad de proponer un aumento del salario mínimo.

El problema de esta situación, es que desde la otra vereda los sindicatos no tienen las herramientas para negociar un aumento real de sus salarios, ya que la Constitución sólo les permite negociar con sus empleadores, encerrando la discusión en las empresas e impidiendo que se puedan organizar de forma más amplia, a través de rubros económicos, como ocurre en la negociación por rama.

Si lo analizamos desde esta perspectiva, podemos decir que es urgente avanzar en un cambio constitucional que fortalezca los derechos de los y las trabajadoras, mejorando su poder de negociación, algo que la derecha y los gobiernos de la Concertación no hicieron durante 30 años.

Así nos damos cuenta que no basta con votar apruebo, como últimamente ha afirmado el principal candidato de la derecha, acá lo relevante es buscar un cambio que realmente le entregue la capacidad a la ciudadanía, y especialmente a las trabajadoras de este país, de negociar mejores salarios y por lo tanto mejores condiciones de vida, porque la derecha, incluso en pandemia, es capaz de seguir precarizándonos.

Las autoras son la presidenta Electa de Convergencia Social y la encargada de la Comisión Económica de Convergencia Social, respectivamente.