En una nueva conmemoración del golpe de estado y el derrocamiento del presidente Salvador Allende, el país vive un momento histórico de cara al plebiscito del 25 de octubre, que muy probablemente acabará con la Constitución de la dictadura.

Las dramáticas consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, y la implementación de un modelo económico basado en la inequidad, es una herencia que aun padecemos y ha sido masivamente develado y rechazado en las movilizaciones sociales del mes de octubre.

Lo anterior debe servirnos, necesariamente, para reflexionar sobre la constitución que queremos y el país necesita.

La primera lección que nos debiera haber dejado las dramáticas consecuencias del Golpe de Estado, y que se hace evidentes hasta hoy es que las constituciones son un marco mínimo de convivencia en democracia, que debe respetarse sin excusas. No hay circunstancia alguna que justifique derrocar a un presidente democráticamente elegido, acabar con la separación de poderes del estado, clausurar el parlamento y suspender derechos y garantías personales.

Resulta indispensable que una nueva constitución reafirme la subordinación de las FFAA y de orden al poder civil. De la misma manera, el poder civil debe hacerse responsables de las acciones que estos ejecutan.

Lo anterior debiera dar pie para repensar el rol y la formación de estas instituciones. Educar en una cultura de derechos humanos es urgente. Los escándalos en que se ha visto envuelta la policía chilena, hablan de un déficit en esta materia, y que atenta incluso contra si misma. El uso excesivo de la fuerza, casos de corrupción o femicidio, sumado al encubrimiento de los hechos por la propia institución, no hacen más que desprestigiarlos ante la ciudadanía y alejarlos de la realidad actual. Por eso no es de extrañar que quisieran bautizar su Escuela con el nombre del ex director Stange, todo lo cual da cuanta de la total desconexión y falta de empatía con los valores y las demandas sociales del Chile de hoy.

Lo que nos ha dejado como lección el 18 de octubre, es precisamente, que la dictadura significó no sólo la pérdida de vidas humanas, si no que también de derechos sociales y económicos, que pasaron a ser privilegio de unos pocos. Que incluso ante una tragedia como la pandemia que padecemos, no existe un Estado capaz de asegurar condiciones mínimas de vida a los más desfavorecidos.

Una nueva constitución debiese asegurar también, esos derechos humanos básicos, que terminen con la enorme desigualdad que nos afecta y nos violenta como sociedad.

Este año, en esta fecha tan significativa y dolorosa, podemos señalar que nuevamente la agenda de derechos humanos está sobre la mesa, pero de una manera mucho más integral. Del mismo modo que nuestras memorias sobre la dictadura se completan al recordar no sólo la violencia física ejercida, si no la pobreza y el hambre que caracterizaron esos largos 17 años y dramáticamente revividos hoy en medio de la crisis sanitaria y económica.

Necesitamos una constitución que nos permita construir un país más solidario, más justo. debemos construir un Estado que ante las demandas sociales no responda con la represión y la violencia. La violencia no puede ser nunca más la repuesta ante la movilización social.

Ya lo dijo salvador Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza”.