La fallida acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, no solo es un hecho relevante en sí mismo, sino también por los antecedentes que aporta a otros debates relevantes de la política chilena actual, como la muy repetida quimera de la unidad de las oposiciones y el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.

Más allá de los méritos o deméritos de la acusación, volvió a quedar en evidencia que la afirmación formal de que la oposición tiene mayoría en el parlamento no tiene ningún sustento en la realidad. Si solo nos remitimos a las acusaciones constitucionales, veremos que han fracasado una y otra vez, pero podríamos hacerlo extensivo a varios proyectos de ley donde el Gobierno, recurriendo a distintos recursos, ha logrado transformar una minoría formal en una mayoría real.

Éste no es un asunto baladí, puesto que en este caso la acusación se presentó con toda la formalidad institucional: fueron los jefes de bancadas, uno a uno, quienes concurrieron juntos a la presentación. La natural suposición de que ese gesto sería vinculante fue desmentida ayer, con lo que queda, además, en evidencia que la pertenencia a un determinado partido político no garantiza el modo en que puedan votar. No ha habido claridad ante la ciudadanía respecto a cuáles son los tipos de discusiones en los cuales los parlamentarios pueden apelar a su propia convicción y cuáles aquellos en que se debe votar junto con el partido o la coalición. Mientras eso no esté claro, se rompe el contrato social con el electorado, que muchas veces vota por listas y por coaliciones, en un sistema donde candidatos son arrastrados, precisamente, por pertenecer a partidos y coaliciones. Si así no fuera, éste sería un parlamento solo de individuos.

Esta constatación debería llevar a la confirmación definitiva de que no basta con “no ser derecha” para tener un proyecto en común. Si bien una acusación constitucional no es un asunto programático, lo ponemos en una larga lista de proyectos donde las oposiciones han votado desunidas. No se imagina que estos grupos variopintos pudieran avanzar hacia algún tipo de pacto, salvo por la pura aspiración al poder y/o para repetir algunos de los problemas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde acto seguido de que en campaña se usara la frase “Un parlamento para Bachelet”,  parlamentarios oficialistas propiciaron varias derrotas legislativas a su propio gobierno. Célebre se ha vuelto la afirmación del entonces senador Andrés Zaldívar, quien dijo que “el hecho de tener mayoría en el Congreso no nos obliga a usarla”.

Por último, nos parece no solo legítimo, sino de buen gusto y propio de un voto informado, que la ciudadanía pondere a este congreso nacional a la hora de votar en el plebiscito del 25 de octubre. En caso de triunfar la opción Convención Mixta, será la mitad de este parlamento la que deberá redactar la nueva Carta Fundamental. Cada elector ponderará, en la cámara secreta, si aquello es lo mejor o no para Chile.