Hace 27 años, en medio de la transición “en la medida de lo posible” que comenzábamos a vivir los chilenos, ocurrió la matanza de Apoquindo. Era el 21 de octubre de 1993 y un grupo de militantes del Movimiento Juvenil Lautaro había asaltado un banco en Las Condes, matando al guardia del recinto. Carabineros inició una persecución contra los asaltantes, quienes primero tomaron un taxi y luego una liebre (pequeño bus de transporte público clásico de la época). Cuando Carabineros la interceptó un suboficial fue herido mortalmente. Lo que vino después fue una masacre. La policía -que ya tenía rodeado el bus con patrullas y un helicóptero- en vez de negociar la rendición de los asaltantes, acribilló el pequeño bus, con más de 20 pasajeros en su interior sin importar consecuencias. Los informes posteriores hablan de más de 150 tiros a la micro, con el resultado de seis personas fallecidas (tres pasajeros y tres lautaristas) y quedando heridas otras doce. No fue todo: tras la lluvia de balas, Carabineros arrastró a pasajeros muertos y vivos fuera del bus, golpeando brutalmente y amenazando de muerte a estos últimos, sin saber si eran o no parte de la banda del asalto.
El hecho causó gran conmoción pública, tanto por la violencia de los acontecimientos como por su cobertura mediática, la que incluyó fotografías y relatos de periodistas que se encontraban en las inmediaciones.
Siempre es importante recordar fechas tan dolorosas como estas, que nos recuerdan que los noventa fueron años de mucha represión y violaciones a los derechos humanos. En el marco de la transición a la democracia, la persecución a los grupos armados de izquierda -que se mantuvieron activos después del fin de la dictadura- se desarrolló bajo una lógica propia de los organismos policiales y judiciales de la dictadura, con asesinatos, torturas, dobles juicios en tribunales civiles y militares, condiciones extremas de encarcelamiento y una serie de acciones reñidas con el respeto de los derechos humanos.
Cabe precisar que estas acciones no solamente se dirigieron a los grupos armados de izquierda, sino también hacia todos los movimientos y organizaciones sociales y políticas que fueron disidentes con este “nuevo pacto democrático”. Esta violencia estatal no sólo se mantendría a través del tiempo, sino que se expresaría con fuerza nuevamente a partir de las movilizaciones del año 2011, como ha sido señalado en diversos informes de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
Por eso, recordar la masacre de Apoquindo y ese período es relevante, porque ese pasado nos habla del presente. Hoy, cuando está instalada la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Carabineros desde el último levantamiento social del 2019 y sobre cuál es el control civil de esta institución -deslegitimada por una serie de actos de corrupción y montajes- no está de más recordar que el presidente de aquel entonces, Patricio Alwyn, defendió enfáticamente la labor policial. Lo hizo con argumentos que se han ido repitiendo a través del tiempo y que básicamente apuntan a justificar los abusos y violaciones a los derechos humanos en función del mantenimiento del orden social, sin ninguna asunción de responsabilidad respecto de muertos y heridos.
-“No tengo ningún antecedente para poner en tela de juicio la acción de Carabineros …’todos los antecedentes que posee el gobierno es que Carabineros cumplió con su deber exponiendo a su propia gente.
-Pero, estima que fue adecuado su actuar, considerando la gran cantidad de público que había en ese momento?
-Aquí ocurre lo siguiente. Cuando se arrancan delincuentes, se acusa a Carabineros de ineficiente, de negligencia, de que la autoridad no se ejerce. Cuando se ejerce la autoridad, entonces se acusa a la autoridad de excesos. ¡Me parece una crítica absolutamente pasional e irracional! ¡Yo respaldo plenamente la acción de Carabineros!” (Patricio Aylwin, Las Ultimas Noticias, 23 octubre de 1993).
No es casual que las palabras de Aylwin nos parezcan tan familiares en pleno 2020. Son parte del discurso oficial que se mantenido por más de 30 años desde el Estado, donde las vidas humanas parecieran ser siempre irrelevantes para imponer una concepción del orden público, autoritaria e indiferente a los derechos de las personas. En ese entonces como hoy, la sanción fue de escritorio: pena remitida para solo dos carabineros acusados.
En el contexto actual, con los importantes cuestionamientos a Carabineros y la necesidad de refundar la institución y reemplazarla por una policía moderna, eficiente y apegada al respeto a los derechos humanos, no se debe perder de vista cómo hemos llegado a la situación actual: gracias a una larga trayectoria de nulo control civil sobre los mandos y lineamientos de la institución y con un apoyo irrestricto hacia ella, que como vemos en las palabras de Patricio Aylwin, desde ese principios de los noventa, ha antepuesto el ejercicio de la autoridad y la búsqueda del orden público, a los derechos humanos, la probidad e incluso las leyes de la República.
