Después de largos meses de confinamiento por causa de la emergencia sanitaria, la ciudadanía retornó a las calles el pasado 2 de octubre directamente para manifestarse. Primera marcha y Carabineros aún está intentando explicar otro hecho repudiable. Las imágenes son elocuentes: un efectivo policial a toda velocidad empuja brutalmente a un joven de 16 años desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho; una altura de 7 metros que le ocasionó un TEC cerrado y fractura en ambas muñecas.

Semejante brutalidad policiaca no es nueva. Y contrariamente a la versión recurrente de la institución policial que señala estos hechos como “aislados”, organizaciones internacionales han sido claras en señalar su sistematicidad.

En 2019, cuatro informes internacionales indicaron que se trata de acciones “generalizadas” (Amnistía Internacional), de carácter “repetitivo” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), “reiteradas en el tiempo” (ACNUR) e involucran a “miles de personas” (Human Rights Watch). Esto no puede continuar.

Por ello es necesario acometer una cirugía mayor a Carabineros. Esta debe contener, a lo menos en el corto plazo, de modo que podamos asegurar una convivencia sana y sin la violencia que ya nos tiene acostumbrados Carabineros:

1.La renuncia del alto mando de Carabineros de Chile, partiendo por el ciudadano Rozas. Quien “dirija” una Institución pública tan vapuleada, al menos por el honor debiese ser el primero en dar el ejemplo, seguido por toda la plana mayor de Carabineros.

2. Incorporación inmediata de civiles seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública para reemplazar a los Oficiales de Carabineros que hoy siguen tomando decisiones administrativas, legales y financieras. Este serial alerta de 30 cargos profesionales para civiles con formación y experiencia en gestión e integridad pública.

3.Racionalización de los recursos entregados a Carabineros. En marzo pasado el cómputo del pacogate superó los $35.000.- millones, y para el 2021 Piñera y Briones, generosamente aumentaron en $33.305.- millones el presupuesto, mientras el nuevo Ministerio de Ciencias sufre un histórico recorte, en el programa de Becas Chile.

Junto a lo anterior, es necesario un compromiso del Estado por establecer una comisión de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión policial y sus familias. Ello, no solo en lo concerniente a los casos de abuso policial y violación de DDHH durante el estallido, sino abarcar diversos hechos que han vulnerado la seguridad de dirigentes sociales, ambientalistas, sindicales, entre otras víctimas. Es una responsabilidad del Estado poner fin a la doctrina de las FFAA y de Orden que 30 años después de Pinochet, sigue haciendo como que obedecen a los que creen que mandan.

Carabineros sigue siendo una institución que en la práctica está más apegada a la tesis del enemigo interno que al respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Esto nunca dejará de ser esencial en un Estado democrático de Derecho; el uso de la fuerza, ejercido a través de sus policías, no debe apartarse de estos principios civilizatorios.

Para tenerse presente, y aún más grave que la mera impericia dirigencial de Rozas, es que él mismo, a propósito de los abusos cometidos por sus funcionarios durante el estallido social, declaró la voluntad de desobedecer a la autoridad política y obstaculizar procedimientos investigativos por los casos de violencia institucional. A partir de esto, quedó manifiesta su notable incapacidad para conducir, quedó demostrada cuando desde las mismas filas de Carabineros se filtra y difunde un audio donde Rozas declara que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.

Ni toda esta evidencia ha logrado que Rozas asuma el liderazgo ante sus subalternos. Este hecho de deliberación y desobediencia fue pasado por alto por la autoridad civil y requiere explicación tanto de Rozas como de Sebastián Piñera y todo el desfile de Ministros del Interior, Chadwick, Blumel y Pérez, cuestión que hasta hoy no ha sucedido.

La impunidad de Carabineros puede ser indicativa de una complicidad con la autoridad política de nuestro país, quien solo tiene en Mario Rozas o en Victor Pérez otro peón que quemar antes que sea demasiado tarde.

Hoy la renuncia de Rozas es una urgencia democrática y la creación de una nueva policía una tarea civilizatoria fundamental para el futuro constituyente.

*Luis Jaqui es Administrador Público y Mag. en Políticas Públicas.