quizás los ríos vuelvan a ser caudalosos
y las huelgas de hambre no serán necesarias
quizás nuestros bosques vuelvan a germinar
y los pájaros nos regalen sus ül entre la niebla
Daniela Catrileo. 

Las palabras que siguen son apuntes urgentes sobre la frenética coyuntura que estamos viviendo en Chile, escritas en los extraños días que van entre el primer aniversario de la revuelta del 18 de octubre y el plebiscito constitucional del domingo 25. A manera de síntesis, en las páginas que siguen planteamos que lo que hemos vivido este último año corresponde a un “desborde político popular” que, enfrentado hoy a la posibilidad de ser encauzado en un proceso constitucional limitado, con escasa participación social y popular, necesita (re)pensar sus posibilidades de superación de dichos cauces para ajustarse a las expectativas y dar cuenta de las necesidades de transformación que plantea y necesita la clase popular. Con el convencimiento que solo la (re)creación constante de dicho desborde puede lograr esos objetivos, buscamos que este escrito sea una llave: no de esas que permiten abrir o cerrar puertas, sino de aquellas que dan comienzo a las partituras de los cantos populares que nos acompañarán en los meses que siguen, cuando una vez que triunfe el “Apruebo”, comience un inédito escenario de disputa por la conducción, ampliación y/o superación del proceso constitucional.

El desborde desde abajo

A pocos días del 18 de octubre, los medios masivos de comunicación instalaron en el discurso público la categoría de “estallido social” para nombrar a la revuelta social y popular que, comenzada en Santiago, se extendía día tras día por todo el país. Una categoría, que si bien puede expresar con claridad el carácter espontáneo e incluso sorpresivo de lo que ocurrió ese viernes de octubre (simbolizada en la frase: “cabros, esto no prendió” del ex Director de Metro Clemente Pérez), es un concepto errado para poder bautizar a un proceso que lejos de apaciguarse en los días siguientes, fue multiplicándose y complejizándose. En ese caso, no deberíamos hablar de “un” estallido, sino una seguidilla de ellos. Con todo, es una categoría muy propia de quien mira la realidad de la clase popular desde arriba -el espacio público- y desconoce o subestima los flujos subterráneos de asociatividad y organización que recorren el subsuelo privado, comunitario, local de las organizaciones sociales y populares. Aquellos flujos fueron los afluentes que alimentaron este río que comenzó a desbordarse en plena Alameda, desde ese viernes. 

Por ello, categorías como revuelta popular o rebelión popular comenzaron a aparecer y dotar de mayor sentido el fenómeno vivido, aunque ninguna de ellas haya logrado aún instalarse como hegemónica. Tratando de aportar en esa discusión, planteamos que la categoría de “desborde político popular” puede ser de mayor utilidad para comprender el fenómeno. Una categoría que no es nueva en Nuestra América, y que recogemos del antropólogo José Matos Mar, quien en la década del 80, utilizó la categoría de “desborde popular” para nombrar las nuevas formas de organización de los pobres urbanos de Lima. Esta categoría cuenta, creemos, con elementos importantes que pueden ayudarnos a hacer comprensibles las complejidades del momento actual. 

Sintéticamente, Matos Mar planteó que la migración campo-ciudad que se intensificó desde los años 50 reestructuró a tal punto la fisionomía de la ciudad que sobrepasó la capacidad de ésta de absorber -económica, política y culturalmente- a estos sectores, obligando a esta nueva clase popular urbana a configurar múltiples y variadas formas de organización para sobrevivir, desplegando repertorios de acción insólitos y con altos grados de espontaneidad, gatillando una crisis en el Estado, por su imposibilidad de responder o normar este proceso, generando un serio vacío de poder frente a un pueblo que, rebasando el orden establecido (de lo legal y lo formal), alteró la sociedad, la política y la cultura con nuevas formas de conducta y de vida. 

Así, la categoría de “desborde popular” que, en diversos grados, se experimentó en todas las grandes urbes de Nuestra América fue una manera diferente -y desde abajo- de nombrar las dinámicas del cambio social que se experimentaban en nuestro continente, superando las nociones de integración, reforma y revolución que utilizaba la izquierda política, e instalando la idea de la existencia en estas grandes urbes de dos sociedades paralelas, donde la sociedad formal/institucional se muestra cada vez más incapaz de gobernar ese mundo “otro” popular.

¿Cómo leer el Chile post 18 octubre del 2019 desde el desborde? Ejemplos hay muchos: el espacio público donde se organiza el poder institucional (el centro de Santiago) fue desbordado al punto de no poder contener a los millones de personas que ocuparon las calles, veredas, parques, estatuas y muros, de forma simultánea. La violencia política popular se desbordó más allá de los días rituales en que se expresa (tales como el 29 de marzo u 11 de septiembre), y se instaló en pleno centro de la capital, extendiéndose y multiplicándose cada noche en barricadas territoriales. La desobediencia civil desbordó el estado de excepción evadiendo, saqueando o caceroleando, con toques de queda que no fueron respetados (en plazas donde las y los manifestantes hacían cuentas regresivas cuando llegaba la hora de inicio del toque, como si se tratase de una celebración de año nuevo, festinando dicha desobediencia), y militares que fueron una y otra vez humillados y expulsados de los espacios barriales poblacionales. Desbordamos la cultura del “sálvate solo” en los momentos más complejos de la protesta social a través de la multiplicación de acciones de apoyo mutuo que fueron generando una particular división popular del “trabajo de la protesta”, según capacidades, surgiendo la “Primera Línea” con todas sus subdivisiones (desde la primerísima línea de escudos; la segunda, que lanzaba las piedras, la tercera, que sofocaba las lacrimógenas o la cuarta, que picaba el piso o encandilaba con sus lásers), mientras en otros sectores se constituían espacios de autogestión de la salud (las “brigadas”), de alimentación (donde destaca la olla común de las pobladoras de La Legua) y las múltiples expresiones de sociocuidado colectivo al compartir agua con bicarbonato, agua de laurel o leche de magnesia cada vez que se atacaba con lacrimógenas o gas pimienta.

Ese desborde popular, que puede parecer solo estético, tiene un alto contenido ético-político, si sumamos a la dinámica propia de la protesta la de la deliberación colectiva. En ese sentido, llamamos a lo vivido desde octubre del 2019 un “desborde político popular”, en tanto una de sus características fundamentales es que logra desbordar los lugares oficiales/legales de la política.  Así, al pasar los días, el Estado demostró su impotencia al ver como crecía la potencia (es decir, el poder) de todos aquellos rincones comunitarios donde la clase media y la clase popular se reunieron a debatir sobre sus dolores, rabias y proyectos. Las mismas sedes de la política oficial/legal comunitaria, como las juntas de vecinos, no dieron abasto para una marea popular deliberativa que empezó a ocupar cada plaza barrial/poblacional, cada esquina amplia o incluso los estadios de fútbol para (re)unirse. Los no lugares de la política se transformaron en la política real, y frente a tamaño desborde, el “poder/impotente” estatal -que solo podía gestionar la crisis pero no podía incidir en el cauce de esa discusión política de base- expresó dicha impotencia a través de su medida extrema: el terrorismo de Estado. 

Es importante destacar que este “desborde político popular” incluyó a la izquierda y a los movimientos sociales más reconocidos, quienes participaron del proceso, pero sin tener poder de convocatoria o conducción. Y si bien el único movimiento que aumentó su legitimidad en medio de este desborde fueron las y los secundarios, no se requirió de su llamado para que la clase media y la clase popular confluyeran en un ciclo de protesta que generó altísimos grados de ingobernabilidad (solo comparables con las jornadas de protesta contra la Dictadura entre 1983 y 1986), precisamente por la capacidad de hacer convivir, en el mismo territorio -sea Plaza de la Dignidad, sea en el pasaje poblacional- todos los repertorios de acción imaginables. 

Un desborde que ocupó a tal punto el espacio público y comunitario que ritualizó más de veinte jornadas de protestas consecutivas, tales como los famosos viernes de Plaza de la Dignidad. Un desborde que llevó la cruda realidad de una plaza de la periferia de Santiago (un peladero rodeado de muros graffiteados) al corazón mismo de la división clasista de la capital (“Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo”) y que escupió en cada muro el grito rabioso al que te lleva la precariedad de la vida neoliberal. Una profunda y madura crisis de representatividad de la clase política y una galopante crisis de legitimidad de esta democracia de baja intensidad que soportamos treinta años. 

Solo una pandemia mundial fue capaz de contener este desborde, que -a pesar de la leve pausa de febrero- había mostrado los primeros días de marzo importantes signos de reactivación, gracias a la multitudinaria movilización del 8M y el llamado a fugazo y tomazo de la ACES. Sin embargo, el domingo 18 de octubre pasado, después de siete meses de encierro, el desborde -callejero, al menos- volvió a copar las calles. 

Del desborde al intento de encauzamiento del Partido del Orden

“Evade” fue la consigna que sintetizó y canalizó la rabia compartida en aquellas vísperas del 18 de octubre. Como tantas otras veces durante la postdictadura -desde el “Mochilazo” del 2001- el estudiantado secundario instaló con el salto al torniquete una nueva forma de leer la historia: una forma nuestra, que resignificó una rutinaria alza del pasaje de metro, en un ejercicio que permitió despertar de los treinta años de abusos legitimados bajo la supuesta democracia. La revuelta de octubre y su “desborde político popular” nos demostró que quienes considerábamos que había que acabar con el paradigma de “la medida de lo posible”, no éramos grupos pequeños y aislados, sino las grandes mayorías. El salto al torniquete simbolizó el correr aquellos cercos de posibilidad. Evadimos el pasaje de metro, para evadir y destituir aquella Historia oficial que, basada en el éxito individual, nos decía que con el esfuerzo y mérito suficientes podríamos apuntar al ascenso social, y ser la excepción: lograr “ser alguien en la vida”. 

El desborde político popular inaugurado en octubre gestó un momento destituyente que se expresó en dos grandes dimensiones: una cultural /identitaria y otra institucional.

En relación a la primera, se multiplicaron los gritos y rayados por el “no +”, se intervinieron y destruyeron monumentos coloniales, y la protesta callejera volvió a ser nuestro escenario en común. Recogiendo lo planteado por Claudio Alvarado Lincopi, se dio un proceso de desmonumentalización, entendido como la expresión de “un malestar contra la construcción elitaria del relato nacional (…), o como impugnación contra aquel guión homogeneizante señorial de la actitud blanquecina”. Desde ahí, emergió como contracultura la reivindicación del quiltraje, el callejeo mestizo, la recuperación de la morenidad indígena silenciada, que busca su lugar público desde la wenufoye o la whipala. Desde otro punto de vista, Nona Fernández y la Red de Actrices de Chile (RACH) abordan este momento destituyente, potenciando aquellos procesos de autoeducación que nos permiten interrogar las dinámicas neoliberales que han constituido nuestras subjetividades: “esas dinámicas patriarcales, mercantilistas, egocéntricas, abusivas, hay que desbaratarlas desde el plano más íntimo para la construcción de un futuro mejor, y el trabajo en red, colaborativo, transversal es una manera de ir ejercitando ese desbarate”. 

La multiplicación del “evade” y el momento destituyente que se inauguró en el plano cultural/identitario tuvo, gracias a este “desborde político popular”, un segundo momento destituyente de carácter institucional. Este momento comenzó a escasos días de iniciada la revuelta popular de octubre, cuando la demanda por una Asamblea Constituyente se multiplicó en los carteles, gritos y rayados callejeros, comenzando a materializarse en centenares de cabildos autoconvocados, muchos de los cuales derivaron luego en asambleas territoriales permanentes. Así, desde cada espacio donde la clase popular se congregó para imaginar una vida distinta, empezaron a escribirse colectivamente cartulinas y papeles kraft, en plazas y sedes vecinales, donde comienza a redactarse una nueva Constitución. La destitución de la Constitución de 1980 significaba poder comenzar a sanar las heridas dictatoriales que aún dolían en nuestros cuerpos, y recuperar nuestra fuerza creativa colectiva. 

Era evidente que, frente a este multifacético e inabarcable momento destituyente -que comenzó a tener una deriva constituyente desde abajo-, desde arriba se haya intentado cooptar el proceso. No gastaremos palabras en criticar el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” porque sabemos que esta es una lectura ya hecha y compartida en amplios sectores desde abajo y a la izquierda, en tanto: a) frenó la posibilidad de terminar anticipadamente con un gobierno que ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos; b) reconfiguró a gran parte de la clase política civil en un solo bloque conocido hoy, desde abajo, como el Partido del Orden; c) abrió el camino para una agenda criminalizadora del “desborde político popular”, con proyectos como la “ley antibarricadas”. 

Con todo lo anterior, la clase política civil retomó la iniciativa y marcó los nuevos tiempos de la política estatal que, bien sabemos, son diferentes a los tiempos sociales de la asociatividad y organización popular. Fruto de ello, y menos publicitado que el “Acuerdo por la Paz”, el 24 de diciembre del 2019 el Partido del Orden -en voz de su Comisión Técnica Paritaria– nos regaló la Ley N°21.200 que, en pocas palabras, tiende la tan bullada “trampa legal” del proceso constituyente a través de articulados que plantean: a) la implantación del sistema D’Hont para la elección de la convención, que limita la participación por fuera de los partidos políticos; b) dictamina el quórum de ⅔ para lograr acuerdos; c) decreta la intervención de la Corte Suprema en los conflictos internos de forma que se generen entre los integrantes de la convención; e) establece que la convención debe respetar los Tratados Internacionales ya firmados -sin declarar si se refiere, por ejemplo a tratados sobre Derechos Humanos o a Tratados de Libre Comercio; f) estipula que frente al rechazo en el plebiscito de salida se mantendría en vigencia la Constitución del 80, entre otros puntos que cierran la posibilidad de una Asamblea Constituyente, y la limitan a las opciones entre Convención Constitucional y Convención Mixta. 

Este nuevo escenario no alcanzó a ser discutido públicamente por las organizaciones sociales y populares, dado el inicio de la pandemia. Frente a un Estado que se preocupó del salvataje de las empresas y no del bienestar de las personas, las asambleas territoriales  tuvieron que concentrar sus esfuerzos en sobrevivir, a través del apoyo mutuo, apelando a viejos repertorios de acción que están grabados en la memoria popular (como las ollas comunes y las redes de abastecimiento) y financiando, desde sus bolsillos, la crisis con el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Poco a poco, cierta sensación de desazón comenzó a instalarse en las bases populares organizadas, lo que implicó fuertes discusiones e incluso quiebres entre las organizaciones, frente al avance -con amplio apoyo mediático- del calendario del poder y su apuesta por procesar la movilización a través del camino electoral. Es decir, encauzar nuevamente el desborde. 

Como si ello no fuese ya un problema mayúsculo, el debate “Apruebo”/“Rechazo” se tomó la agenda de los medios de comunicación masivos, llevando a parte importante de la clase popular a centrarse en esta elección, y no en los dos planos que están detrás:  por un lado, la posibilidad de superar los límites de la ley N°21.200 para desarrollar una Asamblea Popular Constituyente; y, por otro lado, mantener el desborde político popular que tiene elementos de transformación que deben darse desde el Estado, pero también otros que deben ir contra o más allá del Estado. Dos debates que no podemos desatender, obnubilados por el resultado que tendrá un plebiscito que, a diferencia de la mayoría de las elecciones de los últimos 30 años, muestra una alta posibilidad de victoria de la opción “Apruebo”, solo quedando la duda de si ese porcentaje será una victoria simple o un hito en sí mismo por su masividad.

Frente a ello, la invitación que hacemos es a ir más allá del debate sobre la opción “Apruebo”/“Rechazo” y el órgano constituyente, para  hacernos cargo colectivamente de la problemática gigante que está detrás de este plebiscito. Con esto, nos referimos a las posibilidades de que el “desborde político popular” no se detenga frente a un proceso que, sabemos, está lleno de trampas. Un llamado a superar la ingenuidad política -¿o acaso pensamos por un segundo que el modus operandi del cambio constitucional no iba a ser elaborado en base a la política del engaño, la manipulación y la letra chica?-. La invitación es a no quedarnos en la comodidad de la superioridad moral de aquellos grupos de izquierda que esperan a que este proceso termine en la Constitución mínima -legitimada desde el manto legal que ha puesto el Partido del Orden-, para luego poder declarar con soberbia: “nosotrxs les dijimos que era una trampa”. En definitiva, es una invitación a ver qué opciones se abren en este escenario tan complejo que se viene después de la casi segura victoria del “Apruebo” para que el “desborde político popular” no sea encauzado por nadie más que nosotras, nosotros y nosotres mismes, según nuestros intereses. Si estas son las condiciones que tenemos, retomemos el diálogo colectivo para evaluar de qué manera podemos ganar. Demos cuenta de cuáles son los elementos con los que contamos para cambiar el curso de estos ríos, y así, el caudal de nuestro desborde no termine siendo agua para el molino de los mismos de siempre. 

Las cuatro vías que se abren

Intentando agrupar las diversas propuestas que plantean horizontes de transformación social en el escenario actual, tomando como eje su posición frente al proceso constitucional, hemos sintetizado cuatro grandes vías. Entendemos que hay una serie de cruces, fusiones y fronteras difusas entre sí, pero su delimitación tiene fines didácticos para sentar las bases de la discusión:

Primera vía: aceptar la propuesta “desde arriba” buscando mover sus límites

Una vez promulgada la Ley N°21.200 que, como señalamos, plasmó de forma legislativa la reforma constitucional derivada del “Acuerdo por la Paz”, diversas organizaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales comenzaron a enfocarse en generar alianzas o crear partidos políticos y pactos electorales, que permitieran la disputa en la eventual Convención Constitucional. Una vez definidos los resultados del plebiscito, creemos que de esta vía se constituirán dos alternativas. La primera, corresponde a la que tomarán los partidos políticos de izquierda -tales como el Frente Amplio o los partidos que se han agrupado en el comando Apruebo Chile Digno-, y aquellos movimientos sociales y populares, cuyas dirigencias apostarán a que dichos partidos les cedan alguno de sus cupos. La segunda alternativa, corresponde a la apuesta de aquellos movimientos sociales y populares que levantarán candidaturas en pactos independientes. Dicha alternativa será impulsada tanto por algunas coordinaciones territoriales, como organizaciones que desconfían de las alianzas con partidos políticos tradicionales, o bien no serán considerados en la repartición de cupos, asumiendo que aún no existen definiciones claras sobre si la oposición se constituirá o no en un solo pacto (desde la DC al FA). 

Si bien es cierto que ambas alternativas tendrán distintos enfoques y relaciones con el resto de los elementos -que abordaremos más abajo-, sus apuestas desde el triunfo del “Apruebo” hasta las elecciones del 11 de abril, serán: por un lado, la ampliación de los márgenes del “Acuerdo por la Paz”, apostando a asegurar escaños reservados para pueblos originarios, y el proyecto de ley que reduce y facilita los requisitos para los pactos electorales de independientes. Por otro lado, el objetivo central será la conformación de dichos pactos, la vinculación distrital con candidatos y candidatas a alcaldías y concejalías, así como, evidentemente, el despliegue de las campañas. 

Segunda vía: la Asamblea Popular Constituyente 

Ante la sospecha que provoca el proceso constituyente institucional por la serie de trampas ya reseñadas, y el rechazo político de fondo al “Acuerdo por la paz” -que aseguró la impunidad del gobierno de Piñera y de las FF.AA. y de Orden-, diversos movimientos sociales y populares han reconocido dentro de sus demandas y propuestas, la idea de configurar una Asamblea Popular Constituyente. Por ejemplo, la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) señala en su página web: “Creemos que la Coordinadora debe aportar a fortalecer el desarrollo y autonomía de las asambleas, articular la movilización, unir nuestras demandas desde lo local hacia lo nacional y avanzar hacia una Asamblea Popular Constituyente para que un cambio de Constitución en Chile responda al más amplio protagonismo popular”. En la misma línea, la síntesis del último Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan menciona en sus propuestas constituyentes: “Debe haber una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. La Constitución en su creación debe ser solidaria y feminista. Que busque el fin del modelo neoliberal capitalista, así como de la explotación”. El mismo documento da cuenta del disenso sobre la participación de proceso constituyente institucional, presentando la alternativa de “levantar una asamblea constituyente propia, feminista, disidente”. 

En cuanto a las propuestas concretas que han surgido -si bien todavía no ha sido lanzada de forma pública- la comisión de Asamblea Popular Constituyente (APC) de Unidad Social generó un documento de discusión para su convocatoria. La finalidad de esta propuesta es poner sobre la mesa un primer acercamiento metodológico para la APC, que pueda ser pulido y discutido en conjunto a otras organizaciones sociales y territoriales, de modo que su convocatoria y desarrollo sea levantado por actorías que superen los límites de Unidad Social. Dentro de los objetivos señalados encontramos: “constituir la APC como un espacio de articulación y encuentro de los pueblos de Chile, en la cual confluyan diferentes organizaciones sociales que se transformen en una fuerza constituyente que ponga fin al sistema neoliberal y a la democracia restringida en nuestro país; ser un espacio de construcción y deliberación programática; superar los límites del Acuerdo por la paz”, entre otros. 

De igual forma, las organizaciones que componen la “Coordinación Huelga por la Vida”, nacida en el contexto de pandemia, lanzaron el 4 de octubre de 2020 su convocatoria para  comenzar un proceso de articulación de organizaciones para levantar el pliego de la revuelta y avanzar hacia una Asamblea Constituyente Popular, Plurinacional, Feminista, Intergeneracional y Ecológica. Coordinación donde destacan la Coordinadora de Asambleas Territoriales CAT, Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Confederación Nacional de Trabajadores de Chile CNT y el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. 

Tercera vía: ¡A no soltar las calles! 

Si bien la pandemia generó un repliegue obligado luego de la gran marcha feminista del 8M, protestas como las desarrolladas por los vecinos y vecinas de El Bosque en mayo de este año, dieron cuenta de que la movilización callejera es el elemento central del repertorio de acción popular, en tanto es la vía de corporalización del “desborde”, y fue lo que permitió generar el clima de ingobernabilidad que, por ejemplo, forzó al Partido del Orden a crear,a regañadientes, un mecanismo (controlado) de cambio constitucional. 

Sin embargo, las organizaciones sociales y populares que apuestan por mantener la protesta callejera -resumido en la frase “A no soltar las calles”- han configurado una agenda que trasciende lo netamente constitucional. Y si bien no esquivan el tema, quienes levantan esta vía han sido quienes más han insistido con visibilizar y sostener demandas tan sentidas como el necesario juicio y castigo a los culpables de las y los asesinados durante la revuelta o la libertad inmediata de las y los prisioneros políticos. Al mismo tiempo, han sido quienes han denunciado con mayor fuerza el terrorismo de Estado que se ha recrudecido tanto en el Wallmapu como en los sectores poblacionales que han sostenido la protesta callejera, develando la impunidad con la que ha operan las FF.AA. y, particularmente, Carabineros de Chile, instalando y consolidando la idea en amplios sectores de la clase popular -organizada o no- de que las fuerzas policiales actúan en realidad como un aparato paramilitar de un cierto sector político, con el objetivo de aniquilar todo tipo de oposición. 

Desde la mirada de quienes sostienen esta vía, se plantea la necesidad de mirar más allá de este proceso constituyente, avizorando que se estaría abriendo una coyuntura donde nuevas problemáticas sociales cobrarán incluso mayor peso -como la crisis económica post pandemia- y que el centrarse solo en la agenda constitucional instalada por el poder puede debilitar la máxima expresión de “Poder popular” que se ha configurado en esta coyuntura que es, precisamente, la protesta social generadora de ingobernabilidad, la que será más necesaria que nunca en dicho escenario postpandémico cuando se busque que la crisis económica la pague nuevamente la clase popular. Bajo esta perspectiva, es imposible que el proceso constituyente no sea visto como un fraude para recobrar niveles de legitimidad de una élite política que recurre a la más cruenta violencia, dada la profunda desconfianza que existe de las instituciones que representan. En esta lectura, el plebiscito y la convención constitucional “quedan chicos”, ya que la creación de una nueva Constitución representa solo una de las dimensiones necesarias para “cambiarlo todo” y el centrar la atención sólo en ella, desvía la mirada de quienes corporalizaron el “desborde”: las personas asesinadas, torturadas o encarceladas por el Estado.

Cuarta vía: fortalecer el tejido popular territorial 

Como señalamos al comienzo, la revuelta iniciada el 18 de octubre significó una corrida de cercos en cuanto a la constitución de espacios colectivos, donde la política y los afectos comenzaron a (re)pensarse desde lo territorial. Ello se tradujo en la proliferación de asambleas territoriales que, aunque la mayoría de ellas nacen a partir de los cabildos para discutir sobre la nueva Constitución, rápidamente trascendieron ese debate para configurarse en espacios de reconstrucción del tejido social, autoeducación, recuperación de espacios locales, coordinación de movilizaciones y apoyo mutuo frente a la represión. Por ello, para muchas de las asambleas territoriales, el “Acuerdo por la Paz” se transformó en una molestia constante, en tanto si bien en términos generales se rechazó el acuerdo por las razones arriba señaladas, su imposición con el paso de los meses las obligó a posicionarse frente al proceso, lo que significó la postergación de las discusiones políticas por miedo a no poder procesar los disensos que significaba enfocarse o no en las campañas por el “Apruebo” y la “Convención Constitucional”, e incluso quiebres al interior de las mismas. Muchas asambleas se diluyeron en sus comisiones de trabajo, sin lograr volver a reunirse. Otras tuvieron que enfocarse en enfrentar la pandemia a través de las comisiones de abastecimiento y ollas comunes, así como en mantener viva la protesta. Todo esto en un escenario donde la cuarentena ayudó muy poco, ya que la “virtualización” de las asambleas estaba sujeta a condiciones técnicas y un manejo tecnológico que no está totalmente socializado en la clase popular. 

Por otro lado, muchos quiebres en torno al plebiscito terminaron en la creación de comandos de campaña, como organizaciones satélites a los espacios territoriales que debilitaron a las asambleas por la fuga de miembros. De igual manera, la agenda constitucional “desde arriba” y el halo de desconfianza y desesperanza que dejó a su paso genera dos zonas grises que tienden a debilitar a las organizaciones locales: la primera, es que se hacen evidentes las limitaciones de las asambleas locales de incidir en lo nacional y revela el desafío pendiente de estas nuevas formas de asociatividad popular de pensar procesos de articulación que no signifiquen apurar los tiempos locales de construcción y deliberación política de vecinas y vecinos; quienes,muchas veces, se reúnen por primera vez o retoman una práctica que no ejercían desde hace años o incluso décadas. La segunda, se devela en la impotencia por una agenda revestida de un lenguaje técnico, y por tanto, que obliga a manejar el lenguaje legal del Estado que, aunque tiende a moderarse a través de ejercicios autoeducativos (foros y conversatorios), implican establecer redes con las y los “expertos”.  Esto, si bien socializa saberes, en ocasiones refuerza la idea de la necesidad de aceptar los “límites de la legalidad” de los procesos por sobre la “legitimidad” de las demandas y propuestas populares. 

De este modo, el desafío luego del plebiscito y comenzado el período de campañas para la composición del órgano constituyente, será evitar la desazón de la que nos habla Raquel Gutiérrez: “Es justo ahí donde se suele instalar una contraposición excluyente entre unos y otros que únicamente alimenta la distancia y con frecuencia desdibuja la fuerza alcanzada: uno quedan atrapados en elegantes jaulas legales e institucionales en las cuales sus movimientos quedan constreñidos; los otros, fuera de tales jaulas, quedamos con una amarga sensación de expropiación de lo que habría sido posible construir en conjunto. Se vuelve cada vez más difícil, cuando no imposible, cultivar la cercanía y, más bien, se pasa únicamente a gestionar la distancia o fijar la ruptura”. 

¿Cuáles son los riesgos y alianzas de estas vías posibles?

Primero que todo, nos parece importante dar cuenta que estas vías que se abren -y, eventualmente, otras nuevas vías de pensar la transformación radical del país que aparecerán en los próximos meses y años- no operarán por sí solas, y requerirán de establecer puntos de contacto entre sí. De igual manera, sabemos que muchas organizaciones sociales y populares ya están trabajando desde alguna de sus combinaciones, comprendiendo la complejidad del período que nos toca enfrentar luego del plebiscito. En ese sentido, nuestra reflexión pasa por cómo las diferentes alianzas que debemos debatir y construir desde el lunes 26, deben tener como eje el cuidado y la profundización del “desborde político popular” inaugurado en octubre, en tanto ha sido y está siendo el proceso sociopolítico más importante de los 30 años de postdictadura.

Sin duda, uno de los riesgos más importantes para el futuro del desborde es que la vía electoral sea la única que tenga presencia, visibilidad y legitimidad pública. Si estos meses que siguen -sobre todo desde el 26 de octubre a enero del 2021, momento en que deben inscribirse las candidatura a convencionales-, el único enfoque está puesto en el proceso eleccionario que se abre desde la institucionalidad, nuevamente corremos el riesgo de que la democracia representativa de los marcos y tiempos que nos han impuesto desde arriba, produzcan una nueva generación traicionada por la política. Una generación que ante la sensación de que otra vez son los mismos de siempre los que toman las decisiones, se repliegue en una reedición de la neutralidad política como fórmula para el surgimiento individual (que se instaló sobre todo en la década del 90). 

Así las cosas, si pensamos en la proyección de nuestro “desborde político popular”, no podemos confiar únicamente en la ampliación de los márgenes del “Acuerdo por la Paz” que se ha propuesto la primera vía. No solo por la legitimidad que le puede terminar ofreciendo al Partido del Orden, sino porque la adopción de su propuesta implica precisamente la desactivación de las otras vías para calzar con el discurso civilista del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, en una campaña discursiva que ya está en curso sobre todo tras el slogan de “la condena de la violencia venga de donde venga” (que ha sido sintetizada magistralmente en el concepto del “Noeslaforma”). 

Lo complejo para quienes apuestan por esta vía es que, en su ilusión electoralista, olvidan que la modificación de dichos márgenes depende del despliegue de las otras tres vías. Sin ellas, su apuesta está condenada a la política de los consensos, de “la medida de lo posible”, la que precisamente nos trajo hasta esta crisis de representatividad y de legitimidad actual. Además, un elemento no menor para pensar una alianza en torno a esta vía, es asumir el hecho base de que tanto la vía de la protesta como importantes sectores de aquella que apuesta por la reconstitución y el fortalecimiento del tejido popular desconfían profundamente de los procesos de democracia representativa de la primera vía, así como de que un proceso paralelo de APC sea efectivamente posible. 

Como contrapartida, tanto la primera como la segunda vía corren el riesgo de caer en una segunda ilusión: aquella que plantea la existencia de una vanguardia que guiará este proceso, o bien, la necesidad de que un sector se constituya como tal. De este modo, vemos cómo puede caerse en dos estrategias dañinas para el desborde: en primer lugar, en intentos de neutralizar a la tercera vía desde los llamados “desde arriba” a jornadas de protesta -supeditando así la legitimidad de éstas a su convocatoria desde algún ente visible, centralizado y que pueda acumular el capital político de las mismas-, al mismo tiempo que delimita los márgenes de la desobediencia civil aislando a las organizaciones populares que reivindican formas históricas de violencia política popular en las protestas, sobre todo poblacionales; y, en segundo lugar, en los intentos por conducir a la cuarta vía, reduciendo su potencialidad local a un momento pre-político, que solo adquiere sentido cuando se traduce estatalmente. 

No obstante, las sensibilidades y figuras estéticas de la revuelta nos dan cuenta de una política que se ha desbordado precisamente por haberse gestado y entramado desde abajo. Si hasta hoy no se ha levantado una organización de vanguardia que tenga condiciones de convocatoria, es precisamente porque la confianza que ha permitido que millones de chilenas y chilenos se atrevan a manifestarse se ha gestado desde los tejidos de la tercera y cuarta vía: desde las prácticas cotidianas que se han levantado en nuestros territorios para leer colectivamente el contexto en las conversaciones y procesos autoeducativos de asambleas y cabildos, en los ejercicios de cuidado colectivo frente a la represión (sea en las protestas que se dan en los centros de las ciudades como en su periferia), en el ejercicio de alimentarnos en los momentos de crisis a punta de ollas comunes, huertas comunitarias y redes de abastecimiento popular de alimentos, entre otras prácticas.

En síntesis, si comprendemos como necesarias las alianzas entre la tercera y cuarta vía: ¿cómo encauzamos los objetivos de la protesta para generar acumulación local en nuestros territorios?, ¿qué discusiones debemos dar para pensar intersecciones creativas de estas vías que nos permitan mantener y profundizar nuestro desborde? y, sobre todo, ¿cómo hacernos cargo de que, aunque no lo queramos ver, el proceso constitucional que se le arrebató al Partido del Orden a punta de desobediencia civil, sigue ahí, en pie, y será tema obligado de conversación y acción política los próximos meses? 

Desafíos para un momento constituyente desde abajo 

No había pasado ni una semana desde la protesta social y popular más grande desde 1986, y ya estábamos sentados en plazas, esquinas y juntas vecinales, pensando en el cambio constitucional, discutiendo acaloradamente y garabateando papelógrafos con demandas y propuestas. La tradición legalista de parte importante de nuestra clase popular seguía ahí, intacta, aunque se mezclara y conviviera orgánicamente con los cacerolazos y barricadas con las que muchos de estos cabildos de base terminaban, al caer la noche. 

La Constitución de 1980 es la consagración jurídica de las heridas dictatoriales, lo que hacía que el relato de cómo se gestó ese proceso y de aquellas elecciones ilegítimas se repitiera una y otra vez en nuestros espacios de encuentro. No obstante, más allá del trauma abierto que es compartido colectivamente, cuando comenzamos a levantar los lienzos por una Asamblea Constituyente, “una de verdad” como se decía en las calles, aparecieron una serie de expertos constitucionalistas haciéndonos ver que los procesos eran mucho más complejos que nuestras asambleas territoriales. Así, el “Acuerdo por la paz” -plantearon estos expertos- instaura un momento en el cual debemos volcarnos a “comprender” qué es lo que está pasando en la esfera legal, cuáles son los límites, las trampas, los lenguajes que debemos aprender para hablar el idioma de la ley. Los procesos legislativos para el cambio constitucional nos alejan de las discusiones sobre la vida que creemos es digna de ser vivida, así como también, hacen ver que la protesta ya “no es la forma”, puesto que tenemos un proceso institucional en curso. Nuevamente, la tecnocracia impuso sobre el deseo popular la racionalidad de su capital cultural.

Pero si bien muchas de las asambleas surgieron al alero del debate constitucional, mutando del Cabildo temporal a la Asamblea Permanente, sabemos que esta (re)constitución popular trasciende la esfera jurídica. Son las nuevas relaciones sociales, los afectos, la oportunidad de construir comunidad, lo que está en juego y moviliza aún a nuestra gente, a pesar de todo. Es el cuidado comunitario, que reemplaza la ilusión del paternalismo estatal y de la esfera privada- familiar el que hizo que la clase popular saliera a la calle a levantar ollas comunes, a pesar de la pandemia. Han sido los momentos de indignación provocados por los episodios de terrorismo de Estado los que han generado los puntos altos de la protesta de estos días, recuperando la Plaza de la Dignidad después del homicidio frustrado contra Anthony o levantando barricadas después del asesinato de Aníbal. Fue el dolor colectivo surgido tras los femicidios de Ámbar y Antonia los que motivaron la protesta, el fuego, y que las mujeres volvieran a copar las calles, corporalizando “un violador en tu camino” de Las Tesis. 

De este modo, pese al riesgo vanguardista de que alguna de las vías quiera marcar la pauta a las demás, los núcleos de poder popular constituyente más estables se han comenzado a gestar desde las vías 3 y 4, como espacios contrainformativos, asambleas territoriales y comandos. En ese sentido, creemos que dichas coordinadoras y articulaciones son los espacios desde los cuales se puede levantar un proceso constituyente desde abajo, puesto que el surgimiento de estos espacios es la más importante victoria de la revuelta del 18 de octubre: re-tejernos en espacios comunitarios locales, para vencer el mito neoliberal de la soledad. 

La construcción de una APC que se sustente en la protesta y la reconstitución de los tejidos populares nos permitirá interrogar e interpelar la vía electoral que ha sido diseñada “desde arriba”. Estas experiencias de poder popular constituyente serán esenciales para nuestra autoeducación, y permitirán un fortalecimiento de la cuarta vía, apostando a procesos históricos de largo aliento que excedan el tiempo corto del cambio constitucional. 

De este modo, los desafíos que surgen para la clase popular son potenciar los desbordes de la institucionalidad que permitan abrir escenarios de disputa para disminuir los niveles de agobio, y no seguir siendo nosotres quienes financiamos la crisis. Para ello, debemos repensar las demandas de corto plazo, cuya solución es urgente para la participación popular en los procesos de deliberación venideros. 

De igual forma, es fundamental que quienes levantan la segunda vía definan cuál va a ser el alcance de sus propuestas de APC y su relación con los ritmos y mecanismos que nos impone la primera vía: a) si se va a constituir como una asamblea de facto que buscará imponerse a la institucional; b) si se plantea como el lugar donde se definan los ejes programáticos populares, los que luego se posicionarán en las movilizaciones callejeras para así influir en la Convención constitucional “oficial”; o c) una combinación de ambas vías. 

En esa línea, creemos que (re)constituirnos desde abajo implica acabar con aquella ilusión electoralista que plantea la primera vía como única alternativa de intervención, por lo que no podemos renunciar a imaginar cruces entre las diversas vías para alcanzar nuestros objetivos. Así, para lograr un proceso constituyente desde abajo, quienes levantan la segunda vía deben clarificar a las organizaciones que sustentan la tercera y la cuarta, cuáles son sus apuestas, ya que no hay posibilidad de éxito de un proceso popular constituyente, sin el despliegue y apoyo de estas últimas. Al mismo tiempo, deben generarse condiciones de confianza suficientes para que la APC no signifique un cierre de proceso, sino una batalla clave que puede complementarse con las agendas populares que la tercera y cuarta vía vienen levantando desde el inicio de la revuelta.

No permitir que se encauce nuestro “desborde político popular” requiere de que este momento constituyente desde abajo reconozca los cruces virtuosos que pueden -y deben- darse entre la protesta, el fortalecimiento de los tejidos populares y los procesos de participación que podamos abrir en lo institucional y más allá de esta dimensión. A pesar de que abordar este desafío significa luchar contra el tiempo, levantar espacios para conversarlo desde abajo es una necesidad y una obligación, ya que sus resultados pueden implicar una transformación inédita en nuestra historia reciente: una transformación hecha para y por nosotres. No podemos correr el riesgo que implicaría no resolver las relaciones que, en esta coyuntura histórica, deben darse entre estas vías, puesto que las consecuencias podrían ser un nuevo repliegue de otros treinta años. 

El torniquete de pensar desde, contra y más allá del Estado es el que nos toca saltar ahora como pueblos.

Sofía Brito es escritora y activista feminista. Daniel Fauré Polloni es historiador y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Chile.