La semana pasada celebrábamos el anuncio del Gobierno de remover al general Rozas de la dirección de Carabineros. Junto con señalar que era probablemente la mejor decisión del Ejecutivo en meses, por cuanto descomprimía el ambiente, augurábamos que podía servir para una relación menos confrontacional con las oposiciones y la ciudadanía, en beneficio entre otros de los propios moradores de La Moneda, si ese gesto inicial era acto seguido acompañado por las señales correctas. Lamentablemente, la decisión de llevar el proyecto de reforma constitucional para el retiro del segundo 10 por ciento de las AFPs al Tribunal Constitucional, volvió todo a fojas cero.

Una vez más, se vio ante el país a un gobierno en tensión buscada con otro poder del Estado, con las oposiciones y con la gran mayoría de la población que apoya este proyecto. La decisión es irrefutablemente política y no técnica ni de principios, puesto que el mismo Ejecutivo se había abstenido de realizar la misma acción cuando se aprobó el retiro del primer 10 por ciento.

Durante la semana, el Gobierno ya había mostrado su disposición al choque, al presentar un proyecto de ley que entre otras consideraciones incluía la obligación de devolver lo retirado. Una suma de excepciones y obstáculos al retiro que hicieron que, como el poema de Benedetti, fuera desde siempre un niño muerto. Con todo, la iniciativa ponía encima de la mesa un debate legítimo, sobre si en estas circunstancias lo justo serían las ayudas universales (proyecto de la oposición) o la focalización en quienes más lo necesitan (proyecto del Gobierno). Para tal efecto, no era necesario acudir al TC. Cuesta encontrarle racionalidad política a la decisión, pero al menos se debe descartar que se pretenda con ello mejorar la aprobación ciudadana o generar un mejor clima político en el país.

La posición del Ejecutivo ha hecho que se repitan, y no solo entre las oposiciones, señalamientos como “provocación”, “falta de empatía”, “apagar el incendio con bencina” e “incomprensión sobre la crisis social”. Lo cierto es que no solo es una toma de postura “contra-intuitiva”, sino que hace aparecer al Gobierno defendiendo a las AFPs, lo que es probablemente lo menos recomendable que se puede hacer en este momento. Tampoco ayudan las vocerías posteriores, como la de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien dijo que el no pago de impuestos por el retiro de los ingresos más altos sería “un regalo del Estado”. Más que una opinión en estas líneas, baste con remitirse a la reacción de la opinión pública.

El mal momento del Gobierno había dado lugar, semanas atrás, a que analistas de procedencia transversal se refirieran al escalamiento, desde una situación coyuntural, a la afectación de la institución de la presidencia de la República. Que aquello no se agrave requiere de algunas condiciones, entre ellas el cese de los inaceptables insultos de algunos parlamentarios contra el Presidente (se puede discrepar en duros términos sin ofender en lo personal), pero, de manera indispensable, se necesita prioritariamente del cuidado del propio Gobierno respecto a la situación delicada en que se encuentra. El batatazo de ayer hace todo lo contrario y genera las condiciones para una crispación cuyos efectos están recién en desarrollo.

Desde ayer, se han hecho distintas convocatorias a protestas para rechazar la decisión del Gobierno, asunto tan previsible que ya lo había dicho, casi con estas mismas palabras, el senador Juan Ignacio Latorre en nuestro medio el pasado sábado. La discusión legislativa de esta semana, además, será especialmente dura y probablemente será seguida con mucho interés por parte de la ciudadanía. Dicho todo lo dicho, lo que más lamentamos es estar hablando del Tribunal Constitucional, de las AFPs y no de la crisis social, que es el origen de este laberinto y cuya falta de atención es lo que acrecienta el malestar ciudadano.