Instalando  trampas legales en el camino constituyente, el gobierno y la clase política defensores del modelo neoliberal empobrecedor y destructor de la naturaleza, han intentado bloquear el ejercicio del poder constituyente,  instalando la noción de que la asamblea constituyente deberá respetar todos los tratados internacionales vigentes. El sistema pretende sepultar las demandas voceadas en las calles en el estallido social, y  continuadas en la revuelta popular.  Entre esas demandas sonó fuerte el “No al TPP-11”, voceado por amplios sectores sociales a lo largo del país, que recogieron así también los resultados del plebiscito ciudadano realizado en todo el país en julio de 2019, como una forma de democracia directa que prefiguraba la protesta nacional.

La represión ha continuado y los y las presos políticos de la revuelta, así como los luchadores sociales mapuche y las y los jóvenes iniciadores del estallido, se ven privados de sus derechos en medio de una total impunidad del terrorismo de Estado. Las y los “despiertos”, lograron en muchos rincones de Chile, establecer una conexión lógica entre la precarización de sus vidas y los tratados de libre comercio, funcionales al modelo agroexportador,  extractivista y patriarcal donde las mujeres  pagan en sus cuerpos los impactos negativos en su salud y la de sus familias. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando en las asambleas territoriales  hablábamos del derecho a una previsión digna, de desprivatizar el agua y la semilla, cuando pedimos no más zonas de sacrificio contaminadas y/o saqueadas por la minería o por los cultivos de la agroexportación, cuando los deudores del CAE se expresaban, y las y los trabajadores denunciaban derechos conculcados,  se prendió la luz roja al TPP, que representa más de lo mismo.

La pandemia sólo reafirmó ese cuadro, evidenciando que la mayoría de las víctimas del COVID-19,  vivían en comunas populares   y territorios que exhiben enormes carencias en la salud pública, y una prolongada incapacidad del gobierno y el parlamento de responder a sus demandas frente al deterioro creciente de sus vidas. En este período aumentaron los femicidios, la violencia de género, los problemas de salud mental  y la carga de trabajo no remunerado en las mujeres.  Andrés Allamand y el gobierno de Piñera, así como Heraldo Muñoz y Ricardo Lagos,  voceros del modelo y partidarios del TPP-11,  son patéticos y fosilizados representantes de esta agresión a la soberanía popular.

Si este tratado es aprobado, las corporaciones trasnacionales cuyas ganancias y capital están garantizados en los capítulos de Inversión y Resolución de Controversias, pueden instalar más trampas antes o después de la constituyente, en el afán de impedir  el fin definitivo de las AFPs,  o la incorporación en la constitución de los derechos del agua y la naturaleza, así como el fortalecimiento de la salud y la educación públicas. Los cambios a las reglas del juego pueden ser considerados como “expropiación” por los inversores. Este tratado incluso faculta a las corporaciones trasnacionales a demandar al Estado por leyes o medidas adoptadas en pandemia, por ejemplo en cuanto a previsión (10% u otras) o las deudas en servicios básicos.  Además el TPP impide que el Estado pueda condicionar  la inversión en proyectos en minería y la energía,  por ejemplo, a transferencia tecnológica perpetuado el pobre status chileno de país exportador de materia prima.

El camino para que el poder constituyente sea ejercido por el pueblo está plagado de trampas que el Senado en pleno se niega hasta ahora a retirar, negándose a “emparejar la cancha” y a permitir hacer pactos entre listas de independiente, o de estos con partidos) y No entienden “no ven venir”,  que más allá del itinerario y las reglas oficiales, este es un proceso que no se detendrá y en el que sectores sociales como la Coordinadora Feminista 8M, transversal a la sociedad, han expresado su decisión de avanzar saltando los torniquetes y trampas impuestos por el sistema.

Muy pronto la palabra la tendrán las y los constituyentes y el pueblo movilizado y vigilante del proceso, desde el reglamento hasta cada decisión adoptada, para impedir que una vez más se frustren las expectativas de cambios profundos.   El 80% de la sociedad chilena ya expresó su anhelo de cambio y su voluntad de hacerlo soberanamente, sin delegar el poder constituyente.

Recordemos que el 17 de Octubre de 2019 la mayoría de la Comisión de Constitución del Senado, aprobó el TPP-11,  pero el estallido social detuvo la votación en sala. Una ratificación de este tratado sería vista como una provocación del gobierno y la clase política.

 Tras el plebiscito y ad portas de las inscripciones de listas de independientes que expresarán  la voluntad popular, los senadores deberán elegir desde ya entre rectificar, congelando definitivamente el TPP-11, o dar la espalda definitivamente al pueblo movilizado.