El momento histórico que vive Chile y la aspiración de reconstruir un país que integre a sus habitantes, en vez de segregarlos, requiere instituciones que encarnen tal propósito. Probablemente ninguna está más en las antípodas de aquel anhelo que Carabineros. Para quien piense que hay exageración, probablemente ése sea el punto: la experiencia de cada uno de nosotros con la Policía chilena está determinada por la clase, la apariencia, el color de la piel o el acento. Mientras más abajo y al margen de la sociedad se esté, más se entiende la gravedad del problema. Y viceversa.

No hay coaliciones políticas que hayan estado en el Gobierno o el Parlamento en los últimos 30 años que puedan sentirse libres e inocentes de la crítica. Todas, en algún momento, han cedido al populismo mediático de la mano dura y entregarle más atribuciones a una institución que no las ha merecido, a pesar de que la posición consensual de los expertos se ha opuesto una y otra vez a tales pulsiones legislativas. Especialmente delicado es lo que sucedió con la tramitación del control preventivo de identidad durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, proyecto que fue defendido por el Gobierno durante y después de su tramitación, a pesar de que los especialistas dijeron, una y otra vez, que no tendría efectos en la prevención del delito y que solo agravaría la ejecución de prejuicios de los individuos carabineros contra ciertos sectores de la población (jóvenes, pobres, migrantes o personas con apariencias como hombres de pelo largo y otros equivalentes). Sugiero comparar al malabarista asesinado en Panguipulli con lo que acaba de leerse entre paréntesis.

A quienes trabajamos o se informan a través de Radio Universidad de Chile esto les consta especialmente, puesto que durante la tramitación del proyecto entrevistamos a expertos de distintas universidades, centros de estudios y procedencias disciplinares, que coincidían en decir y anticipar lo que pasaría, mientras Gobierno y Parlamento discutían transversalmente, salvo excepciones, bajo coordenadas completamente distintas. Sin suficiente sustento técnico, por cierto.
La situación actual es especialmente trágica, porque entremedio hay personas que han muerto o han sido dañadas de por vida, pero además porque nos ha devuelto institucionalmente, cual juego de salón, al punto de partida de la Dictadura, cuando las autoridades de facto de la época pusieron a las instituciones en contra de una parte del país. Los esfuerzos que se hicieron posteriormente por reconciliar a Carabineros con el pueblo parecieron en su momento estar bien encaminados, pero el tiempo demostró que fueron insuficientes. La explosión colectiva de ira luego del asesinato de Francisco Martínez no es la reacción literal frente a un hecho puntual, sino un acumulo de resentimiento, porque las situaciones se repiten y nunca hay cambios institucionales ni se hace justicia. Pienso que a cualquier habitante del país le consta que no hay exceso en resumir la subjetividad de los individuos carabineros con la frase “altivo con los débiles, sumiso con los poderosos”. Conducta que, además, debería estudiarse en su profunda complejidad, puesto que buena parte de quienes desempeñan funciones en la calle no provienen de las clases acomodadas, sino de familias modestas que han tratado de salir adelante con esfuerzo.

En un momento donde una reforma profunda o refundación de Carabineros no resiste más espera, resulta difícil de comprender que sectores del oficialismo hayan relativizado los hechos de Panguipulli, igualando pérdidas humanas con pérdidas materiales, ensayando una defensa corporativa de la institución e incluso insinuando un riesgo vital del policía que percutó el arma, para justificar la hipótesis de la legítima defensa. Probablemente por eso posiciones como la del subsecretario Galli, la bancada de diputados de la UDI o el candidato Desbordes no han tenido mayor eco en la opinión pública, salvo para quienes quieran tapar el sol con un dedo.

Como han dicho los expertos, Carabineros es una institución fundamental e incluso la fortaleza de las democracias se puede medir por la robustez y legitimidad de sus policías. No es bueno ni justo para nadie que la institución siembre y coseche antagonismos. Al revés, lo mejor para el conjunto de la comunidad, incluyendo a Carabineros y a sus miles de funcionarios que en muchos casos hacen aportes a una vida común mejor, es retirar todos los mantos de protección y que se lleve a cabo una reforma profunda o refundación. Mientras ello no ocurra, las consecuencias no las pagarán las élites.