Hay silencios más elocuentes que mil palabras. Es lo que podemos decir respecto del casi total silencio que ha habido en nuestro país a la hora del fallecimiento de uno de los compatriotas más valientes y probos que Chile ha tenido en muchas décadas. En efecto, Juan Guzmán, en el cumplimiento de su deber, se sobrepuso a todas las presiones, públicas y privadas, efectuadas por el gobierno de Lagos y el liderazgo de la Concertación de la época para evitar que llevara a juicio a quien encabezó el gobierno más criminal de la historia del Chile republicano: Augusto Pinochet Ugarte. Y si finalmente aquello no se logró, fue porque esa presión logró el inicuo resultado esperado con la Corte Suprema de la época.

Al menos, se podría decir que los políticos y los medios de comunicación no fueron hipócritas. La labor del juez Guzmán fue del total desagrado de la derecha que siempre había apoyado a la dictadura. Pero, no nos olvidemos, que fue también fuertemente resistida por quienes hegemonizaban el liderazgo de la Concertación de la época; y particularmente del gobierno de Lagos. Previamente había sido el gobierno de Frei Ruiz-Tagle -con su canciller José Miguel Insulza- quienes emprendieron denodados y “exitosos” esfuerzos para librar a Pinochet de su segura condena en Europa, luego de haber sido detenido en Londres a instancias del juez Baltazar Garzón. Este último se constituyó también en otra destacada figura que resaltará en la historia de la judicatura mundial, porque el caso de Pinochet tuvo el mérito de estimular un gran progreso mundial en materia de extraterritorialidad de la ley penal, a la hora de procesar a criminales de lesa humanidad.

Pero también el gobierno de Frei alcanzó a ejercer presiones sobre el juez Guzmán, ya que era el juez investigador de la querella que había presentado Gladys Marín contra Pinochet en enero de 1998. Y recordemos que cuando en 1999 estaba detenido en Londres, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle usaba como argumento para proteger a Pinochet que debía ser juzgado en Chile… por el juez Guzmán. Este recordó en 2005 que recibió ya “presiones” ese año “hacia una sola dirección. Yo debía olvidarme del texto de la ley. La ley es muy precisa cuando ordena que a las personas mayores de 70 años se les debe practicar exámenes mentales para conocer su estado. El consejo, por así decir, que me daban Jorge Rodríguez, a cargo del Instituto Médico Legal, o el ex ministro del Interior del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Carlos Figueroa Serrano era que se podía ayudar a Pinochet en este punto. Esto es: evitar exámenes psicológicos. No había que hacerle un examen sobre sus facultades mentales, sino solo sobre su estado físico. Esto era contrario a lo que establece el Código de Procedimiento Penal chileno” (El País, España; 5-6-2005).

Posteriormente, bajo el gobierno de Lagos recibió también presiones privadas. Así, Guzmán señaló que, en diciembre de 2000, “tras dictar el primer auto de procesamiento de Pinochet me llamó Luis Horacio Rojas, jefe del gabinete del ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Me dijo que anulara el auto de procesamiento. Fue, francamente, insolente” (Ibid.). Pero, sobre todo, recibió sistemáticas presiones públicas, particularmente del ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza y de otros líderes connotados como el ex presidente, Patricio Aylwin, y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar.

Ya en junio de 2000 este último había declarado con total desfachatez que “si desafueran a Pinochet, va a ser muy difícil avanzar en reformas constitucionales y Derechos Humanos” (La Segunda; 2-6-2000). Luego, Insulza, en agosto de 2000 expresó en una entrevista: “El juez Guzmán ya ha dicho una cosa que también habíamos dicho otros antes: que él no va a apremiar al señor Pinochet, que lo va a interrogar en su casa o donde quiera. Yo no pienso que lo va a mandar preso. Él actuará con mucha prudencia” (Caras; 18-8-2000). En el mismo ejemplar de la revista, salió una entrevista al expresidente Aylwin, donde éste expresó: “Realmente creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso. Pero de que es culpable, a mí no me cabe duda de que lo es. Ahora, desde el punto de vista de la prudencia, dada la relación de fuerzas; dado el trauma existente en la sociedad chilena –en que hay un sector para el cual Pinochet es un dios y para otros es el diablo-, creo que la Providencia nos ayuda con permitir este cauce de que no se encuentre en condiciones de enfrentar el debido proceso (…) Creo que la paz entre los chilenos valdría incluso que se le absolviera” (Ibid.).

Menos de un mes después, Insulza agregaba en otra entrevista: “Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado uno debería sacar la cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera (…) A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (Qué Pasa; 2-9-2000).

Posteriormente, en abril de 2001, en otra entrevista periodística, Insulza insistió: “La corte (de Apelaciones) ya resolvió procesar al señor Pinochet como encubridor en el Caso Caravana de la Muerte y todo el mundo lo aceptó. No hubo más recursos al respecto y eso no lo mueve nadie. Ahora, hasta dónde va a llegar este proceso es un tema que no debería provocar grandes conmociones. Él ya va por los 86 años; ha estado enfermo y sería natural que el juez diga: ‘Llego hasta aquí, no más’. Eso podría ocurrir en cualquier momento. No digo que ocurra ahora, porque estos son procesos que se demoran varios años. Pero para gusto de unos, o disgusto de otros, este es un asunto ya terminado. No olvidemos que un país muy respetable desde el punto de vista de su democracia y de su justicia, declaró que Pinochet no estaba en condiciones de enfrentar un proceso de extradición. Entonces no estamos solos en esto” (La Nación; 16-4-2001).

Sin embargo, la falsedad del argumento de que Pinochet no estaba en condiciones mentales de enfrentar un juicio la evidenció sistemáticamente ¡el propio Pinochet! con actuaciones oficiales y sociales y hasta con entrevistas a medios de comunicación en que se expresaba el mismo cazurro de siempre. Y, notablemente, el juez Guzmán, en la entrevista ya citada a El País, dejó también testimonio de ello: “Yo entendí desde el principio que Pinochet y sus abogados usaron la salud mental para salvarse en Londres. Luego pude comprobar que su salud mental era bastante normal. Al menos muy normal para los 84 años que tenía entonces. Hubo fingimiento. Yo siempre vi que hacía un esfuerzo por mostrar sus dificultades para moverse. Fíjese lo que pasó en su casa en La Dehesa (…) Llego y me atienden él y sus letrados. Pinochet hace un gran esfuerzo por ponerse de pie. Su abogado, Miguel Schweitzer, ex ministro de Relaciones Exteriores de la época de la dictadura, le dice: ‘No, señor presidente, no se mueva, por favor’. El otro abogado, el coronel retirado Gustavo Collao, le insiste: ‘Mi general, quédese sentado’. Exageraban. Terminada la declaración, tuve que transcribir el texto. Pasamos al comedor. Había una puerta entornada. Y entonces veo a Pinochet en el cuarto del lado caminar bastante rápido y con agilidad. Era una persona distinta a la que había pretendido, hacía pocos minutos, tener terribles dificultades” (Ibid.).

Además, el juez Guzmán añadió en términos más generales: “Mi impresión al verle por primera vez fue que estaba muy bien. Reaccionó con rapidez a las preguntas. Contestó sabiendo bien lo que hacía. Evadió todo lo que pudiera tener que ver con su eventual responsabilidad en los crímenes de la caravana de la muerte. Estuvo muy amable. En el segundo interrogatorio, en relación con la Operación Cóndor (acuerdo de cooperación para eliminar opositores entre Pinochet y varios dictadores latinoamericanos) se mostró menos simpático, pero exhibió una gran comprensión de las preguntas y sus respuestas fueron muy precisas a la hora de escabullirse de todo aquello que pudiera implicarle. Al preguntarle sobre su participación en los secuestros, las muertes y las torturas, me explicó que él sólo se ocupaba de los asuntos importantes de Gobierno” (Ibid.).

Y estimó que Pinochet era demasiado orgulloso para hacerle caso a sus abogados: “Creo que sus abogados le dieron, a su vez, muchos consejos, pero Pinochet es un hombre muy orgulloso, por lo cual se resistía a fingir su presunta demencia. Yo creo que él les falló a sus abogados. A mí me daba la impresión de que prevaleció su personalidad” (Ibid.).

Dado este contexto histórico, tan apabullantemente vergonzoso, se entiende perfectamente el ominoso silencio de la generalidad de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos –particularmente de la ex Concertación- respecto del fallecimiento de tan noble y valiente personalidad como lo fue el juez Juan Guzmán.