Los hechos de las últimas semanas han sido reveladoras de la relación que puede existir entre discurso, derechos humanos y Carabineros. Primero, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuvo que zanjar la polémica entre la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y el Alto Mando de Carabineros, a propósito del concepto utilizado por la primera para referirse a la reforma estructural que requiere la institución castrense. Y segundo, la autoridad -a través del ministro Jaime Bellolio y el subsecretario Juan Galli- dieron señales de un supuesto cambio en el actuar de la institución al momento de abordar las manifestaciones en Plaza Dignidad, que, dicho sea de paso, califican de “delincuencia” carente de causa. El ministro Bellolio incluso señala que se le ha cambiado el nombre al grupo de fuerzas especiales y que ello no es sólo un cambio semántico. Evidentemente que no, ambos casos revelan el lugar que ocupan los derechos humanos en la política de seguridad y orden público del Gobierno.

La molestia del Alto Mando de Carabineros frente a las declaraciones de la ministra Rubilar no se hizo esperar y presentaron un reclamo ante el ministro del Interior de forma inmediata debido al uso del concepto de “refundación” para referirse al cambio estructural que requiere la institución. La ministra habría incomodado a Carabineros; puesto que, estaría desconociendo el trabajo de reforma que se estaría implementando en la institución en los últimos dos años y no habría indagado en qué consistía dicha iniciativa. Además, las declaraciones vendrían de una cartera que no se relaciona con el orden y seguridad pública. “El concepto es ‘reforma'”, tuvo que salir a declarar el ministro Delgado para zanjar la polémica y la ministra quedó sin respaldo de La Moneda, pese a que sus declaraciones se enmarcaban en la tragedia de Panguipulli.

¿Importa la semántica en este caso? Para Amnistía Internacional lo trascendental es que el cambio que se haga en Carabineros debe cumplir con estándares básicos para tener una nueva policía que sí respete de manera irrestricta los derechos humanos, se subordine al poder civil y rinda cuentas en base a un sistema de control, monitoreo y evaluación que considere tanto el ámbito político institucional como el ciudadano.

Otro ejemplo semántico de estas semanas es el cambio de nombre del grupo de Fuerzas Especiales por el de “Control del Orden Público” a la que aludió el ministro Bellolio en un programa de televisión, para ejemplificar los cambios en los protocolos con que Carabineros aborda una manifestación pública, refiriéndose a las protestas sociales que tienen lugar cada viernes en la Plaza Dignidad. La idea, al parecer, sería la de validar el actuar que Carabineros ha desplegado cada final de semana para reprimir a quienes se manifiestan en su mayoría pacíficamente, y que suelen terminar con personas heridas y/o detenidas, alargando la lista de personas que actualmente se encuentran privadas de libertad producto de su participación en protestas sociales.

Específicamente, respecto de este último punto, el ministro Bellolio y el subsecretario Galli expresaron la postura del Gobierno frente a estos hechos señalando que se trata de “delincuencia” –y no de protestas- por carecer de una causa que justifique la presencia de personas en espacios públicos interpelando al gobierno de manera pacífica. El discurso de la autoridad se sigue construyendo en base a la asimilación de la protesta con actos delictuales. Para las autoridades, por ejemplo, pareciera ser que exigir que la privación de libertad establecida como medida precautoria por un tiempo que resulta excesivo de acuerdo a la normativa aplicable, sería lo mismo que un acto de vandalismo. Para Galli, la validez de una manifestación exige que sea compartida por un número importante de ciudadanos –los intereses de la minoría no importan-, y realizan generalizaciones, calificándolas de actos antidemocráticos, sin reparar en que podrían existir casos en los que se vulneren principios del debido proceso.

Está claro que si hay hechos de violencia se debe detener a sus autores e investigar cada una de esas causas; pero, ojo, no todas las personas que van a Plaza Dignidad los viernes cometen hechos de violencia. Hay familias de víctimas, por ejemplo, que van todos los viernes a exigir justicia porque estiman que sus derechos y/o el de sus familiares han sido vulnerados.

Para liderar un Estado de Derechos es de vital importancia tener claro que una protesta no se vuelve violenta porque algunas personas cometen hechos de violencia. El derecho de reunión y la libertad de expresión deben protegerse, incluso cuando el Gobierno y sus instituciones no estén de acuerdo con lo que se pide. Esa claridad debe reflejarse en el discurso que construye la autoridad y ser consistente con el actuar de la misma, evitando calificar cuándo una causa social es legítima o no. La obligación del Gobierno es ser garante de derechos, cuestionarlos no forma parte de sus labores.