El último día que circulamos libremente fue el 8 de marzo del 2020, hace justo un año, junto a dos millones de mujeres marchando por la Alameda. Fue un día esperanzador, después de haber ganado la paridad de género en el proceso constituyente, y de haber gritado colectivamente “la culpa no era mía”, un grito liberador y político. 

Si el 8M del 2019 había instalado en el sentido común nacional un rechazo total contra el abuso, el 8M del 2020 nos adentraba en la recta de los logros consolidados. Ese ánimo fundado se respiraba en el aire, pero también desde ese día, las partículas del virus que nos dejó confinadas durante todo un año. Un año que ha sido especialmente duro para las mujeres, de enormes retrocesos que pusieron en evidencia la fragilidad de aquellos avances, tan superficiales pues no habían logrado resquebrajar el patriarcado que sigue enraizado en estructuras y procedimientos, en instituciones y personas. Llegamos así al 8M del 2021 con aumento de la violencia contra las mujeres, de la precarización laboral, de la brecha salarial, de la descomunal carga de trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, y discriminaciones por doquier, pero también de fuertes liderazgos femeninos y en pleno proceso constituyente paritario.

Recientes acciones indignantes nos dejan imágenes que son reflejo fiel de este año feminista que termina: 1. Guacolda, una niña de siete años, hija del comunero mapuche Camilo Catrillanca, apremiada contra el suelo por carabineros, el día en que se leía sentencia contra los asesinos de su padre, 2. Francisca Mendoza, profesora levanta con sus manos en la Plaza Dignidad un letrero que dice ¿FLOJA YO?, en el acto es atacada y herida en un ojo por carabineros, 3. Adriana Muñoz, Presidenta del Senado, segunda autoridad democrática del país, al expresar su rechazo a la militarización en el Wallmapu en conferencia de prensa en La Moneda, tiene como telón de fondo a un Presidente Piñera con su equipo de hombres que le dan la espalda y se retiran en gesto de abierto y público desprecio. Violencia física y violencia simbólica contra una niña, contra una trabajadora, contra la mujer de mayor autoridad  ―no hay otra lectura posible―, significa violencia contra todas las mujeres y es una señal de permisividad desde el poder patriarcal, que de pasada valida la masiva e institucionalizada violencia económica que nos infringe el sistema neoliberal. Este 8M las mujeres sabemos que urge una nueva constitución que ponga fin al patriarcado, como única solución. Esa es ni más ni menos, la tarea ineludible para recuperar la dignidad en Chile.

Una constitución que ponga fin al patriarcado, pero, ¿qué significa esto? Desde luego y en primer lugar debe ser pensada y redactada con perspectiva de género. Pero eso no basta, además una constitución que ponga fin al patriarcado significa declarar explícitamente que los salarios son de los y las trabajadoras, que no se pueden esquilmar esos recursos desviándolos a otros fines ni menos ser apropiados por el empresariado y sector financiero. En otra palabras, debe consagrar el derecho a la intangibilidad de los salarios en el marco general de la intangibilidad de los derechos laborales y de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y debe también declarar la renacionalización del cobre (el llamado “sueldo de Chile”) y los bienes comunes estratégicos. Solo así podrá asegurar, efectivamente y no como una mera declaración de intenciones, los derechos sociales para todas y todos. 

Recordemos que en Chile se mantiene la brecha salarial general entre hombres y mujeres del 12%, del 35% para aquellas que son profesionales y una brecha en pensiones del 40%. De la población jubilada dos tercios son mujeres y estas mujeres trabajadoras, luego toda una vida laboral, reciben una pensión promedio de 6,8 UF mensual, mientras que los hombres pensionados reciben en promedio 9,5 UF . Por este indigno y discriminatorio monto de jubilación, las mujeres sufren adicionales vejaciones, inseguridad alimentaria, vulneración de su integridad física y emocional. El sistema de “Administradoras de Fondo de Pensiones”, que discrimina y maltrata mujeres, es una verdadera máquina de traspaso de parte de los salarios, por la vía del ahorro forzoso, hacia el sector financiero y empresarial: desde 1981 han desviado US$166MM a grandes empresarios, lo que equivale al 84% de los US$197MM recaudados en cotizaciones, mientras que han aportado solo 16% o US$30MM a pensiones, por lo que el fisco ha debido suplementar las pensiones con US$50MM (Fundación CENDA).

Es así como las mujeres son las más afectadas con el sistema de pensiones de ahorro forzoso, con la mercantilización de la educación, la salud, la precariedad laboral y también con el empobrecimiento nacional derivado del daño al medioambiente y la apropiación de bienes comunes como el agua y el cobre. Así ha quedado en total evidencia durante este duro año de pandemia COVID, si cabía alguna duda, junto con las alarmantes y crecientes cifras de violencia intrafamiliar y femicidios. Durante el año 2020, ocurrieron en Chile 58 femicidios, 3 suicidios femicidas y 6 asesinatos por violencia femicida y en lo que llevamos del 2021, ya se registran 10 femicidios.

Sobre las mujeres recayó además, la enorme carga de trabajo del cuidado a enfermos, mayores y a niñas y niños, asumieron la educación escolar de sus hijas e hijos, triplicaron sus labores con trabajos no remunerados sobre la carga de sus empleos frecuentemente precarizados y mal pagados. No olvidemos que las mujeres son mayoritarias en el sector salud, y en el educacional, se concentran en los sectores laborales más golpeados por la pandemia lo que es especialmente graves considerando que son jefas de aproximadamente 2,15 millones de hogares (según el último CENSO). Por estos motivos, han estado mucho más expuestas a los contagios por Covid-19.

Mientras el gobierno ha respondido insuficiente y tardíamente en el apoyo económico y sanitario a la población, las mujeres se han organizado para cumplir con la digna responsabilidad de no dejar a nadie atrás pasando hambre, con ollas comunes y diversas formas de apoyo solidario a lo largo del territorio.

La Ministra de la Mujer, la tercera nombrada por el gobierno de Piñera, ha brillado por su ausencia y hace pocos días atrás anunció un Consejo Asesor que, según ella misma ha declarado, “sella la institucionalidad” del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y al tenor de su composición, efectivamente la sella en el sentido de cerrarla sobre sí misma, aislándola: ninguna dirigenta social, nadie de la comunidad LGBTIQ+, ninguna académica o pensadora feminista. Así, las tareas urgentes y de gran responsabilidad que debiera cumplir esa ministra y gobierno, parece que seguirán pendientes.

En fin, el patriarcado encarnado en autoridades, políticas públicas y procedimientos, en el espacio público, laboral y privado, y cuyo espíritu recorre íntegra la actual constitución pinochetista, se ha ensañado con las mujeres, permitiendo y hasta fomentando su precariedad laboral, la vulneración de sus derechos y salarios, y el empobrecimiento general del país que ha perdido soberanía sobre sus bienes comunes estratégicos. Por eso este 8M nuestra voz colectiva es constituyente, por una nueva constitución escrita en democrática para enterrar el patriarcado y desterrar de nuestra carta fundamental todo vericueto que, por más disimulado que se encuentre, conduzca al autoritarismo, al abuso, a la pérdida de derechos, a impedir que profundicemos nuestra democracia o a impedir que avancemos en justicia social. Terminar con la violencia hacia las mujeres requiere una Nueva Constitución con perspectiva de género, que devuelva íntegros los salarios a las trabajadoras y trabajadores y devuelva el “sueldo de Chile” a este pueblo.