Este martes, la Sala de la Cámara de Diputados discutirá y votará el proyecto de royalty a la minería, que fue ingresado el 12 de septiembre de 2018 por el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez. El proyecto crea un derecho para el Estado de percibir el 3% del valor ad valorem (es decir, un impuesto en forma de porcentaje sobre el valor de transacción del bien) del cobre y del litio extraído del territorio nacional, destinando un 50% de esos recursos a un Fondo de Convergencia Regional para obras de desarrollo de las comunas mineras y el otro 50% a obras de mitigación, reparación y compensación del impacto ambiental en las comunas de extracción minera.
Cuando el proyecto inició su tramitación, no había pandemia ni una crisis económica de la gravedad de la actual, pero en el Norte ya estaban instaladas fuertemente las contradicciones. Un ejemplo brutal es la postal de Antofagasta: algunas cuadras opulentas en la Costanera que parecieran querer imitar -sin éxito- a Miami, mientras en los cerros se han ido acumulando miles de personas viviendo en campamentos. Ellos han sido exiliados de una ciudad cuyos arriendos son inalcanzables y se han arrinconado allá arriba, en pleno desierto, donde no crece ni una hoja de pasto, sin electricidad, agua potable ni alcantarillado. Más al Norte, la comuna de Mejillones, otrora y aún hermosa, pero convertida junto con sus habitantes en Zona de Sacrificio. Y al interior, hacia la Cordillera, los efectos de las faenas mineras que en muchos casos generan millonarios réditos a inversores privados, sin que ello contribuya sustantivamente al desarrollo presente y futuro de las zonas donde se emplazan, además de la contaminación en la tierra y en los escasos ríos del Desierto.
Como sea, la propuesta de royalty es normal en relación a las políticas que suelen implementarse en los países mineros. El lunes pasado, Pulso de La Tercera publicó una entrevista a Christopher Sheldon, gerente de Practica Global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial, en la que sostuvo que “los royalties basados en el valor de los minerales extraídos son comunes en casi todos los países”, junto con asegurar que “es pertinente revisar los regímenes de la minería en el contexto de las alzas de los precios de materias primas”.
El alza significativa que ha tenido el precio del cobre hace indispensable esta discusión. El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ramón López, no solo ha señalado la millonaria pérdida patrimonial que tiene el país cada año al no tener un royalty a la altura, sino que además plantea que hay un amplio espacio para avanzar sin que eso ahuyente a los inversionistas. Así las cosas, llama la atención, aunque no sorprende, que el Gobierno y los partidos de Chile Vamos no apoyen el proyecto y renuncien a una inyección de recursos fiscales que podría ser especialmente necesaria en estas circunstancias.
Veremos lo que ocurre este martes en la Cámara de Diputados, donde parte de la incertidumbre la aporta la Democracia Cristiana, cuyos parlamentarios votaron en contra del proyecto en la Comisión de Hacienda. Esto no ocurre en un año cualquiera: el debate se produce a meses del aniversario número 50 de la nacionalización del cobre, cuando tenemos evidencia de que el espíritu de aquella histórica medida ha sido severamente derruido por las políticas implementadas en las décadas siguientes.
