Ayer domingo, el Gobierno promulgó la nueva Ley de Migraciones. Este cuerpo debería ser complejo, por de pronto normar deberes y derechos, pero la construcción comunicacional del Ejecutivo estuvo en las antípodas de considerar las garantías hacia las personas. Primero, la ceremonia se realizó en Iquique, con lo que deliberadamente se hizo alusión a la desesperada presencia de venezolanos en Colchane y a la necesidad de cuidar las fronteras. Segundo, el Presidente se hizo rodear por el ministro del Interior, por el subsecretario Galli y por representantes de Carabineros y la PDI, con lo que se dio a entender sin equívocos en la foto que se trata de un asunto de seguridad pública. Y tercero, en el comunicado de prensa enviado por la Presidencia de la República tituló con que la Ley es para “prevenir el ingreso irregular de extranjeros y promover la migración ordenada y legal”, con una cita del Mandatario: “Estamos poniendo orden en nuestra casa”.

En general, las declaraciones del Presidente giraron en torno a la misma retórica. Dijo que el principal objetivo de la nueva Ley era “una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal”, al tiempo que subrayó que “facilitará la protección de los legítimos derechos de los chilenos y de los migrantes legales”, pero, y cito, “no queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes”.

Al constatar la puesta en escena y las palabras del Gobierno, resulta evidente que para las autoridades los migrantes siguen siendo sujetos sospechosos. No solo se trata de personas que ameritan el resguardo de las fronteras, amenaza que antes provenía de los ejércitos de los países vecinos, sino que se les adjudica a priori una serie de conductas indeseables, como si aquellas no existieran en la sociedad chilena desde hace mucho antes. Así las cosas, parece razonable que el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, afirmara que la nueva ley mantenía la lógica de seguridad nacional de la legislación anterior, promulgada por la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet.

En una declaración pública, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro-migrantes afirmó que la lógica restrictiva de la nueva legislación agravará los problemas, en vez de resolverlos. Por de pronto, estiman que aumentará el tráfico y la trata de personas, tal como la irregularidad, al imponer restricciones a la legalización de la situación de las personas en el país. Esto, además de hacer todavía más difícil la sobrevivencia de estas personas en contexto de pandemia y crisis social, podría promover situaciones de precariedad y abusos, con la salvedad de que quienes los perpetren podrían ser extranjeros, pero también chilenos, como aquellos inescrupulosos que hicieron bajar a venezolanos del bus en Colchane, diciéndoles que Puerto Montt, que era su ciudad de destino, quedaba algunos kilómetros más al sur. Quienes hicieron eso fueron chilenos.

Lo más preocupante es que este discurso señala subliminalmente el mensaje que los migrantes son, como diría la canción de Los Prisioneros, “ciudadanos de segunda clase”, en vez de sujetos plenos de derechos. Enfrentar esta idea, que puede ser circunstancialmente de un gobierno pero que también permea a amplios sectores de la sociedad, es probablemente una de las tareas más complejas y necesarias de nuestro tiempo, si queremos construir una sociedad más justa. No debe resultar aceptable que un sentido común xenófobo y racista termine por ser el de la comunidad.