Durante las últimas semanas hemos visto como el actual Gobierno se ha concentrado en lesionar uno de los derechos  fundamentales  que toda democracia sana debe potenciar: la libertad de expresión y de prensa.

Estos principios han sido vulnerados abiertamente por el Gobierno de Sebastián Piñera, quien al llamar al dueño de un canal para “desizquierdizar” la línea editorial, bajo el pretexto de que esta genera un clima que afecta la democracia del país, no sólo pasa por encima de la Constitución —que dice defender y respetar llevando al TC el retiro del 10%—, sino también por tratados y organismos internacionales que señalan que la censura al periodismo y a los medios de comunicación por parte de un Gobierno es una violación irrestricta a la democracia y a los Derechos Humanos.

Si recordamos el fatídico 11 de septiembre de 1973, horas previas al Golpe de Estado lo primero que intervinieron los militares para quebrar con la democracia fueron las radios independientes y/o afines al Gobierno del Presidente Salvador Allende. Durante el Golpe las señales de televisión no podían emitir lo que sucedía alrededor de La Moneda, y pasaron días para que los chilenos y chilenas pudieran ver en televisión el bombardeo a La Moneda, imágenes que por lo demás la dictadura intentó eliminar; y de igual forma, dentro de los primeros detenidos abundaban los periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Por eso a una sociedad que quiere cuidar y profundizar su democracia —en el contexto de un proceso constituyente—, no le debe temblar la mano a la hora de condenar los hechos que vimos durante la tarde del domingo. La coordinación de las Fuerzas Armadas, mediante una declaración concertada en contra de un medio de comunicación como La Red y sus trabajadores, es un acto que atenta no sólo contra la actual Constitución, sino que cualquier otra carta fundamental del mundo que tenga un pleno compromiso con los derechos humanos y la democracia.

No cabe duda, cuando desde el segundo piso de La Moneda tomaron ese teléfono para llamar a Miami, Piñera y su gobierno abrieron la puerta a lo que vimos este domingo, y con eso han conducido a una vulneración intolerable a nuestra democracia. Le guste o no al Gobierno, la prensa tiene el libre derecho de ejercerse bajo una línea editorial autoimpuesta, que puede ser afín al gobierno o a su sector político —como lo son la mayoría de los medios de comunicación manejados por la élite chilena— o ser opositor, como ha terminado siendo el caso de La Red, quienes después de recibir dicho llamado, han decidido denunciar a Piñera y su Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por intentar poner trabas y, de facto, vulnerar la libertad de prensa.

La Red es un canal privado y al igual que en el resto de los canales de la televisión chilena —salvo TVN—, el Estado no tiene ninguna injerencia dentro de estos. Inclusive ha sido la derecha la que se ha negado a implementar una Ley de Medios y un financiamiento y/o influencia estatal en estos, con la excusa de que vulneraría la libertad de competencia de los medios de comunicación y la Constitución que el mismo presidente Piñera vulneró y que dejó que las FFAA vulneraran el domingo.

Por último, nuevamente vemos cómo tenemos un presidente sin noción de lo que significa la democracia, quien ratifica su compromiso con las élites del país y solo gobierna bajo la dinámica de control de daños, exponiendo constantemente diversos arrebatos e impulsos autoritarios del Gobierno. En este caso y afortunadamente, el canal denunció el acto y develó la cara antidemocrática del Gobierno, intensificó la crítica hacia el presidente y generó que hoy todo Chile y el mundo tenga los ojos puestos en lo que pase y deje de pasar en La Red durante lo que queda del segundo mandato de Sebastián Piñera.