Era muy obvio que la decisión de enviar el proyecto del tercer retiro del 10 por ciento de las AFPs al Tribunal Constitucional, anunciado en la tarde noche de este martes, equivaldría a apagar el incendio con bencina. De manera casi automática y espontánea, por lo tanto sin que se le pueda adjudicar a ninguna organización interna o externa, miles de habitantes salieron a sus ventanas a tocar las cacerolas, a manifestarse en las calles y a encender barricadas. Así, Chile amanece hoy con paralización de los trabajadores portuarios, con convocatorias equivalentes de sindicatos mineros y con un llamado a paro nacional de la CUT. En paralelo, aunque la Democracia Cristiana ya se manifestó en contra, muchos parlamentarios, incluyendo militantes de esta tienda, han manifestado su voluntad de impulsar una acusación constitucional contra el presidente de la República.

La llegada a esta situación de crisis es de entera responsabilidad del Gobierno, que tiene recursos a disposición para aumentar las ayudas, que puede ejercer todas las atribuciones que le otorga la Constitución para impulsar proyectos de ley y, sin embargo, no ha querido. Porque, no nos perdamos, éste no es un debate constitucional ni de defensa de la institucionalidad como, por ejemplo, lo señala la editorial de El Mercurio de esta mañana, puesto que en esa cancha se podrían levantar sólidos argumentos sobre el punto en uno u otro sentido.

Pero ése no es hoy el punto.

Éste es, en realidad, un debate sobre la gravedad de la crisis social y es, por lo tanto, un problema eminentemente político. Si el proyecto fuera inconstitucional en opinión del Gobierno, porque la iniciativa de ley en estas materias es de exclusiva atribución presidencial, pues bien, que lo haga suyo, como le ha pedido el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Si no le gusta este proyecto, podría apoyar una renta básica universal, el impuesto a los súper ricos o alguna fórmula que permita aumentar ahora la recaudación tributaria, tal como avanzar hacia ayudas universales. Pero no, tampoco ha habido disposición en estas materias. En momentos dramáticos como el actual, las personas necesitan urgentemente ayudas. No es un eslogan ni una construcción mediática, sino la realidad de los habitantes del país. Ése es el problema, no la Constitución, por lo que el arrastre al debate sobre la constitucionalidad parece más bien una forma de eludir aquello por lo cual el Gobierno ha sido ampliamente criticado.

Las críticas ya no provienen solo desde las oposiciones, que en la medida que se prolonga la indolencia se han ido radicalizando, ni desde una amplia mayoría de la población que en todas las mediciones reprueba al Gobierno y a sus políticas, sino que también desde su propio sector. Crecientemente, el Presidente ha sido abandonado por sus parlamentarios, por alguno de sus partidos y por los candidatos presidenciales de su sector, que ven mejor lo que ocurre en las calles y temen, como lo transparentó Desbordes, una catástrofe electoral para Chile Vamos en la gran cantidad de votaciones que tendremos desde mayo en adelante.

Hoy, en medio de una crisis sanitaria y social, despertamos en la peor de las circunstancias, con un país divorciado del presidente al cual eligió democráticamente hace tres años, cuando los manuales nos dicen que para enfrentar la crisis sanitaria se requería un férreo contrato social entre las autoridades y la comunidad. Todos vemos que la situación hoy es peor que ayer, como consecuencia de una decisión del Gobierno que, a su vez, renuncia a ejercer liderazgo político y legislativo, pero el único lugar donde parecen no darse cuenta es en La Moneda.