De no ser por los movimientos sociales no tendríamos nueva Constitución. Y no hablo solamente del “estallido social” que empezó en octubre de 2019. Ese fue el punto cúlmine de décadas de movilización de estudiantes secundarios y universitarios, de mujeres, trabajadores/as, de gestión territorial. Vimos cómo organizaciones de la sociedad civil, las diversas articulaciones y el mundo de las comunicaciones independientes hicieron lo suyo para llegar a este momento. De no ser por las protestas que pusieron al centro la exigencia de dignidad e igualdad de derechos, no tendríamos nueva Constitución.

La elección del fin de semana es un reconocimiento a eso. Fueron muchas las personas electas que provienen de esos mismos movimientos sociales, que ahora tendrán la oportunidad de escribir la nueva Constitución. Debemos celebrar que la composición de la Convención Constitucional será diversa, no solamente por el hecho histórico de que será paritaria y con escaños reservados para pueblos indígenas, sino diversa en profesiones y trayectorias de vida, en la relación previa con la política y la posición planteada.

Ahora toca asegurar que la nueva Constitución refleje esas demandas ciudadanas que tanto costó levantar, que refleje el país en el que hoy nos hemos transformado. Desde Amnistía Internacional hemos dicho en múltiples ocasiones que esas demandas, en definitiva, tienen también un sustento en los derechos humanos – tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales. La nueva Constitución, entre otras cosas, debe tener los derechos humanos en su centro.

El desafío de la Convención Constitucional es enorme, es mucho lo que se juega en esta oportunidad histórica. Por eso, es crucial que su trabajo siga manteniendo el espíritu que le dio origen: debe seguir haciendo un trabajo abierto a la ciudadanía, transparente, participativo e inclusivo. Y es fundamental que todos, todas y todes sigamos con atención la discusión y contribuyamos al debate desde nuestros diferentes lugares. Hasta tener una Constitución que encarne la dignidad y la verdadera igualdad de derechos.