La actual ley de integración que el MINVU busca desesperadamente aprobar antes que termine el gobierno de Piñera, no toca ni cuestiona la especulación sobre el valor de los terrenos, la principal barrera actual para acceder a la vivienda. Con ello, el aumento de recursos destinados a compra de suelo para comités de allegadas, que además se condiciona al aumento del ahorro familiar, terminará siendo absorbido por los dueños de los terrenos, tal como ocurrió en el pasado con el subsidio a la localización y como ocurre hoy con el valor de los arriendos, lo cual profundizará una larga crisis ya derivada en estallido habitacional.

Solo durante los últimos dos años, las 47.050 familias que en Chile vivían en un campamento aumentaron a 81.643, según el catastro de Techo. Con ello, el país volvió a las cifras del año 1996, situándose el peak de mayor cantidad de tomas de terrenos entre octubre de 2019 y abril de 2020. Es decir, lo que en Chile estalló fue también una larga y profunda crisis habitacional, sobre la cual se ha sostenido la acumulación de riqueza de empresas constructoras, fondos de inversión y bancos. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la Ley de Integración Social y Urbana que actualmente pretende aprobar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)?

Desde hace muchos años que en Chile existe un consenso en torno a que la principal barrera para que el Estado construya vivienda social es el alto valor del suelo, efecto de la absoluta libertad que sus propietarios tienen para especular con el precio.

Para enfrentar esta larga crisis, hoy derivada en un estallido habitacional, el MINVU creó en el Presupuesto 2020 las glosas 11 y 12. Por un lado, la glosa 11 permite que el 5% de los recursos destinados a subsidios para los sectores vulnerables (DS Nº49) se puedan usar para adquisición directa de terrenos, siempre que se ajusten a la tasación comercial realizada por el SERVIU.

Por otro lado, la glosa 12 permite a los comités de allegadas acceder a un subsidio complementario para alcanzar el alto costo de los terrenos, siempre que sus familias accedan a ahorrar más dinero, el cual podría aumentar hasta en un 800%: las 10 UF que se exigen como ahorro mínimo, con glosa 12 podrían alcanzar incluso las 90 UF, dependiendo del precio del terreno. Sí, en plena pandemia y con los precios al alza de una serie de servicios básicos, como el arriendo, el MINVU pretende que nuestras familias ya precarizadas asuman los costos de no tener políticas que controlen el valor del suelo.

El limitado alcance de las glosas 11 y 12

Según cifras presentadas en el Congreso por el propio Subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, durante 2020 a través de la glosa 11 y 12 se compraron 29 terrenos a nivel nacional por un total de 47 hectáreas, donde se construirán 2.968 viviendas, lo que no alcanza a cubrir ni el 1% del déficit habitacional. Y si bien el presupuesto MINVU para 2021 aumentó en 21% en relación al año anterior, los recursos se destinaron principalmente a aumentar subsidios de mejoramiento de viviendas y a sectores medios -que implica mayor endeudamiento-, mientras que los recursos dirigidos a sectores vulnerables, de donde sale el dinero de estas glosas, no aumentó.

A pesar del limitado alcance de estos instrumentos, y del hecho de ser solo un mecanismo redistribuidor de recursos ya adjudicados a sectores vulnerables, el MINVU pretende incorporar las glosas 11 y 12 de manera permanente en la Ley General de Urbanismo y Construcción como la principal herramienta para enfrentar la actual crisis habitacional. Ese es uno de los principales ejes de la Ley de Integración Social 2.0. Con ello, el mensaje que está entregando el ministro, Felipe Ward, es que el alza del precio del suelo se va a financiar con recursos públicos y, particularmente en el caso de la glosa 12, estrujando el bolsillo de las familias, manteniendo así un férreo rechazo a regular el mercado del suelo, a pesar de ser la especulación por el valor de los terrenos la principal piedra de tope para que miles de familias puedan acceder a una vivienda.

Cabe tener presente también que la glosa 12 tiene un precedente histórico reciente: el subsidio a la localización promulgado en 2006 durante el primer gobierno de Bachelet, cuyo fin también era posibilitar el acceso a terrenos bien localizados para las familias más empobrecidas. ¿Y qué pasó en ese entonces? Si bien el subsidio facilitó la compra de algunos terrenos en el corto plazo, al poco andar fue absorbido por la especulación inmobiliaria, encareciendo el precio del suelo aún más.

Frente a esto, cabe preguntarse si un nuevo subsidio complementario es la herramienta adecuada para enfrentar la envergadura de la crisis habitacional que vive nuestro país, ya que la inyección directa de recursos públicos a la oferta, sin intervenir el mercado del suelo, es volver a reproducir el problema.

Desde los 7 comités de allegadas que conformamos el Movimiento Solidario Vida Digna, nos oponemos rotundamente a que se vuelva a traspasar los costos de la crisis a nuestras familias trabajadoras por medio de la aprobación de la glosa 12 como herramienta permanente para compra de suelo. Al parecer, para algunos no fue suficiente obligarnos durante 6 meses a pagarnos el sueldo con nuestros propios seguros de cesantía, donde además debimos usar nuestros fondos de pensión para sobrevivir el peor momento de la pandemia.

Si bien valoramos la modificación del artículo 50 para agilizar la construcción de vivienda social en casos que requieren un cambio en el uso de suelo, como también valoramos la creación de la glosa 11 como medida inmediata para comprar suelo, sabemos muy bien que hacia adelante esta solo profundizará el problema si no se acompaña de medidas que controlen el valor de los terrenos y de una redistribución interna de los recursos del MINVU, que permita aumentar la construcción de vivienda social sin deuda, en desmedro de subsidios dirigidos a la clase media –cuya existencia es a lo menos discutible- a través de los proyectos de integración social, ya que estos solo nos integran al endeudamiento. Sin instrumentos concretos en esta dirección, el estallido habitacional solo se profundizará y en consecuencia, las tomas de terreno solo aumentarán.

Simón González y Marta Soto, vocerías del Movimiento Solidario Vida Digna.