Durante los últimos días distintas figuras del mundo político, incluido el Presidente Piñera y el candidato de la Democracia Cristiana a la gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, han negado la existencia de presos políticos en el país. Numerosos académicos y abogados afines a los sectores tradicionales han respaldado esta postura, aduciendo que no existen personas presas en nuestro país “debido a sus ideas”, si no que todas las personas en prisión o con medidas cautelares tras la revuelta social, están acusadas de diferentes delitos.

Si bien en la formalidad es posible aceptar en primera instancia esta definición, lo cierto es que sí es posible calificar a las personas presas tras el 18 de octubre como presos políticos, ya que lo que pierden de vista el Presidente, la centroizquierda y en general los intelectuales orgánicos del consenso transicional, es el contexto en el que estas personas caen detenidas: la revuelta social y la represión desatada del gobierno en contra de las protestas.

Ni la quema de estaciones de metro ni los enfrentamientos con Carabineros habrían ocurrido si el sistema político hubiera atendido las numerosas señales que daban cuenta del progresivo y acelerado agotamiento del acuerdo social transicional establecido en los años 90. Tampoco habrían ocurrido, o al menos no en la gran escala que se pudo ver durante esas semanas de abierta rebelión en contra del Estado, si el gobierno de la derecha no le hubiera declarado la guerra a los/as chilenos/as, incluso en contra del sentir de los mismos militares desplegados para resguardar el orden, como demostró explícitamente el General Iturriaga.

Un hecho innegable es que el proceso constitucional que vivimos hoy en día se logró fundamentalmente gracias a la constante y permanente movilización de un amplio segmento de la población del país, y que se expresó en numerosas formas de acción y rebelión, algunas pacíficas y otras más violentas, pero en general todas reprimidas por las fuerzas de seguridad. La enorme cantidad de personas heridas dan cuenta de la dureza de la acción represiva.

Es cierto que marchas, huelgas generales, protestas y ataques a símbolos del orden conservador como el derribo de estatuas, convivieron con ataques a infraestructura y saqueos de tiendas y comercio de distinto calibre, pero también lo es que si el gobierno y el sistema político hubieran atendido los reclamos de la ciudadanía en vez de atacarla de forma brutal por semanas, ello difícilmente habría ocurrido.

En realidad, no cabe duda de que vivimos momentos históricos: por primera vez el pueblo chileno es protagonista en la elaboración de una nueva Constitución, con representantes democráticamente electos. Pero, además, por primera vez tras una revuelta de estas características el campo popular no es derrotado por el Estado como si lo fue en 1957, por ejemplo, si no que logra sacar adelante aunque con dificultades su principal objetivo: terminar con la Constitución del tirano.

Las larguísimas prisiones preventivas a las que las personas detenidas en la revuelta han sido sometidas, y las dudosas condenas que se han establecido, lo que buscan es disciplinar a quienes de manera más concreta representaron al “poder constituyente” en abierta lucha contra la minoría privilegiada que no quería ceder en sus privilegios y su poder. Es la venganza de quienes debieron abrirse a un proceso constituyente que ni siquiera hoy quieren, el mecanismo que intentan desplegar para evitar que haya otro 18 de octubre en el futuro y puedan recuperar la seguridad que disfrutaban hasta ese momento.

Es por eso que definitivamente en nuestro país hay presos políticos producto de la revuelta, aunque a los representantes políticos de los diferentes sectores del poder les incomode aceptarlo -ya sean de derecha o de centroizquierda-. No se trata tampoco, como algunos afiebrados han dicho, de sacralizar “la violencia” como la forma central de la expresión política, ni el saqueo o el robo, nada más alejado de la realidad, sino de hacerse cargo de la particularidad del momento vivido durante la revuelta, y reconocer el carácter político de los hechos. Las personas presas están siendo procesadas o condenadas con un objetivo político: desincentivar nuevas protestas, y están presos por una lucha política: cambiar la Constitución. Una amnistía o un indulto tampoco son nuevos en nuestra historia, al contrario, hay numerosos precedentes en nuestra historia. Pero lo cierto es que la liberación de las y los presos es un acto de justicia, y es responsabilidad de todos/as nosotros/as alcanzarla, bajo el riesgo de que el mismo proceso constitucional se manche con la soberbia de quienes provocaron la revuelta con su indolencia y su negativa a ceder privilegios.