Es difícil interpretar lo que hizo el presidente Piñera en su última cuenta pública. Por una parte, hizo algunos anuncios que, de concretarse debidamente, pueden ser buenas noticias.

Un ejemplo de esto, es el anuncio de dar urgencia al matrimonio igualitario que fue presentado en el gobierno anterior. Si bien esta no es la única (y en opinión de algunas personas, ni siquiera la principal) demanda de la comunidad LGBTIQ+ en Chile, avanzar en este tema es una señal importante en materia de igualdad de derechos, en la medida que esta igualdad sea completa, incluyendo derechos en materia de adopción y derechos filiativos.

Otros ejemplos son algunos anuncios relacionados con las violaciones de derechos humanos, especialmente las cometidas en el marco del estallido social. Entre otras cosas, el presidente anunció la creación de una Fiscalía Especializada para investigar delitos contra los derechos humanos, la entrega de más recursos al Servicio Médico Legal, al INDH y a la Defensoría de la Niñez y, también, el fortalecimiento de los programas de reparación a víctimas. Todo ello, de concretarse de manera adecuada, puede significar avances.

Lamentablemente, estamos frente a un gobierno que nos tiene acostumbrados a anuncios que no se concretan, que se concretan parcialmente o que vienen con “letra chica”. De hecho, en una entrevista reciente el presidente ni siquiera fue capaz de especificar qué urgencia le dará al proyecto de matrimonio igualitario (si sería urgencia simple, suma urgencia o discusión inmediata), persistiendo en decir vagamente que se le dará la urgencia “necesaria”. Tras años de un gobierno que no escucha y que ha implicado muchos más retrocesos que avances en materia de derechos humanos, esperaremos a que esto se concrete para realmente celebrar.

Por otra parte, en la cuenta pública también persistió en puntos de preocupación que desde la sociedad civil se ha venido levantando hace ya tiempo.

Insistió en una mirada criminalizadora de la migración, poniendo el foco en la necesidad de evitar el narcotráfico y el crimen organizado, sin hacerse cargo de ninguna forma en la necesidad de asegurar protección a quienes buscan asilo en Chile, o quienes puedan ser víctimas de trata o tráfico de migrantes.

Persistió también en una mirada criminalizadora de la protesta social, tanto en Wallmapu como en el contexto del estallido social, dando nuevamente una respuesta exclusivamente penal, lo que hasta ahora ha implicado un uso abusivo del derecho penal y de la prisión preventiva, incluso en personas que finalmente han sido absueltas por falta de pruebas.

Y, como ya se ha hecho tristemente habitual, persistió en negar la crisis de derechos humanos que se produjo a partir del estallido social. Insistió en un discurso que reduce lo ocurrido a algunos hechos puntuales en lugar de una conducta generalizada, e insistió en dar un apoyo irrestricto a carabineros, señalando que se actualizaron los protocolos en base a los estándares de derechos humanos (siendo que ello no es cierto), que se está avanzando en una “modernización” (que en realidad es cosmética y no resuelve la grave crisis existente) y termina llamando a aprobar un estatuto de protección de carabineros que puede abrir nuevos flancos de impunidad a su actuar. La preocupación se fortalece tras los dichos recientes del General Director de Carabineros pidiendo un “respaldo jurídico” para que carabineros puedan usar sus armas y no sean “imputados por el delito de homicidio”.

Habrá que seguir alertas. Esperamos que cumpla con los anuncios que podrían ser avances; pero no a su medida, sino que en base a estándares de derechos humanos. Y esperamos que en las materias que generan tanta preocupación, encauce el camino y dedique los meses restantes a reparar el daño causado.