Hace algunas semanas corrió por redes sociales un comunicado del Hospital de Talagante en el que se anunciaba que, debido a la gran demanda que existía por atenciones en el marco de la pandemia, sólo se atenderían emergencias con riesgo vital, llamándose a la población a recurrir a otros centros de salud como CESFAM, CECOSOF o SAR para otro tipo de atenciones.

Si bien es cierto que la situación no era para nada exclusiva de este recinto, lo cierto es que el hecho da cuenta del abandono en el que se encuentra buena parte de la población de la periferia rural de Santiago a la hora de enfrentar la emergencia sanitaria, a tal punto que varias de las comunas del sector llevan meses en cuarentena, sin que llame la atención de los medios o las autoridades.

A pesar de que comunas como Isla de Maipo, El Monte, Talagante, Calera de Tango, Buin o Melipilla han tenido altas cifras de contagio, muchas veces son ignorados en los reportes de prensa sobre la situación sanitaria en la región, que se limita a la cobertura de lo que sucede en el ámbito urbano del Gran Santiago.

Lo cierto es que para las autoridades las comunas de los sectores aledaños a la capital parecieran no ser más que “comunas dormitorio” en las que actualmente se desarrollan numerosos proyectos habitacionales sin mayor estudio sobre sus repercusiones sociales, en comunas que ya tienen por ejemplo, problemas de conectividad que no es seguro que puedan resolverse con el solo ensanchamiento de la autopista, o la construcción del tren a Melipilla. La existencia de monopolios en el transporte rural, la desconexión de su sistema de pago con el Transantiago, el pago de tag en la autopista son sólo algunos elementos que encarecen y dificultan la vida cotidiana de miles de personas, y que pueden empeorar con un aumento explosivo de los habitantes sin una planificación adecuada.

Además, el aspecto medioambiental cobra una enorme relevancia en comunas de la zona, donde gran parte del trabajo gira en torno a la producción del campo –faenas agrícolas, viñas-, siendo muy vulnerables a los efectos de la megasequía que afecta al país desde hace más de una década. No es un secreto para nadie la falta de cuidado de la cuenca del río Maipo, o la precariedad de la infraestructura de regadío -basta recordar el accidente del Canal Las Mercedes en Curacaví el año pasado que puso en peligro la producción de choclo de cientos de productores-, a lo que se suman fenómenos más localizados, pero no menos preocupantes como el robo de agua desde los canales, incluso con camiones, para su posterior comercialización.

Para qué hablar sobre las polémicas en torno al vertedero de Santa Marta, ubicado en la zona de Lonquén y que durante años ha sido foco de denuncias por la contaminación de los canales de regadío de la zona con líquidos percolados, transformando al sector en el basurero de la capital.

El centralismo en nuestro país no se ve solamente en la manera como Santiago concentra la atención de políticos y medios de comunicación en contraposición al resto de las regiones, sino también en la forma como se tiende a ignorar la realidad de las comunas rurales o con ciudades medianas o pequeñas -Melipilla, Talagante, Alhué, Buin, Isla de Maipo o Curacaví, por dar algunos ejemplos- que, estando en la Región Metropolitana, son permanentemente dejadas de lado.

La pandemia ha develado la gravedad de esta y otras problemáticas que numerosas localidades de la periferia rural metropolitana, y resulta urgente que el Estado se haga cargo de las mismas con una mirada integral, que las incorpore realmente a la región.