Un grupo de concejales de la Región de Valparaíso decidió solicitar un pronunciamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el nombramiento de Juan Andrés de la Maza como nuevo Comandante en Jefe de la Armada.

El vicealmirante estuvo a cargo de las fuerzas armadas durante el estallido social en la Región de Valparaíso, lugar en que al igual que en otros sectores del país se cometieron decenas de violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado.

“Las Fuerzas Armadas no tienen armamento de juguete, a buen entendedor, pocas palabras. Las fuerzas nuestras están con munición de guerra”, fueron parte de las declaraciones de Juan Andrés de la Maza en el marco de las manifestaciones de fines de 2019.

Sobre la solicitud hecha a la CIDH, el abogado de Derechos Humanos Francisco Bustos expresó que “es pertinente que la CIDH, como un ente que tiene por finalidad fiscalizar el respeto y la garantía de los DD.HH y que se ha interiorizado de la situación post 18 de octubre, pueda dar su parecer a este respecto”.

Sin embargo, Francisco Bustos señaló que el problema de fondo se expresa de forma previa, cuando las autoridades centrales no consideraron esta situación antes del nombramiento.

“Sinceramente parece que con las declaraciones él (de la Maza) estaba incentivando una respuesta violenta por parte de los infantes de marina, entonces ciertamente yo creo que el Estado debiera prevenir el que personas que pudieran estar involucradas en situaciones de violaciones de derechos humanos, incluso por responsabilidad de mando, accedan a este tipo de puestos”, expresó el abogado.

En tanto, Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, señaló al respecto que “él en pleno estallido dio declaraciones brutales (…) Eso lo sentimos como una amenaza, él con eso quiso hacer una advertencia, entonces es muy delicado lo que hizo, no solo las declaraciones sino la relación con las violaciones de derechos humanos, porque él tuvo participación en esto, tiene que hacerse cargo de sus dichos y de sus responsabilidades en el estallido social si estaba a cargo del orden y la seguridad”.

El rol del Presidente

Este 18 de junio es la fecha establecida para que Juan Andrés de la Maza asuma su cargo, al que llega por decisión del Presidente Sebastián Piñera, pues es a él a quien le compete aceptar el alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sobre este punto, el abogado Francisco Bustos indicó que, considerando la forma en que el Gobierno ha abordado las violaciones a los derechos humanos, esta decisión no es sorprendente.

“Si consideramos que en realidad todo al final depende del Presidente y que él tomó todas estas decisiones respecto del 18 de octubre y también le faltó adoptar una serie de otras medidas, en realidad la decisión no nos sorprende porque ha sido su proceder el ignorar este tipo de materias”, señaló.

“Los superiores de carácter civil y también de carácter militar, jefes de Defensa Nacional, ministros de Interior o Defensa, incluso el Presidente podrían llegar a tener responsabilidad incluso de carácter penal si es que se dieran una serie de otras condiciones por supuesto. Por eso es complejo nombrar en este tipo de cargos a una persona que dio este tipo de declaraciones”, agregó.

Respecto de este punto, Marta Valdés, representante de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, señaló que este nombramiento ha significado para las familias y víctimas una ratificación de algo que han denunciado por meses.

“Esto confirma lo que hemos pensado siempre y es que tenemos un Gobierno indolente, un Gobierno que ha considerado que las violaciones a los derechos humanos y los excesos que se cometieron durante el estallido social se ajustaron a lo que correspondía”, manifestó.

“Nos deja en claro que además va a costar mucho durante este Gobierno tener verdad y justicia producto de que el Presidente sigue avalando estas conductas y con este nombramiento que hace nos confirma que él da espaldarazos a quienes violentan y violan derechos en el país”.

Ante esta situación es que desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular apuestan porque al menos en la justicia internacional se puedan llevar a cabo los procesos correspondientes para establecer responsables políticos y de mando. Esto porque dadas las dificultades que han tenido hasta ahora los procesos contra autores materiales de los crímenes en Chile, ven prácticamente imposible que los tribunales avancen en la búsqueda de otro tipo de responsables.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la concejera regional de la Región de Valparaíso, Nataly Campusano, también tuvo palabras para abordar esta situación y señaló que “nuevamente el Presidente desconoce lo que ha pasado en el país”.

“La región de Valparaíso fue una de las más golpeadas en violaciones a los derechos humanos y también hay mucha viralización en videos, imágenes de cómo se trataba a los manifestantes, no es desconocido. Entonces que el Presidente de la República hoy tenga este gesto, este acto para quien fue cuestionado en su liderazgo en el estallido social me parece imprudente. Una más de las tantas imprudencias que ha tenido y en las que ha desconocido la historia de Chile y que, en este caso, desconoce a quienes fueron vulnerados en la región”, expresó.

Según la presentación realizada a la CIDH, el Ministerio Público informó que durante el estado de emergencia, Valparaíso fue la tercera región con mayor cantidad de investigaciones abiertas por violaciones a los derechos humanos, es decir, durante el período en que el nuevo Comandante en Jefe de la Armada ejercía el mando de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la zona.