“Les toca cheque”, dijo el diputado Jorge Alessandri, refiriéndose despectivamente a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Que con este proyecto de reparación a las personas que fueron gravemente violentadas por agentes del Estado, “les tocaría cheque”. Después de 30 años, en la UDI, siguen sin entender de qué se trata este debate.

Como hija de exiliados políticos me parece peligroso que palabras como esas puedan ser toleradas en el Congreso Nacional. Llevar la discusión a lo que vamos a pagarle a las víctimas. No a lo que perdieron las víctimas, no las muertes, no los ojos, no la imagen de un adolescente inconsciente en el Mapocho. El cheque, el metro, la estatua rayada. La propiedad privada, no los Derechos Humanos. Eso les importa, no Mario Acuña postrado luego de ser brutalmente golpeado por Carabineros, no Fabiola Campillai ciega, no jóvenes que llevaran por siempre los perdigones en su cuerpo. No entienden de qué se trata este proyecto.

Este proyecto no es, como algunos han querido instalar, un beneficio o una regalía. Este proyecto lo que hace es acercar algo la justicia, facilitar el proceso de reparación de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el contexto del estallido social. Sé que para algunos la justicia y la reparación es un privilegio, pero no podemos permitir que pasen décadas, como han pasado para las víctimas de la dictadura, para que las víctimas de la represión policial durante la revuelta tengan la reparación que les corresponde.

Y cómo no va a ser razonable, si por un lado tenemos el hecho indiscutible de que quienes debían proteger a las y los manifestantes, quienes estaban mandatados por la ley y la Constitución para proteger el derecho a protesta de las personas, se dedicaron a reprimirlas, a herirlas, a mutilarlas. Números inéditos para el mundo en un pequeño país como el nuestro. Y por otro lado, quien ha sido víctima y acciona judicialmente para obtener reparación, se encuentra ante todo el aparato del Estado en su contra, en un proceso judicial extenso y complejo, sumado a la lentitud de los tribunales y a la desidia dilatoria de los victimarios. Se enfrenta a una cuenta pública del Presidente que niega a los presos políticos y que juega al empate. Claro que tiene sentido un proyecto como este.

Por eso se establece un procedimiento más rápido, por eso se establece un informe de peritos con características que logren abordar las circunstancias de los hechos y la afectación a la víctima, por eso se establece la imprescriptibilidad. No son privilegios, al revés, solo es la justa medida de equidad en una situación en que fue el propio Estado el que hizo todo mal, y en una materia donde la reparación tiene una realidad compleja: ¿cómo se restituye lo que la víctima perdió cuando eso fueron sus ojos? ¿Cómo se le restituye a una madre el tiempo que su hijo pasó en prisión preventiva víctima de una detención ilegal?

Este proyecto es absolutamente necesario para reparar a las víctimas, para recomponer la confianza en que existirá justicia, y sobre todo, para entender que estas situaciones no pueden volver a suceder en nuestro país. Pero también quisiera decir que, si bien es una necesidad, en ningún caso es suficiente. Se requiere verdad, justicia y reparación. Verdad sobre todo lo que sucedió desde el 18 de octubre del 2019 en las miles de comisarías, en las calles, en las plazas, en las poblaciones. Justicia para todos los muertos, para las victimas de lesiones oculares, para quienes sufrieron agresiones sexuales y para quienes sufrieron tortura. Y también reparación, para todos los injustamente querellados, para quienes estuvieron presos siendo inocentes y para todos los que aún lo están.

La autora es diputada y presidente de Revolución Democrática