La actual discusión respecto del sistema de admisión a las escuelas con financiamiento estatal, abierta por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se sostiene en un conjunto de supuestos que nada tienen que ver ni con las evidencias, ni con la experiencia nacional e internacional.

¿De dónde surge entonces? De voces e intereses que buscan poner en jaque el sentido de la Ley de Inclusión. No pueden o no quieren ver -por un profundo dogmatismo que apela a un supuesto ejercicio de la libertad de elegir a las familias- que la mantención de un sistema escolar altamente segregado, como sigue siendo el chileno, no hace, sino profundizar las enormes diferencias respecto del logro de los objetivos de aprendizaje en la población escolar.

De hecho, el ejercicio de ese supuesto derecho enarbolado por quienes se oponen a la plena implementación de la ley, por más de cuarenta años significó que las administraciones de las escuelas y no las familias, como se nos pretende hacer creer, definieron arbitrariamente qué niñas o niños y, por defecto, qué tipo de familias ingresaban a las respectivas comunidades escolares.

Respecto de qué ocurre con la selección, el ámbito escolar ha generado ambientes escolares artificiales en los que no logran convivir la diversidad y la diferencia social, cultural y económicas de niños, niñas y jóvenes, por ello es necesario superarla.  Además, significa un acto de enorme violencia a estudiantes y apoderados al excluir según sus condiciones y, por cierto, genera una gran segregación en el sistema escolar, la cual hemos vivenciado por tanto años.

En este sentido, es necesario dejar en evidencia que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional viene a tirar por la borda todo lo avanzado durante estos últimos cuatro años en crear ambientes inclusivos y de tolerancia en los establecimientos educativos del país, y pone nuevamente en la mesa la violencia de la selección y discriminación del sistema educativo que tan mal le ha hecho al país.

Por ejemplo, la mediocridad de los resultados del sistema escolar, su rotundo fracaso expresado en que casi 5 millones de adultos chilenos no cuentan con los 12 años de escolaridad obligatoria, y la profunda y sostenida desigualdad en las pruebas de selección universitaria, no son, sino manifestaciones de la urgencia y de la necesidad de reconfigurar la escuela en Chile, en especial la que existe gracias a los recursos públicos.

Por tanto, urge anular este dictamen y rescatar el espíritu y propósitos de la Ley de Inclusión que busca generar un sistema escolar más justo, democrático y con igualdad de acceso y derechos para todos los niños, niñas y jóvenes del país.

Andrea Carrasco, Directora del Centro Saberes Docentes
Pablo González, Subdirector del Centro Saberes Docentes