La ley económica fundamental del capitalismo es la de la oferta y la demanda. Ella permite entender como el sistema “regula” el mercado para que produzca ganancias en interés de las empresas, manteniendo la estabilidad del sistema. Una de las mercancías más importante del mercado global para sostener esa estabilidad son las sustancias sicotrópicas que producen un exorbitante lucro para los “empresarios” que trafican este producto, bajo normas que establecen los países desarrollados a fin de nutrir a los potenciales clientes sin traumas ni quiebres sociales, garantizando que los dividendos fluyan sin conflicto por el sistema financiero global.

La semana pasada, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), dio a conocer que los cultivos de coca en Colombia bajaron un 7% en 2020 respecto a 2019, con 143.000 hectáreas, frente a las 154.000 del año anterior. Sin embargo, aunque la superficie sembrada se redujo, su rendimiento aumentó 8%, a 1.228 toneladas de cocaína por hectárea, frente a las 1.137 del año anterior. En los hechos, las políticas anti drogas han naufragado, entre otras cosas porque no se han propuesto atacar al mercado sino a los campesinos que producen la coca.

Según Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos y autor del más reciente informe de la Unodc, esta situación es el resultado de una producción más eficiente debido a aprendizajes y cambios tecnológicos que “suceden principalmente en los enclaves productivos”. Curiosamente, estos enclaves se encuentran en las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela. Mucho más curioso es que se hayan incrementado en grado superlativo en el límite con Venezuela (siendo el Norte de Santander el departamento de mayor área sembrada con 40.084 hectáreas) a pesar que ahí se encuentra el mayor y más sofisticado contingente militar colombo-estadounidense. Resulta inexplicable que el 40 % de la coca producida en 2020 guarde relación con estas zonas fronterizas y que se haya experimentado un comportamiento ascendente desde 2010, año en el cual solamente reportaron 1.700 hectáreas sembradas.

El informe también resalta que existe una “optimización de los insumos agrícolas” en estos lugares, algo que no sucede en el resto del país, así como de sustancias químicas para convertir la coca en cocaína: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, cemento, cal, urea, amoníaco y combustible. Es sabido que la parte más sustancial de estos insumos no se producen en el país y son importados -en su aplastante mayoría- de forma legal desde Estados Unidos sin que las autoridades de uno y otro país hayan hecho algo para evitarlo a pesar de tener conocimiento del uso que se le da a estas sustancias.

El informe concluye afirmando que pese a la disminución continuada de coca de los últimos años, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Esto ocurre en un país en el que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema desde el inicio de la pandemia, de manera que queda en evidencia que el aumento en la producción de cocaína no trae beneficios a los campesinos, sino a los grandes capitales que trafican con ella. Según los expertos, Colombia ha retrocedido casi una década en la lucha contra la pobreza.

De acuerdo a esta instancia gubernamental colombiana el año pasado 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 (35,7%), alcanzando un total de 21,02 millones de ciudadanos mientras que la pobreza extrema llegó a 7,47 millones de colombianos.

Por otra parte, si se observan las cifras de desigualdad también se evidencia un retroceso, pues a nivel nacional el índice de Gini pasó de 0,52 a 0,54, la cifra más alta de todas las mediciones que ha hecho el DANE desde 2012.

¿Qué ha pasado en el otro extremo del mercado?  La esperanza de vida en Estados Unidos se redujo un año y medio durante el 2020, alcanzando los niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial e impactando fundamentalmente en las comunidades latinas y afroamericanas según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país. Cualquiera pudiera pensar que esta cifra es resultado de las afectaciones producidas por la pandemia de coronavirus, sin embargo, siendo esto cierto, las autoridades afirman que tal problemática se acentuó a causa de la epidemia de sobredosis de drogas, que aumentó un 30% en comparación con el 2019.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos informó que más de 93.000 personas murieron de sobredosis en el país en 2020, casi un 30 % más que el año anterior. Muchas personas en situación de pobreza perdieron sus trabajos, viven en condiciones de extrema tensión porque no tienen recursos para solucionar sus problemas básicos, por lo que recurren a las drogas como forma de escapar de tal situación.

Según un reporte de RT, desde 1999, más de 900.000 personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos, una buena parte de ellos por la cocaína que Colombia le envía. Esta cifra, sobrepasa ampliamente la registrada en todos los países ricos del mundo. Se calcula que la tasa de mortalidad por sobredosis en Estados Unidos es 3,5 veces más alta que la media registrada en una veintena de países comparables. Mientras ello ocurre, la banca internacional “engulle” gustosa los miles de millones de dólares que produce este negocio.

Simultáneamente, otro informe, esta vez dado a conocer el pasado 30 de julio por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llama la atención sobre 23 focos en todo el mundo que sufrirán escasez de alimentos en los próximos 4 meses, afectando  en mayor medida a  agricultores y ciudadanos,  ante la connivencia de gobiernos y de la llamada comunidad internacional que no aporta recursos para brindar ayuda alimentaria impidiendo que se puedan plantar cultivos a gran escala en el momento oportuno. En el intertanto, los grandes millonarios que han visto engrosar sus fortunas durante la pandemia, se distraen organizando paseos por el espacio, despilfarrando miles de millones de dólares que se podrían utilizar para paliar este flagelo y que –sin embargo- son usados por ellos para solazarse observando la pobreza del planeta desde el firmamento.

El informe mencionado dice que los mayores focos de alerta están ubicados en Etiopía y Madagascar, así como en otros  23 países entre los que destacan en América Latina y el Caribe a El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y…oh sorpresa ¡Colombia!. He ahí la explicación de porque el presidente Duque está haciendo sus mayores esfuerzos internacionales pretendiendo que Estados Unidos declare a Venezuela como país que fomenta el terrorismo.  ¿Será que piensa que esto le puede permitir reducir la producción de drogas en su país y superar el hambre creciente de su pueblo ante su indiferencia, ineptitud e indolencia? O, tal vez, de esta manera, se propone ocultar todo el desastre anteriormente expuesto.

La guerra contra las drogas decretada por el presidente Nixon hace 50 años ha fracasado. El informe de Naciones Unidas indica que entre 2010 y 2019, el número de consumidores aumentó en un 22 % en el mundo, mientras que el mercado se ha mantenido bastante estable en términos proporcionales. Así mismo, afirma que en 2019 alrededor de 275 millones de personas usaron alguna droga por lo menos una vez, de los cuales 36 millones ya padecen trastornos por abusos en el consumo, reportándose más ganancias para los vendedores. Así seguirá siendo mientras el capitalismo “regule” el mercado en función de sus intereses de lucro y ganancia desmedida.