El 28 de septiembre pasado, justo en el Día por la Despenalización del Aborto, recibimos una inesperada buena noticia: la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Desde muchos puntos de vista, es una “pequeña” buena noticia.

Por una parte, queda mucho camino legislativo por delante. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara – irónicamente – había rechazado en general el proyecto de ley, decisión que se revirtió en Sala. Por tanto, ahora la misma Comisión debe debatir el proyecto en particular, para luego volver a sala. Y luego, falta la tramitación en el Senado.

Por otra parte, el proyecto se limita a la despenalización – esto es, hacer que no sea delito – pero no garantiza acceso a ningún tipo de servicios de aborto seguro. Esto se debe a motivos técnicos: este proyecto se origina en una moción parlamentaria, y para garantizar acceso a servicios, dado que requiere recursos fiscales, el proyecto solo podría originarse por iniciativa del ejecutivo. Es lo único que las diputadas mocionantes podían hacer bajo la actual Constitución.

Dicho eso, que sea una “pequeña” buena noticia, no hace que deje de ser importante. Recientemente desde Amnistía Internacional publicamos material con testimonios de tres mujeres que, estando dentro de las tres causales en las cuales el aborto es legal en Chile hoy, enfrentaron toda clase de discriminaciones y barreras para poder acceder a su derecho. Esto revela primero, como también lo ha mostrado la Mesa Acción por el Aborto en Chile a través de sucesivos trabajos de monitoreo social, que la implementación de la ley vigente sigue siendo deficiente; y segundo, que, sencillamente, no bastan tres causales. El aborto debiera estar garantizado para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo necesiten, sin causales.

Hasta ahora, uno de los límites para avanzar en esto ha sido la Constitución vigente. En este sentido, el trabajo de la Convención Constitucional abre una oportunidad fundamental para garantizar adecuadamente la autonomía y derechos sexuales y reproductivos. Se debe avanzar en el proyecto de ley, pero también se debe ir más allá, y la Convención Constitucional tiene un rol esencial que cumplir.

No nos cansaremos de repetirlo: los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar deben priorizarse en el país. Impedir el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibirlo o restringirlo no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros. No olvidemos que el acceso a servicios de aborto sin riesgos es esencial para la protección de los derechos humanos.