Resulta difícil recordar lo que ocurrió la semana previa al 18 de octubre de 2019 sin apelar a las emociones que nos convocaron a salir a las calles después de ver a las y los estudiantes tan valientes dando cara frente al alza abusiva del transporte. El primer reconocimiento es para ellas y ellos que, sin duda, nos empujaron a salir a las calles a luchar por dignidad.

En la previa del 18-O, los ciudadanos del país vivíamos las pellejerías de Chile, las alzas del costo de la vida y la falta de derechos sociales como algo natural. No nos sorprendía que tuviésemos que pagar abusivamente por todo, pero nos molestaba. No reclamamos, pero nos daba rabia. Hasta que un día dijimos basta. En primera instancia, se generaron puntos de encuentro en varias localidades del país y tras años en silencio y un temor y recelo a lo político, volvimos a conversar. A pesar de la represión, el sólo acto de reencontrarnos fue uno de los grandes hito de aquellos días. Nos dimos cuenta de que no estamos solas y solos. La solidaridad y la organización popular fue la respuesta casi instantánea de nuestros pueblos ante la arremetida criminalizadora, represiva y brutal de las policías mandatadas por el presidente Sebastián Piñera.

A dos días del inicio del estallido, se quemaron las bodegas de Kayser en la comuna de Renca. Murieron cinco personas, entre ellas el joven Yoshua Osorio Arias de 17 años. Aún no tenemos respuestas. ¿Hasta cuándo va a existir la impunidad?.

Cuando los militares salieron a las calles fue como revivir una pesadilla para una generación que creció y sobrevivió entre heridas y dolor. Volver a verlos, junto con el brutal actuar de Carabineros, no dejó a nadie indiferente. La represión fue desatada. Circulamos días y noches por las comisarías preguntando por detenidas y detenidos que acusaban maltratos por parte de las policías que gaseaban, mutilaban y torturaban a los ciudadanos. Somos tajantes en decirlo: Los Derechos Humanos no fueron respetados durante el gobierno de Sebastián Piñera y aún no tenemos verdad, justicia y reparación.

La impunidad de generales de las Fuerzas Armadas, los altos mandos de Carabineros, secretarios de Estado y, no podemos dejar de mencionar la impunidad del mismo presidente de la República es una deuda que duele y enoja hasta el día de hoy.  ¿Cuántas personas han estado más de un año en prisión preventiva? Encerrados entre cuatro paredes esperan el avance del proceso judicial mientras sus familiares, amigos, parejas y compañeros gritan en las calles: ¡Libertad a los presos de la revuelta!.

Al gobierno de Piñera no le importaron los muertos, heridos y torturados del estallido social.

Hace pocos días supimos que fue revocada la prisión preventiva de Claudio Crespo, ex carabinero que dejó ciego a Gustavo Gatica. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cree que el ex uniformado no es un riesgo para la sociedad debido a la “irreprochable conducta anterior”. ¿Alguien pensó en cómo se sentiría Gustavo Gatica?

Nuevamente, la justicia no protege a las víctimas. “Nos sentimos vulnerados por él, es un peligro para la sociedad (…) quedamos tristes con esta noticia, nos sentimos vulnerados, él va a andar en la calle igual que nosotros. Esperamos nunca encontrarnos con él, pero la justicia los puso en el mismo lugar que nosotros”, expresó Gustavo.

En agosto del presente año, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional propuso “la reformulación del plan de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se someterán de forma irrestricta al poder civil a partir de un currículo basado en la doctrina de los Derechos Humanos”, “la desmilitarización de la función policial, la disolución del Consejo de Seguridad Nacional, la derogación del Código de Justicia Militar y la eliminación de la doctrina de Seguridad Nacional” y que las víctimas de trauma ocular tengan justicia y reparación de forma integral a través de medidas adoptadas por el Estado, porque el plan que puso en marcha el actual gobierno no dio las garantías necesarias para las y los heridos. No tenemos una venda en los ojos. Hoy, a dos años del inicio del estallido, las cosas no han enmendado su curso. Confiamos en que el trabajo de la Convención, proceso naciente de la revuelta social, logre encauzar y dirigir un país con memoria, verdad, justicia y reparación para todas aquellas personas y familias que lloran por sus seres amados en esta nueva conmemoración del 18-O. Para que nunca más un militar, un carabinero o incluso un civil le apunte con sus armas a las personas que caminan por las calles exigiendo dignidad.

Columna de opinión de Rodrigo Mallea, abogado, activista por los Derechos Humanos y candidato a diputado por el distrito 9.