Ya es tarde para evitar la crisis climática. Los esfuerzos de las últimas décadas fueron insuficientes y hoy necesitamos urgentemente adaptar nuestra sociedad a los efectos extremos que estamos comenzando a vivir de forma cotidiana. Cada vez serán más frecuentes las sequías, las inundaciones o el aumento del nivel del mar y las temperaturas, y debido a estos procesos, también lo serán las migraciones masivas o la aparición de nuevas enfermedades.

Si bien el desafío es transversal, la responsabilidad por la crisis es principalmente de los países más desarrollados y sus consecuencias afectan especialmente a los países menos desarrollados. Asimismo, son los más privilegiados quienes hacen más daño y los más vulnerables quienes soportan las consecuencias más graves. Los países más contaminantes del mundo son China y Estados Unidos, y peor aún, de acuerdo a CDP, las 12 empresas con mayores emisiones de CO2, son responsables del 22% de las emisiones del planeta, superando a Estados Unidos, Rusia y Japón combinados.

En términos de género, organismos internacionales indican que el 80% de los cargos de poder vinculados al cambio climático son ocupados por hombres, mientras que el 80% de los refugiados climáticos son mujeres. En términos territoriales la situación es similar y especialmente visible en ciudades tan segregadas como Santiago; por ejemplo, comunas de menos ingresos, como Quilicura, Conchalí, Independencia o Lo Prado, cuentan con menos de 4 m2 de áreas verdes por habitante, mientras que son comunas más acomodadas, como Vitacura, Lo Barnechea, Providencia o La Reina, las únicas que alcanzan la cifra recomendada de 10 m2 de áreas verdes por habitante, cuestión que, en conjunto con la aislación térmica de las viviendas, el acceso a servicios o la presencia de microbasurales, afecta nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de resistir la crisis.

Es tiempo de priorizar la adaptación y redistribuir los costos de sobrevivir a la emergencia que enfrentamos, con una estrategia nacional y regional que nos permita educar, promover el desarrollo en investigación y tecnología, y asegurar el acceso a recursos hídricos y alimentación saludable y sustentable. Esto requiere de políticas públicas de conservación y protección de bienes comunes naturales como el suelo y los glaciares; de la mejora de nuestras capacidades de alerta, respuesta y recuperación ante emergencias ambientales, y del diseño y ejecución de planes locales de adaptación climática, que incluyan instrumentos de planificación territorial, evaluación y control de riesgos, y el establecimiento de metas de adaptación y mitigación para actorías públicas y privadas. En definitiva, necesitamos una transición socioecológica justa, con una perspectiva redistributiva y ambiciosa que nos incluya a todas y a todos.

La Región Metropolitana se ubica en una cuenca y se organiza como una ciudad segregada, altamente saturada por cerca de la mitad de la población nacional y de la emisión de residuos contaminantes. Mejorar su situación requiere un esfuerzo coordinado de todas las comunas que la componen y que incluya factores como la educación y concientización, la regulación del comercio, la mejora de los servicios de aseo, reciclaje y recolección de residuos, y un cambio drástico en nuestro uso del agua y nuestra forma de construir ciudad y vivienda, que contemple una institucionalidad y una legislación regional, que se hagan cargo del desafío que enfrentamos.

Es por esto que ante la inminencia de la elección de Consejeros Regionales en todo el país y, especialmente, en la Región Metropolitana, que hacemos un llamado a las candidaturas y al primer Gobernador democráticamente electo del gran Santiago, Claudio Orrego, a asumir un compromiso con medidas concretas que impacten nuestra capacidad de hacer frente a la crisis climática global desde la experiencia de nuestras comunidades locales y las iniciativas que se levantan desde diversas actorías sociales, considerando al menos tres medidas que nos parecen urgentes:

En primer lugar, implementar medidas concretas en el plan de desarrollo regional, que consideren la emergencia climática como un eje que articule las iniciativas del gobierno de la región metropolitana. Proponemos, en esta materia, establecer un plan de gestión de redes de transporte no contaminante, la generación de corredores biológicos que nos conecten con los flujos vitales de nuestro entorno natural, y la regulación del uso de energías y las emisiones vehiculares e industriales.

En segundo lugar, incorporar de forma permanente a las mayorías en las definiciones regionales, en esta y otras materias prioritarias para la región, a través de espacios periódicos de incidencia vinculante, que hagan realidad el mandato legal del CORE, de servir como vínculo entre las comunidades y la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos, y que se desarrollan mediante un presupuesto cuyo origen es el esfuerzo colectivo que hacemos como sociedad. Proponemos, en esta línea, el establecimiento de asambleas regionales por circunscripción, donde mensualmente las y los Consejeros rindan cuenta de su gestión y reciban el mandato de las vecinas y vecinos de la región, para orientar el despliegue del Gobierno regional a las necesidades concretas de las y los habitantes del territorio.

Finalmente, consideramos prioritario hacer frente a algunas de las problemáticas regionales, en un proyecto que traduzca los desafíos del presente en una iniciativa integral desde la perspectiva de la adaptación climática. Nuestra región concentra un porcentaje importante de la crisis de vivienda, y los indicadores de desperdicio de alimentos, emisión de residuos domiciliarios, desempleo e inseguridad. Es posible iniciar un proceso de promoción de nuevas formas de aprovechamiento de los residuos que reemplacen los vertederos que ahogan la periferia de nuestra región, por procedimientos que permitan su reutilización, por ejemplo, en la construcción de infraestructura pública y viviendas de interés social. Reinyectar nuestros desperdicios en la gestión de la crisis de vivienda puede permitir además, en coordinación con las comunidades, generar espacios públicos y conjuntos habitacionales donde sea posible la recuperación de alimentos en comedores populares que ayuden a revitalizar nuestros barrios y promover el pequeño comercio, permitiendo la reinserción laboral con perspectiva sustentable y de género, y que contribuyan a hacer más seguros nuestros entornos barriales. Ejemplos de esto ya existen en el extranjero, y también en nuestro país; organizarlos regionalmente en el gran Santiago puede ser la llave para dinamizar una nueva economía donde el crecimiento en favor de los grupos económicos, de lugar a una redistribución sustentable que llegue a las mayorías de nuestro país.