Tendemos a olvidar que desde la dictadura padecemos una situación de grave violencia estructural. Que nuestro modelo de sociedad injusto y excluyente fue impuesto por un sistemático terrorismo de Estado que escandalizó al mundo entero. Terrorismo expresado en centenares de miles de personas que experimentaron detenciones seguidas de desaparición; ejecuciones extrajudiciales; torturas; reclusiones en campos de concentración; allanamientos nocturnos de poblaciones; detenciones arbitrarias; exilios; relegaciones; o exoneraciones. En que la generalidad de la población sufrió por muchos años toque de queda permanente; censura; prohibición de reuniones; espionaje de una policía secreta virtualmente omnipotente; y autocensura a grados tales de ni siquiera poder hablar con libertad en sus hogares por temor a que los hijos repitiesen en los liceos o colegios alguna expresión de crítica que hiciese peligrar al conjunto de la familia.

Y todo lo anterior para refundar el país sobre la base de un sistema neoliberal extremo en que se impusieron privatizaciones de bancos y grandes empresas a vil precio; un conjunto de subsidios a grandes grupos económicos en actividades extractivas; un sistema tributario que permite que los sectores adinerados puedan evadir legalmente una buena parte de sus impuestos a través de la “elusión”; una legislación (“Plan Laboral”) que viola los derechos laborales y sindicales de los trabajadores; un sistema previsional (AFP) destinado a engrosar aún más y de modo permanente las inversiones de los grandes grupos económicos y que mantiene en la miseria a gran parte de la población jubilada; un sistema de salud caro y efectivo para una minoría de la población (Isapres) y otro muy malo para la gran mayoría (Fonasa); un sistema educacional también muy desigual que reproduce la gran desigualdad de oportunidades existente; etc.

También tendemos a olvidar -¡pese a la “revuelta” o “estallido” social de octubre de 2019!- que aquel sistema, basado en la imposición violenta de un modelo ideológico, se mantiene vigente, pese a que la mayoría de chilenos y chilenas desde 1989 eligieron infructuosamente cinco gobiernos proclamadamente de “centro-izquierda” que engañosamente se comprometieron a sustituir dicho modelo, tal como lo habían planteado históricamente desde que lideraron la oposición a la dictadura. Esto último ha sido reconocido con los años por numerosos líderes concertacionistas y particularmente por el ministro clave de Aylwin, Edgardo Boeninger. Este último, en un voluminoso libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad; Edit. Andrés Bello) señaló crudamente que a fines de los 80 aquel liderazgo llegó a una “convergencia” con la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).

Y para mantener dicho engaño en el tiempo, la Concertación le regaló solapadamente a la futura oposición de derecha la mayoría parlamentaria, a través de las Reformas Constitucionales concordadas a mediados de 1989. Y luego procedió -también solapadamente- a provocar con sus políticas discriminatorias del avisaje estatal la destrucción de todos los medios escritos de centroizquierda en los 90. De allí que cuando finalmente obtuvo mayoría parlamentaria (con Lagos, entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz; y con Bachelet durante sus dos gobiernos) no había nadie para “recordárselo”…

Ha sido tal la injusticia y desigualdad del modelo económico impuesto violentamente por la derecha –utilizando para ello a las Fuerzas Armadas- y consolidado engañosamente después por la dirigencia concertacionista; que pese al crecimiento económico y a la disminución de la pobreza absoluta los resultados de dicho modelo han ocasionado miles de muertes silenciosas perfectamente evitables con mayor justicia social. Así, de acuerdo a informaciones oficiales del Ministerio de Salud entregadas al Senado, ¡sólo en el primer semestre de 2017 murieron 6.320 personas que estaban en listas de espera para la atención de salud en el sistema de Fonasa! Esto es, una de cada ocho personas que fallecieron en el período en el país. Además, “de quienes fallecieron esperando, 939 tenían pendiente una atención incluida en el plan AUGE, es decir, con plazos máximos para otorgar la prestación. Otros 5.277 requerían una consulta con un especialista o una intervención quirúrgica que no están en el AUGE, y 104 aparecían en ambas listas de espera a la vez” (El Mercurio; 17-3-2018).

Por otro lado, “durante todo 2016 fallecieron 15.600 pacientes de la lista de espera. Además, si bien no era posible establecerlo de manera certera, al menos en 6.700 casos podía haber una relación entre la muerte y haber tenido una atención pendiente” (Ibid.). Asimismo, entre 2006 y 2017, ¡1.313 niños pobres en situación irregular fallecieron en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) por negligencia! (ver El Mostrador; 17-7-2017); los que además eran contabilizados como “egresos administrativos” (ver La Nación; 3-8-2017)…

Ahora bien, en contextos sociales de tanta injusticia y desigualdad es lamentablemente esperable que las expresiones de descontento social sean acompañadas por acciones violentas, incendios o saqueos de grupos antisistema o francamente delincuenciales. Es lo que pasaba también en las primeras décadas del siglo pasado, cuando la miseria y la desigualdad eran gigantescas en nuestro país. Sin embargo –algo que los medios de comunicación altamente concentrados han omitido- el mismo 18 de octubre fueron inmensamente mayoritarios los manifestantes que expresaron su fuerte descontento con evasiones de pagos del Metro y, sobre todo, con el toque de cacerolas nocturno. Y para que hablar de las marchas pacíficas del 25 de octubre en Santiago y provincias que movilizaron a millones de personas.

Además, dichos medios se han hecho eco, por lo general, de las protestas de los políticos de la derecha tradicional en contra de una ley de indultos que favorezca a numerosas personas que han estado presas “preventivamente” durante un año y medio por delitos que no irrogaban penas de cárcel; o que implicaban penas ya en exceso cumplidas. Y muchos de ellas ¡han sido finalmente absueltas habiendo pasados meses en prisión! Y lo que llega a ser alucinante, es que al mismo tiempo ¡no hay prácticamente ningún carabinero preso por la mutilación ocular de cerca de 400 manifestantes que fueron bárbaramente reprimidos; o por numerosas torturas y vejaciones sexuales cometidas contra jóvenes en comisarías! Es casi increíble cómo no se dan cuenta que con este enfoque de la situación, tremendamente desigual e injusto, se están generando condiciones para explosiones sociales cada vez mayores…