Desde el inicio del debate en torno a la nueva Constitución, las y los trabajadores de la cultura y las artes han sido categóricos al señalar que el nuevo pacto social no debe pasar por alto el tema de los derechos culturales. En ese contexto, el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) desarrolló el Seminario “¿Y ahora qué ? Los Derechos Culturales en el Escenario Constituyente”, actividad que hace unos días contempló un panel para dar cuenta de las experiencias de países como México, Ecuador y Brasil.
Moderada por el abogado Andrés Muñoz Cárcamo, la instancia contó con la participación de Paola de la Vega, Doctora en estudios culturales de Ecuador; Alexandre Barbalho, Doctor en Comunicación y Cultura Contemporánea de Brasil; y Erika Flores, Doctora en Derecho Cultural de México. En ese sentido, los profesionales expusieron sobre cómo surgieron cada una de estas experiencias constitucionales y cómo los derechos culturales fueron recogidos en cada uno de los documentos.
Así, Paola de la Vega sostuvo que la Carta Fundamental de Ecuador nació a partir de una profunda crisis social y que, hasta el proceso constituyente, es decir, 2007, no había una formación profunda respecto de la promoción de los derechos culturales. Las organizaciones de base tampoco tenían una incidencia en el desarrollo de políticas públicas para el sector. Aún así, al calor del debate constitucional, surgió una agenda en la sobresalía la “necesidad de romper con las prácticas clientelares” de fondos públicos para la cultura”, a lo que se sumaron ideas vinculadas a la defensa de la tierra y la protección de los saberes ancestrales, entre otros. La idea del buen vivir, el Estado plurinacional y la interculturalidad fueron conceptos que terminaron por guiar la construcción de este nuevo pacto.
Sin embargo, la profesional indicó que, pese a estos nuevos lineamientos, hoy el Estado ecuatoriano no ha logrado dar garantía de estos derechos y, esto, “en las narices de un Ministerio de Cultura y Patrimonio indiferente y silencioso”. Según explicó, este estancamiento se da, porque Ecuador no ha logrado superar su modelo extractivista, lo que a su vez restringe el desarrollo y la promoción de los derechos culturales: “Una perspectiva más afinada apuntaría a problematizar la relación entre tiempo y garantía de estos derechos culturales”, dijo.
“Inmersos en trabajos precarios, con los cuerpos agotados, en un mal vivir, el tiempo liberado para crear, producir arte, es hoy el tiempo que sobra. O cuando esto es posible se trata de un privilegio de clase (…). Debemos comenzar sosteniendo que el aumento del tiempo libre y, por ende, la reducción de la jornada de trabajo debe ser la primera demanda de cualquier proyecto de política cultural. Una sociedad nueva debe proporcionar tiempo libre para que sus ciudadanos puedan desarrollarse integralmente. Preguntémonos entonces, de qué sirven mejores políticas culturales si ya no tenemos tiempo para participar de una asociación, salir al parque a conversar con los amigos o ir al teatro”, añadió.
Por su parte, Alexandre Barbalho, Doctor en Comunicación y Cultura Contemporánea de Brasil, repasó la historia de la Constitución Ciudadana de 1988 y manifestó que el documento establece, por primera vez, que los derechos culturales son “fundamentales”, “básicos” e “inviolables” en la sociedad. Según comentó, el documento hace más de una referencia a este tema y destacó el artículo 215 que indica que “el Estado garantizará a todas las personas el derecho al ejercicio de sus derechos culturales y el acceso a las fuentes de la cultura nacional y apoyará y fomentará la apreciación y difusión de las manifestaciones culturales”.
En esa línea, el experto sostuvo que los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff idearon políticas que recogieron el espíritu expresado en la Carta Fundamental. Según dijo, esa transformación fue radical y decantó en una planificación robusta que colocaba en diálogo al gobierno central con las administraciones locales. No obstante, afirmó que durante la administración de Jair Bolsonaro existió una “deslegitimación del campo cultural”, lo que ha movilizado al sector de la cultura y las artes, evidenciando que los derechos culturales establecidos en la Constitución no han sido respetados, sobre todo, en el marco de la emergencia sanitaria.
Erika Flores, Doctora en Derecho Cultural de México, también se refirió a la experiencia de su país y sostuvo que recién en 2001 México reconoció ser un país multicultural, “aunque solo en el texto constitucional, ya que persiste, desde 1917, un Estado monocultural, tanto en su organización política, económica, jurídica, lingüística y territorial”. Asimismo, precisó que en 2019 se conmemoraron diez años de la constitucionalización de los derechos culturales en la Carta Fundamental mexicana, donde se reconoció que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como al ejercicio de los derechos culturales.
Pese a ello, la investigadora comentó que el Estado no ha elaborado ni instrumentalizado políticas públicas con enfoque de derechos humanos. “En efecto, México lleva 10 años de rezago en la implementación del nuevo paradigma constitucional de los derechos culturales. ¿Por qué? Debido a que el nuevo paradigma constitucional de los derechos culturales, a pesar de estar vigente hace una década, no se ha cristalizado en la normativa infraconstitucional y tampoco en las instituciones ni en la elaboración e instrumentalización de políticas culturales”, afirmó.
Para Erika Flores, los poderes públicos están “obligados a crear un entramado político, jurídico e institucional apropiado para el sector cultural y el artista en particular”. Esto, en tanto que la cultura es un motor de desarrollo humano, económico, social y ambiental. Así, manifestó que Chile tiene un reto importante y que no es necesario colocar tanto texto a la hora de la redacción. Según dijo, lo relevante es “reconocer que toda persona tiene derecho al pleno ejercicio y goce de los derechos culturales”. “Lo que importa es la garantía efectiva de los derechos culturales”, recalcó.
“La pandemia nos ha demostrado la vital contribución del sector cultural en nuestro bienestar y en la resiliencia en tiempos de crisis. Es una imperiosa necesidad contribuir al desarrollo del sector cultural. Para ello requerimos marcos normativos garantistas, centrados en las personas, que salvaguarden y promuevan los derechos de la comunidad cultural. Es tarea de todos, en particular de los poderes públicos, implementar los estándares internacionales en materia de derechos culturales”, aseveró la profesional.
Durante la conversación, los expertos también reflexionaron sobre cómo consagrar las distinta dimensiones que comprenden los derechos culturales en tanto patrimonio, prácticas artísticas, uso del espacio público y condiciones laborales, entre otros aspectos, De acuerdo a ello, sostuvieron que lo importante es establecer que todos y todas somos sujetos de derechos culturales.
“Hay que verlo como un conjunto, como un sistema, pero hay que ir ordenando y clasificando”, comentó Erika Flores. “Tenemos que ordenar el sector cultural, dejar de hablar de arte y cultura (…). Es crear un marco teórico, claro, y esa es la era de los derechos culturales”, complementó la académica.
De esa manera, concordaron en la idea de que los Estados deben hacerse parte de la transformación cultural. No se trata sólo de declarar valores y principios, sino que de impulsar políticas públicas concretas que vayan en real beneficio del sector. De lo contrario, los cambios bien podrían verse paralizados, tal como lo revelan los casos abordados durante el encuentro.
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