Este domingo 21 de noviembre, Chile se prepara para un nuevo proceso eleccionario. Las elecciones siempre son un buen momento para hacer un balance, para mirar hacia atrás acerca de cuáles son los avances y retrocesos y, luego, mirar hacia adelante, para pensar qué queremos que suceda en el próximo periodo presidencial y legislativo.
Esto es especialmente importante en materia de derechos humanos. Venimos de cuatro años de un gobierno en que se han producido, lamentablemente, importantes retrocesos. Ahora es el momento de evaluar qué candidaturas dan garantías serias de proteger los derechos humanos en el futuro.
Y un punto fundamental en este análisis es: ¿qué protección se le dará al derecho a protestar pacíficamente? En los debates sobre el tema, con frecuencia se intenta llevar esto a una falsa dicotomía entre orden público y derechos humanos, como que tuviéramos que escoger o priorizar entre uno y otro. Como si violar derechos humanos fuera un “daño colateral” o un “mal necesario” para poder garantizar el orden público. Pero lo cierto es que no se debe escoger ni priorizar, pues ambos son deberes del Estado, y el desafío para las nuevas autoridades será garantizar ambos por igual.
Esto es especialmente importante dado que en el gobierno que ahora termina, se vivió el estallido social, y las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas en particular quienes protestaban. El actual gobierno ha mantenido un discurso que minimiza lo ocurrido, que no da garantías de verdad, justicia y reparación, ni menos garantías de no repetición. Sabemos que son miles de víctimas que no han obtenido justicia ni reparación. Incluso cuando han existido programas de reparación – como el PIRO para las víctimas de trauma ocular – este ha sido criticado por las propias víctimas como deficientes e incluso en ocasiones revictimizantes. Además, muchas personas que han sido imputadas por delitos conectados con las protestas han enfrentado juicios con escasas pruebas, un uso abusivo del derecho penal y de la prisión preventiva, existiendo incluso casos de personas que han sido sobreseídas o absueltas tras haber pasado más de un año en prisión preventiva.
Necesitamos un futuro gobierno que ponga los derechos humanos al centro de su programa y de sus acciones. Que entienda la importancia de asegurar verdad, justicia y reparación, que tome las acciones necesarias para que no haya más víctimas, incluyendo la instauración de una nueva policía respetuosa de los derechos humanos. Y que entienda la protesta pacífica como el sano ejercicio de estos derechos y no como un problema que es necesario atacar.
