Más de veinte Movimientos Sociales Educativos, entre ellos el Colegio de Profesores y Profesoras, ingresaron el 28 de diciembre, una propuesta de Iniciativa Popular de Norma titulada: “Por el derecho a la educación. Construyendo un sistema plurinacional de educación pública-estatal comunitaria”, la cual propone un modelo educativo alternativo a la actual noción de educación de mercado, privatización y competencia consagrada en la Constitución del 80’.

La Iniciativa Popular se construyó en base a las propuestas que han venido desarrollando hace décadas quienes viven día a día la experiencia educativa. Junto a ello, se recogieron los planteamientos de organismos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño/a y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El núcleo de la iniciativa se encuentra en la tesis según la cual el desarrollo de un país democrático supone necesariamente la existencia de un sistema articulado de educación pública, cuestión que hoy no tenemos como país, lo que nos sitúa como una anomalía a nivel internacional. El Derecho a la Educación, establece la propuesta, implica el desarrollo de una Educación Pública con un rol garante del Estado y la participación democrática de las comunidades de ahí el carácter de “estatal-comunitario” como síntesis de la noción de lo público para el siglo XXI, alejándose de un estatismo centralista y verticalista, y por supuesto de la privatización extrema que promueve la constitución vigente. No hay derecho a la educación sin participación, como tampoco Educación Pública sin provisión mayoritaria estatal con financiamiento basal. Asimismo, lo público también se define por el contenido de la experiencia educativa, es decir, por el tipo de seres humanos que se busca formar. Dicho de otro modo, sería un reduccionismo abordar la discusión del derecho a la educación solo desde una mirada de gestión y administración. Mientras mas claramente definido el derecho más fácil se constata su vulneración, de ahí que las dimensiones señaladas deben quedar expresamente definidas en la nueva carta magna.

La Propuesta aborda seis puntos fundamentales.  Primero: definición del derecho a la educación a lo largo de toda la vida y el rol del Estado en su provisión y garantía, en tanto derecho humano universal. Segundo: Establecer claramente los propósitos de la educación para el desarrollo integral de todas las personas y comunidades. Entendiendo a la educación como un derecho que permite el ejercicio de muchos otros derechos y que tiene un doble valor: para el desarrollo personal pleno y para el desarrollo del país. Tercero: La creación del sistema Plurinacional de Educación Pública estatal y comunitario con financiamiento basal, a través del cual se implementa el derecho a la educación. Cuarto. El derecho garantizado de las personas, familias y comunidades a participar en el proceso educativo Quinto. La libertad de enseñanza y aprendizaje como garantía de diversidad y el derecho a elegir establecimientos por parte de las familias y cuidadores, de acuerdo a lo señalado en los tratados internacionales. Sexto. El derecho de docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación a condiciones dignas de trabajo para poder cumplir su rol fundamental en la garantía del derecho a la educación.

Ingresa al siguiente link para firmar por la propuesta

https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/10898

El autor es 1° Vicepresidente Colegio de Profesores/as.